Mirada Sur: Decepciones, amenazas, clausuras y saqueos

Tan violenta y agitada está la realidad del país sudamericano, que el crimen de un candidato a presidente durante la semana previa a los comicios, fue determinante en los resultados que arrojaron las urnas. Fernando Villavicencio fue asesinado a la salida de un acto político en Quito y el hecho hizo que la voluntad popular cambiara drásticamente. Su muerte ocurrió el 9 de agosto, último día, según la Constitución, que se podían dar a conocer cifras de encuestas anticipando la votación del domingo. A partir de allí, todo lo que se había anunciado, perdió validez. Hasta entonces, las encuestadoras daban como ganadora a Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana, que a la postre resultó ganadora pero por un margen sensiblemente menor al esperado, 33%. Además, el segundo lugar lo obtuvo el joven empresario Daniel Noboa (24%), a quien los sondeos previos ubicaban entre la séptima y la octava posición.

Noboa se metió así en la segunda vuelta y fue la gran sorpresa del domingo. También el sustituto de Villavicencio, Christián Zurita logró una votación inesperada al ubicarse en la tercera posición, tras escalar varios puestos respecto a los vaticinios de las encuestadoras. A pesar del clima violento y del estado de excepción decretado tras el asesinato de Villavicencio, la jornada electoral transcurrió en paz, aunque los candidatos tuvieron que presentarse a sus lugares de votación fuertemente custodiados.

Petróleo amazónico. En simultáneo con la elección, se celebró un plebiscito para detener la explotación de un yacimiento petrolero en la Amazonía ecuatoriana. La opción SÍ ganó a nivel nacional, pero como la Constitución señala que quienes deben decidir sobre estas cuestiones son los habitantes del lugar donde se lleva a cabo la explotación, el gobierno ha decidido no acatar el resultado. El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, informó que el Gobierno de Lasso no interrumpirá las operaciones en el Bloque 43-ITT pero dejará listos los planes de desmantelamiento para su sucesor.

La voz local. Como siempre que precisamos entender la realidad de algún país de la región, contactamos a una voz local, en este caso a Gabriela Calderón de Burgos, columnista y fellow del Cato Institute, y le hicimos un par de preguntas:

– ¿Cómo fue la elección y cómo incidió el crimen de Villavicencio?

– Todo el tablero político se movió con el asesinato de Fernando Villavicencio. Eso ya lo sabíamos, la sorpresa es que los votos de la mayoría de los desencantados y de los indecisos migraron del correísmo (Luisa González) hacia Daniel Noboa y no hacia Jan Topic o Christian Zurita. Esto no se podría haber medido ante el público porque la veda electoral para distribuir encuestas empezaba el fin de semana siguiente al miércoles que fue asesinado Villavicencio. De no ser por el asesinato, Luisa González podría haber ganado en primera vuelta, según la encuestas de hasta hace un mes. También hay un fenómeno persistente del outsider. Como nadie lo tenía en la mira a Noboa, nadie lo atacó y él tampoco atacó a nadie. Esto quizás generó que su percepción fuera la de el candidato “nuevo” y “distinto”.

– ¿Cómo ves las chances de Noboa para la segunda vuelta?

– Lo veo con bastante chance. Zurita es anticorreísta. Otto Sonnenholzner también. Igual que Jan Topic y Yaku Pérez. De hecho Topic ya salió a respaldar a Noboa. Todos juntos le dan buenas posibilidades en la segunda vuelta.

Por un lado, se conoció una notificación de la Fiscalía al Congreso de Guatemala, suspendiendo la personería jurídica del partido de Arévalo. Pero no se trata de una solicitud nueva sino de la notificación al Legislativo de una decisión que fue anulada por la Corte Suprema de Justicia antes de las elecciones, luego de asegurar que no se trataba de una decisión válida. La Fiscalía acusa al Movimiento Semilla en un supuesto caso de firmas falsas en 2018, cuando estaban fundando el partido.

Como si esto fuera poco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reveló la existencia de un plan para matar al presidente electo y pidió al Estado de Guatemala que tome las “medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” de Arévalo pues “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia”. La CIDH señaló que ha sido informada de que Arévalo fue sujeto de “vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte” que incrementaron “tras la primera vuelta electoral del 25 junio de 2023”. La Corte, recibió información de “al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad, que habrían advertido sobre la existencia de un plan denominado “Colosio”, haciendo referencia al asesinato del candidato mexicano en 1994, el que se implementaría para acabar con la vida de Arévalo.

