Mirada Sur: Fútbol racismo, corrupción y volcanes

A partir de ahí el asunto tomó un cariz político. El presidente brasileño Lula da Silva intervino, apoyando al jugador y reclamando al gobierno de España una actitud más fuerte. Incluso el gobierno de Brasil llamó a la embajadora de España para expresar su “descontento” por los actos racistas. Brasilia le manifestó a la diplomática su “expectativa de que sean tomadas medidas en el caso” por las autoridades españolas de gobierno y del deporte. A tal punto llegó el tema, que el ministro brasileño de Justicia, Flávio Dino, dijo que Brasil estudia adoptar el principio de extraterritorialidad en el caso de los ataques racistas contra el futbolista Vinícius Júnior si considera que las autoridades de España se omiten. “Estamos estudiando la posibilidad de aplicar el principio conocido como extraterritorialidad. El Código Penal prevé que, en algunas situaciones excepcionales, es posible aplicar la ley brasileña en caso de crímenes contra brasileños incluso en el exterior”, dijo el ministro a periodistas.

El hecho tiene ribetes interesantes, ya que ese mismo principio fue usado por España en su momento para intentar juzgar al viejo dictador chileno Augusto Pinochet, pese a que en su país había sido votada una ley que lo amnistiaba. Y la extraterritorialidad siempre ha sido vista como una forma de tutelaje, o hasta de imperialismo de los países poderosos, para extender el efecto de sus leyes hacia naciones en desarrollo. Ahora sería al revés.

Trasfondo. Todo muy bien, pero ¿cuál es la situación con el racismo en América Latina, y en especial en Brasil? La realidad no parece muy constructiva. Un trabajo de la ONU presentado el año pasado, revela que el problema sigue siendo muy grave. Por ejemplo, mismo en Brasil casi el 80% de las víctimas de las operaciones policiales en 2020 fueron personas negras. Brasil tiene la segunda mayor población negra y mestiza de América después de Estados Unidos: entre el 50 y el 54% de la población es afrodescendiente, es decir, más de 100 millones de personas de los 214 millones de brasileños. Sin embargo la presencia de personas negras en puestos de relevancia está lejos de eso.

Y en el resto de América Latina la cosas no van mucho mejor. Según un estudio del Latinobarómetro, Brasil es donde más encuestados designan a las personas negras como las más discriminadas, con más del 52%, seguido de Colombia, con un 17% de las respuestas, y Uruguay, con el 15%. Otro estudio del Banco Mundial asegura que los afrodescendientes representan la mitad de quienes viven en la pobreza extrema en Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, aunque solo son el 38% de la población conjunta de estos países. “Afrontar las causas de la discriminación estructural es fundamental para combatir la injusticia y crear oportunidades para todos. Eliminar las condiciones que limitan la inclusión plena de los afrodescendientes promoverá una sociedad latinoamericana más justa, próspera e igualitaria”, concluye el informe.

La respuesta de José fue tan estoica como reveladora. “El volcán lleva activo desde antes que hubiera gente en México. Hay riesgo alto, pero ha pasado antes. Lo importante sería hablar de las expropiaciones del presidente”. ¿Expropiaciones? No habíamos leído nada al respecto en los medios regionales de referencia. Nos pusimos a investigar, y descubrimos que esta semana el presidente López Obrador informó que en su gobierno se llevan ejecutadas unas 500 expropiaciones de terrenos privados. El mandatario mexicano dijo que la mayoría de las ocasiones son “expropiaciones concertadas” con los supuestos afectados porque de esa manera se agilizan los pagos que establecen los avalúos. Y se quejó de que se planteara el tema como un ataque a la propiedad privada.

Patriotismo. Entonces volvimos a José, y le consultamos de qué va todo esto. Y por qué el gobierno requiere expropiar tantos predios privados. La respuesta fue que “las recientes dos expropiaciones del presidente, la de Ferrosur para el Tren Maya y la de los predios para ampliar el Tren Suburbano, están cumpliendo la promesa de todos los que advertimos lo grave que podría ser el gobierno de López Obrador. Tanto por el robo a los propietarios como por el discurso patriótico con el que se justifica. AMLO dice que los opositores están muy preocupados por denunciar la expropiación, pero que la gente sabe que es una forma de justicia, de devolverle al pueblo el patrimonio de la nación”.

Los argumentos son inquietantes y traen recuerdos a otro presidente laitnoamericano que no hace tanto recorría su país al grito de “exprópiese”, cuando veía alguna casa que le gustaba. Según José, “lo triste es que tiene razón, la mayoría del electorado cree en esa narrativa y en lugar de preocuparse por los problemas que va a generar como la incertidumbre para los inversionistas, van a aplaudirle por enfrentarse a sus enemigos imaginarios. Tanto le está sumando que hasta se atrevió a sugerir que el gobierno mexicano le compre Banamex, uno de los bancos más grandes de México, a Citigroup. A un año de la elección el gobierno mexicano está cumpliendo su promesa de que 6 años iban a ser suficientes para que su transformación fuera permanente”.

