Mirada Sur: Lasso, redes peligrosas, niños perdidos y candidatos ausentes

“La protesta violenta y la Asamblea, se juntaron para poner en jaque a la Democracia ecuatoriana”, aseguró el mandatario. Y señaló que uno de los motivos que lo llevó a tomar esta decisión fue el constante bloqueo que el Legislativo ejerció sobre su gobierno. También los paros y manifestaciones convocados desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. “El ataque a la gestión de este gobierno no tiene límites” se lamentó. En cadena nacional, rodeado por sus colaboradores más cercanos, dijo: “Soy un demócrata”. Y esta “es una decisión democrática, le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”.

Trasfondo. Esta es la segunda vez que el mandatario ecuatoriano se enfrenta a un intento de destitución. En junio del año pasado, el Parlamento quiso derrocarlo en medio de las violentas movilizaciones que los llamados grupos originarios desplegaron en protesta contra el alto costo de vida, las cuales dejaron varios muertos y centenares de heridos. En aquel entonces la oposición buscó destituirlo por la vía de la votación directa, pero apenas logró 80 de las 92 voluntades necesarias. El causal planteado fue “grave crisis política y conmoción interna”. Atrás de estos juicios políticos hay varias fuerzas: los seguidores del ex presidente Rafael Correa, el Partido Social Cristiano (PSC), que apoyó electoralmente a Lasso en las últimas elecciones, algunos sectores del movimiento indígena Pachakutik, y un grupo de legisladores independientes.

Esta es la primera vez que se aplica la muerte cruzada desde que fue introducida, en la Constitución de 2008, bajo el gobierno de Rafael Correa, condenado a 8 años de cárcel por un caso de soborno. Sin embargo, el propio exmandatario, que se encuentra en Bélgica, país que le otorgó el status de asilado políticos, aseguró que “Lo que Lasso hace es ilegal. No hay ninguna «conmoción interna»,” afirmó.

La voz local. Para tener una mirada local, contactamos a Gabriela Calderón de Burgos, investigadora del Cato Institute y columnista del diario El Universo, para que nos ayude a entender qué pasa en Ecuador, y le trasladamos dos preguntas.

– ¿Cómo has visto los hechos tanto del juicio político al presidente como la muerte cruzada con la que respondió?

– Hasta ahora se están respetando más o menos los cauces. Parecería que tanto la destitución del presidente Lasso, con 92 votos, así como la disolución de la Asamblea, eran vías constitucionales y legales. Los expertos siguen debatiendo eso, pero en mi opinión, el texto constitucional apunta a que sí. Y si pensamos que la constitución actual fue hecha a la medida de un Correa que no pensaba estar fuera del poder, el artículo 148 aplicado hoy por Lasso, es claramente una herramienta a favor del ejecutivo en una Constitución que concentra muchos poderes en la Presidencia. Lasso usó una herramienta que fue creada para el uso de Correa en caso de que la Asamblea le estorbara en algún momento. Incluso la redacción del mismo dice que podrá disolver la Asamblea cuando “según su juicio” considere que hay conmoción nacional, obstrucción de implementación del plan nacional de desarrollo, etc. Es un tanto cómico que el opositor de Correa terminó haciendo uso de la herramienta.

– ¿Cómo lo ves a Lasso después de ésto?

– Lasso sigue presidiendo un gobierno muy debilitado, pero esta medida le da la oportunidad de resurgir si se aprovechan estos meses para gobernar vía decretos leyes. Hoy firmó el primero para bajar impuestos. Estos decretos leyes deben ser aprobados por la Corte Constitucional que fungiría como co legisladora. Lasso se ha pasado dos años diciendo que no puede hacer porque la Asamblea se lo impide. Ya no hay asamblea. Ahora bien, estamos ya en tiempos electorales. Habrán elecciones en aproximadamente tres meses. Entonces ahí viene el cálculo político que seguro influirá en qué medidas decide tomar. Sobre todo si desea postularse a las elecciones.

– ¿Y se va a postular?

– Todo indica que sí. Ellos siempre han dicho que un país no se puede cambiar en una sola administración. Que en este primer gobierno sólo iban a poner en orden la casa. Pero luce difícil que sea reelecto considerando el problema de la seguridad, que afecta mucho la populidaridad de quien esté en Carondelet.