Pero para tener la voz local del tema, consultamos a Daphne Posadas, de la Fundación para la Educación Económica de Guatemala, que nos decía lo siguiente: “llegamos a segunda vuelta con mucha incertidumbre. Si algo ha caracterizado este proceso electoral es precisamente eso. Durante los 8 meses que duró el proceso electoral estuvimos envueltos en campañas electorales, procesos de judicialización, anulación de varias candidaturas y tuvimos una segunda vuelta, sin duda, atípica para los guatemaltecos”.

– ¿Cuáles son las prioridades del nuevo presidente?

– La principal prioridad de Arévalo, de acuerdo a lo establecido en sus planes de gobierno, será la corrupción. En varias entrevistas y discursos han asegurado que le devolverán la institucionalidad a la democracia del país y reducirán de manera significativa la corrupción. Una agenda que suena muy bien, pero que en la práctica es un monstruo abstracto que dificulta entender cómo lo harán. Sin mencionar que tienen una agenda de ampliación presupuestaria bastante fuerte que necesitará de votos y alianzas en el congreso para implementarla.

– ¿Cambia algo en Guatemala después de esta elección?

– Uno de los principales cambios que percibo, y que francamente me parece peligroso, es una esperanza desmedida en lo que puede hacer el nuevo gobierno. La ciudadanía parece estar convencida que el nuevo ejecutivo podrá implementar una buena parte de los cambios propuestos. Además, hay una sensación de violencia política bastante fuerte en contra del binomio presidencial electo. En una reciente resolución de la CIDH se le otorgaron medidas cautelares luego de amenazas en contra de la vida e integridad de Bernardo Arévalo y Karin Herrera; presidente y vicepresidente para el periodo 2024-2028. Sin duda, durante su periodo deberán trabajar para fortalecer la gobernabilidad.

Los favoritos son dos: el dos veces excandidato presidencial Henrique Capriles y la exdiputada María Corina Machado. Capriles estuvo a las puertas de la presidencia dos veces tras la muerte de Hugo Chávez en 2013 y Corina Machado fue la legisladora más votada en 2010. Sin embargo, ambos están inhabilitados para presentarse a las elecciones de 2024 por presuntas irregularidades de las que fueron acusados por el oficialismo. No está claro qué sucederá si uno de ellos se impone en esta primaria.

Pero para entender mejor lo que sucede en Venezuela, hablamos con Felipe Benites Campos, Director Ejecutivo de la Asociación Civil Liderazgo y Visión y miembro del comité académico de Cedice Libertad. Según Felipe, “la demanda de cambio que proyecta la sociedad venezolana es inconmensurable: más de 7 millones de migrantes, casi 400% de inflación interanual y un déficit importante en dotación de energía (electricidad-combustibles) así como de servicios básicos. Dicha demanda de cambio se expresa hoy en lo que llamo un “momentum primarias” que anidó en la gente mucho antes que en partidos y candidatos”. Felipe nos explicaba que “pareciera que el mayor impacto del citado momentum ha sido el de impulsar la imagen de uno de los candidatos (María Corina Machado) que se ha posicionado como capitalizador indiscutible de la voluntad de cambio actual y que se constituye en absoluta posibilidad de encarnar con toda la fuerza del caso, el rostro visible de la oposición de cara al futuro inmediato. Una imagen que dobla en preferencias a su más cercano competidor (incluido cualquiera del gobierno) y que amenaza con persuadir a las bases desilusionadas del chavismo”.

Ahora, ¿cómo está reaccionando el gobierno de Maduro ante este sentimiento? “Hay una creciente y focalizada represión que se ha expresado en la intervención de partidos y organizaciones civiles (PCV y Cruz Roja venezolana) la detención de ciudadanos comunes, la condena a líderes gremiales y el cierre de medios finalizando por el despido de un periodista de la fuente política de un canal de televisión nacional por, precisamente, señalar algunos elementos que hoy constituyen la enorme voluntad de cambio que concentra el electorado venezolano”.

¿Es viable entonces un cambio político en Venezuela? Según Felipe, “Cambio habrá, no sabemos su signo. Para bien si se le permite expresión electoral; para mal si se le niega. Para negarse el régimen deberá consolidar su esencia autoritaria y abandonar su imagen popularista. Creo que puesto en el disparadero no dudará de optar por lo primero. Y tal opción tiene una única vía de hacerse viable y sostenible: el uso arbitrario de la fuerza”.