Por qué importa. América Latina es un continente azotado por las tragedias naturales. Huracanes, terremotos, inundaciones, sequías y volcanes, son parte del panorama habitual de la región. Pero hay otra tragedia natural que suele generar más daño en la economía y la convivencia en el continente. Y es la aparición de caudillos mesiánicos, que creen que puden regalar la prosperidad a sus pueblos a golpe de decreto. Y desprecian a las instituciones cuyo respeto ha sido clave para el desarrollo de los países que hoy gozan de mejor nivel de vida. Entre ellas, la propiedad privada, sin la cual no hay incentivos para que la gente invierta, y se multiplique la riqueza, el trabajo y la prosperidad. Y cuando estos desastres comienzan a “naturalizarse” en un país, nunca falta mucho para que algún otro presidente imite estas malas prácticas. 

Las encuestas no dejan lugar a dudas, la violencia y el delito se han convertido en la principal preocupación de los latinoamericanos. Una interesante columna de Brian Winter, editor de America´s Quarterly, alertaba que la delincuencia ha ocupado el lugar que la corrupción ocupaba en los desvelos de la población al sur del Río Grande en los años 90. Hace unos meses, Insight Crime, fundación dedicada al estudio de amenazas para la seguridad nacional y la ciudadana, publicó el balance anual de homicidios en América Latina y el Caribe durante 2022 y los resultados son impactantes. Venezuela encabezó el ranking como el país con mayor tasa de homicidios, con aproximadamente 9.300 muertes violentas en 2022, seguido de Ecuador, con hasta un 86% de crecimiento interanual. Por segundo año consecutivo, Ecuador tuvo una de las tasas de homicidios de más rápido crecimiento en la región. En 2022, el país registró 4.603 asesinatos, representando una tasa de 25,9 por 100.000.

El Caribe se vio particularmente afectado con algunos países encabezando por primera vez la lista de los más violentos. Las Islas Turks y Caicos se convirtieron en la nación más violenta per cápita de la región, la tasa de homicidios de Jamaica aumentó una vez más y la violencia creció tanto en Haití que las pandillas paralizaron la capital del país, Puerto Príncipe. Más allá del impacto trágico a nivel humano de este crecimiento del delito, el mismo está generando fuertes cambios políticos.

El caso más flagrante del fenómeno, es el de Chile, país que si bien a nivel absoluto no tiene cifras tan impactantes como otros, el aumento del delito en una sociedad nada acostumbrada a estas tasas, ha generado un tsunami. El año pasado fue el más violento de la última década en el país sudamericano, con una tasa de homicidios de 4,6 por cada 100.000 habitantes. Según una encuesta regional publicada a finales de febrero por la consultora Gallup, el 71% de los chilenos considera que la delincuencia se había disparado en los cuatro meses anteriores. Esto está detrás de los horribles números que tiene el gobierno chileno en materia de popularidad, en especial porque el gobierno de izquierda de Gabriel Boric ha tenido un discurso complaciente con los delincuentes, y agresivo con la policía. Algo que es bastante común en gobiernos con esa mirada política en la región.

Por qué importa. En El Salvador el presidente Bukele ha logrado cifras sin precedentes de apoyo por su política de mano dura contra el delito. En Argentina, el candidato “libertario” Javier Milei viene creciendo en las encuestas de manera impactante, elogiando las políticas de Bukele en materia de seguridad. Y lo mismo ocurrió en Paraguay, en Guatemala, y en muchos países, donde el hartazgo de la sociedad ante el crecimiento del delito está provocando profundos cambios políticos. El tema se ha convertido en una piedra en el zapato para los partidos de izquierda, proclives a teorías causalistas que culpan a las condiciones externas más que a los delincuentes por sus acciones. ¿Cuál debería ser la postura de los amantes de las ideas de la libertad sobre este tema? Tal vez el principal desafío que enfrenta este movimiento en la región en los próximos años.

Este no es el único juicio que el ex mandatario deberá enfrentar. También está involucrado en otra causa por presunto lavado de activos, provenientes de sobornos pagados por la constructora que logró tentar a tantos poderosos de América Latina, la brasileña Odebrecht. Además, la Justicia imputó a Martinelli por el caso “Blue Apple”, otra trama creada también para limpiar el cobro de comisiones obtenidas por agilizar contratos durante su período de gobierno.

Aún así, Ricardo Martinelli buscará la reelección en las elecciones generales a celebrarse en mayo de 2024. Y las encuestas lo tienen como favorito.