Ortega, que considera dichas protestas como un intento de golpe de estado, tiene además una relación pésima con la Iglesia Católica, la cual ha empeorado desde que su gobierno condenó al Obispo Monseñor Rolando Alvarez a 26 años de cárcel por el delito de “traición a la Patria”. La UCA se suma así a otras 27 universidades públicas y privadas que han sido clausuradas por el régimen. La medida, además, afecta directamente a más de 5 mil estudiantes y varios cientos de docentes. En el edificio confiscado, el régimen inauguró la Universidad Nacional Casimiro Sotelo. Izó la bandera del Frente Sandinista y llenó todos sus escritorios de funcionarios fieles a la dictadura.

Represión. Pero la arremetida contra los jesuitas no quedó allí. La Policía del régimen, junto a algunos funcionarios del Poder Judicial, allanaron la residencia Villa Carmen, domicilio de los sacerdotes que conducían la clausurada UCA y los obligaron a abandonar la residencia y todas sus pertenencias. A pesar de mostrar la documentación que acreditaba que la propiedad no pertenecía a la Universidad, los religiosos fueron expulsados y sus pertenencias confiscadas por orden judicial. El mismo día, la policía del régimen detuvo a las líderes estudiantiles Adela Espinosa, de la UCA, y Gabriela Morales, de la Universidad Juan Pablo Segundo, también clausurada por la dictadura de Ortega.

Y, como estocada final al ataque, la dictadura matrimonial decidió disolver la orden jesuita en Nicaragua, la Asociación Compañía de Jesús, y apropiarse de todos sus bienes, que pasaron a manos del Estado. El argumento para perpetrar la acción fue el mismo que se aplicó para proscribir a las más de 3 mil asociaciones críticas al régimen desde 2018: irregularidad en los papeles.

El Papa Francisco fue duro al referirse al gobierno de Nicaragua luego de los hechos narrados: “Es como las dictaduras comunistas o hitlerianas, grosera. O, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas”. También opinó sobre Daniel Ortega: “Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona”.

Vale recordar que los saqueos de este tipo han sido una constante del escenario político argentino, en especial cuando hay gobiernos que no son peronistas, sector al que se suele acusar de instigar este tipo de violencia social, para obtener réditos políticos.

En la misma semana, el ministro/candidato del oficialismo, Sergio Massa, viajó a Washington para asegurarse la llegada de los fondos que son parte de su acuerdo con el Fondo Montario Internacional. Pese a que Argentina no ha cumplido con sus compromisos, el organismo liberó esos 7.500 millones de dólares, vitales para que la crisis en el país no se agrave todavía más. El dólar bajó de 800 a 750 pesos, y eso dio un respiro a la conducción económica. El acuerdo vigente con el organismo internacional es una refinanciación del préstamo de US$44.000 millones que el FMI le dio al país en 2018. En su comunicado, el Fondo dijo que la próxima revisión será en noviembre, después de la primera vuelta electoral del 22 de octubre.

En tanto, esta misma semana se anunció que Argentina se integrará al grupo de países llamado BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Además del país austral, se sumarán a esta ampliación del bloque Egipto, Irán, Etiopía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Se trata de un anuncio llamativo, en un momento de máxima tensión social, y de mínima legitimidad del gobierno actual. El presidente Alberto Fernández celebró la noticia y dijo que con la incorporación de los nuevos socios “se creará una nueva plataforma para proyectar la voz de los países en desarrollo”.

Por su parte, la candidata presidencial de la coalición opositora Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, dijo que en caso de ella ser electa en octubre “Argentina no va a estar en BRICS”. Javier Milei, el candidato libertario que sacó la mayor cantidad de votos en las primarias del 13 de agosto dijo respecto a su propuesta de política internacional: “No nos vamos a alinear con comunistas”. Y que los únicos dos países con los que prevé alinearse en caso de llegar al poder son EE.UU. e Israel. En el fondo, esta ampliación de los BRICS, un bloque poco funcional hoy, e integrado por países con enormes disparidades, parece ser un plan del presidente brasileño Lula da Silva, para ampliar la influencia de su país a nivel global. Y con escaso impacto en otras dimensiones geopolíticas.