La voz local. Para conocer de primera mano los acontecimientos de la realidad panameña, consultamos a Surse Pierpoint, empresario, dirigente gremial, y gran defensor de las ideas de la libertad. “Esta semana empieza el juicio conocido localmente como New Business, esquema que, según los fiscales, se creó para que Ricardo Martinelli adquiriera a título personal uno de los principales periódicos de la localidad por medio de comisiones sobre contratos públicos. El caso data del 2017 cuando bajo la administración de Juan Carlos Varela se le asigna a la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada la responsabilidad de llevar el caso adelante. Se estableció el vínculo con el expresidente mediante declaraciones de parte de un ex director del medio adquirido por el entramado, en audiencia celebrada el año pasado. Este afirma que el 60% le pertenece al expresidente y el otro 40% al cuñado”.

Según Surse, “adicionalmente, en esta audiencia representantes de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) de España, declaran que por medio de terceros se les informó que futuros pagos tendrían un recargo del 10%. El expresidente, actualmente aspirante a la presidencia nuevamente, lidera las preferencias en las encuestas de los votantes para las elecciones de mayo 2024. Por consiguiente, este juicio es considerado vital para sus futuras aspiraciones presidenciales. Los próximos meses serán muy interesantes.”

“Trump tropical”. Ricardo Martinelli es un magnate multimillonario que amasó su fortuna a través de una cadena de supermercados. Hijo de inmigrantes italianos radicados en Panamá, estudió en los Estados Unidos y, en 2009, aprovechando el descontento de sus compatriotas con el partido gobernante, así como la profunda crisis económica del país, logró llegar a la presidencia. Por su ascendencia italiana, su inmenso patrimonio y sus ideas afines a la derecha, lo compararon con Silvio Berlusconi. Más tarde, esas cualidades y su llamativa personalidad, le merecieron el apodo del “Trump tropical”.

Estuvo más de un año preso en una prisión federal en Miami por cargos de espionaje. Luego de ese período el gobierno de los Estados Unidos lo extraditó a Panamá, donde fue juzgado por malversación de fondos.

El partido fue suspendido a los 16 minutos del primer tiempo para que las víctimas, muchas de ellas trasladadas al campo de juego, recibieran la atención de los equipos de emergencia. Testigos aseguran que las puertas estaban cerradas por orden de la Policía Nacional, que tomó esta medida en un intento por controlar a la multitud. Incluso se habla de que se lanzaron gases lacrimógenos, lo que contribuyó a aumentar el nerviosismo. Pero las autoridades lo niegan.

La causa de la tragedia, según las autoridades locales, responde a la sobreventa de entradas y a la venta de boletos falsos. Así informó a la prensa el jefe de la policía local: “preliminarmente hemos encontrado que hubo sobresaturación de venta electrónica”. Además, sostuvo “se le recomendó a las autoridades que abrieran el otro acceso al sur, pero ellos no quisieron y esas son parte de las investigaciones”, decisión que pudo haber sido responsable por la gravedad del hecho.

Impunidad. El Presidente Nayib Bukele entró en escena y aseguró en su cuenta oficial de Twitter que ordenará una “investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en el Estadio Cuscatlán. Todos serán investigados: equipos, directivos, estadio, boletería, liga, federación, etc. Sean quienes sean los culpables, no quedarán en la impunidad”. Además, no tardó en quitarle el apoyo económico al fútbol. Así, el Instituto Nacional de los Deportes puso fin al convenio de cooperación económica que había firmado, por cinco años, con la Primera División Profesional.

La tragedia ocurrida en Cuscatlán trajo a la memoria otro triste hecho ocurrido en un estadio de fútbol de El Salvador. Ocurrió el 7 de marzo de 2004 en el recinto que lleva el nombre de la máxima figura del fútbol de ese país: Jorge “Mágico González”. En aquella instancia, un parcial del Alianza falleció en la tribuna popular como consecuencia de un accidente por el manejo de un explosivo a base de pólvora. Además, 23 personas resultaron heridas, entre ellas varios menores de edad.

El hecho llevó a que las autoridades prohibieran el uso de la pólvora en los espectáculos deportivos y se fijó una multa de 250 dólares para el que viole la disposición. Sin embargo, y a pesar de ésto, las barras continúan ingresando con pirotecnia a los estadios. Lo que ocurrió el pasado 20 de mayo en El Salvador tendrá que marcar un precedente. La Federación Salvadoreña de Fútbol anunció que se tomarán medidas más estrictas y FIFA junto a CONCACAF se unirán para mejorar los protocolos de seguridad en los escenarios. Además, se declaró finalizado el torneo Clausura de 2023, sin campeón, como consecuencia de la tragedia del Cuscatlán.