Según la actual vicepresidenta, y verdadero poder detrás del gobierno, existiría una especie de complot entre la Suprema Corte de Justicia, los medios de comunicación, y los partidos opositores, para prescribirla de la elección. “Como vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, no se trata sólo de la proscripción de una persona, sino del peronismo. Aunque algunos, por mezquindad o mediocridad, lo negaron recurriendo a tecnicismos legales, la realidad una vez más lo confirmó”, dijo Cristina Kirchner. Algo que suena extraño, ya que el peronismo ha gobernado Argentina desde el año 2002, salvo por el breve período de Mauricio Macri. La decisión parece tener más relación con lo mal que dan al gobierno actual las encuestas, que marcan un 71% de rechazo, y apenas un 18% de aprobación. Por otro lado, a nivel de candidaturas, los estudios de opinión ubican al candidato “libertario” Javier Milei a la cabeza, y un virtual empate entre el oficialismo y la oposición de Juntos Por el Cambio, el sector creado por el ex presidente Macri.

La voz local. Lo de Milei ameritará en breve un análisis más profundo en Mirada Sur, ya que genera amores y odios entre los amantes de las ideas de la libertad en Argentina, sobre todo por su tono agraviante hacia liberales de muchos años que no acompañan su candidatura. Pero mientras tanto, le escribimos a Garret Edwards, abogado y director de la Fundación Libertad de Rosario, para que nos explique un poco qué pasa en Argentina hoy.

– ¿Por qué ni Alberto ni Cristina quieren ser candidatos? Qué dice esto de la situación del gobierno?

– Estamos frente a lo que en Argentina se les llama renunciamientos, pero básicamente le queda grande esa palabra, que en la Argentina tiene mucho peso, mucha historia, por lo que fue en su momento lo que se conoció históricamente, obviamente pregonado por el peronismo como el renunciamiento de Evita a un lugar en una fórmula presidencial, en el que entonces estaba todavía en vida. Ahora, vimos primero a Macri bajarse de las elecciones, vimos luego a Alberto, vemos ahora a Cristina y cada uno de ellos responde a distintos motivos y a distintas razones. Alberto Fernández no tenía absolutamente ninguna chance de correr, de tener apoyo y mucho menos de ganar. Ha sido un pato rengo, como dicen los estadounidenses, un “lame duck” a lo largo de todo su mandato y termina dando un paso al costado y dejándose humillar incluso más.

Respecto a Cristina, desde hace tiempo que viene tratando de ubicarse como no formando parte del gobierno, no obstante ser la vicepresidente, no obstante haberlo elegido Alberto Fernández, no obstante claramente formar parte del gobierno y tratando de generar una narrativa que tiene que ver con una supuesta proscripción que no existe, entonces, viendo los números, Cristina nota que hay posibilidades de que no solo pierda, sino de que salga tercera, lo cual sería una verdadera vergüenza para el kirchnerismo. Se baja ahora porque quiere mantener poder, porque no quiere perder delante de los demás y porque quiere seguir generando una narrativa en la cual pueda mostrarse como víctima y como una perseguida política.

– La oposición también luce dividida…

– La oposición también está despegada, internas dentro de Juntos por el Cambio, un Milei que crece cada vez más y con muchas discusiones sobre qué es lo que se tiene que hacer para lograr que la Argentina tome un sendero distinto que el que viene teniendo. Habrá que ver quién termina imponiéndose. Hoy por hoy es muy difícil vaticinar qué puede terminar pasando con todos esos personajes.

Esta semana, la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, emitió un durísimo comunicado en el que afirmó que la posición de Andrés Manuel López Obrador de no entregar la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú “es una manifestación del nivel de negligencia con el que orienta sus acciones en el ámbito exterior” y agregó que Gustavo Petro, al haberse referido a la fiscal general peruana, ha demostrado “su no reconocimiento a la independencia y autonomía constitucional que tienen las Fiscalías en el marco de un sistema democrático”. “El Perú reitera que la negativa del señor López a entregar al Perú la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico constituye el incumplimiento de una obligación internacional por parte de México, que puede conllevar a responsabilidad internacional para dicho Estado”, sostuvo. La canciller peruana consideró que la posición de los dos gobernantes “muestra también un evidente interés de tergiversar la realidad, con el aparente fin de ocultar los problemas internos de gobernabilidad que ambos enfrentan en sus respectivos países”.

Trasfondo. El presidente de México había calificado días atrás de “usurpadora” a Dina Boluarte y dijo que debería dejarle “la Presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo”, quien está preso desde el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso peruano luego de intentar dar un golpe de Estado. Petro, por su parte, criticó el domingo las visitas que hicieron políticos y funcionarios a la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, y la señaló como “protagonista” de lo que consideró “un golpe de Estado” contra Castillo. “Aquí no pasará lo del Perú. Aquí en Colombia vamos con paso decidido a la democracia, la justicia y la paz”.

Tanto Petro como López Obrador parecen tener una obsesión por opinar sobre la política interna de otros países de la región. En el caso del colombiano, apenas asumido intentó implicar al gobierno uruguayo en el asesinato de un fiscal paraguayo en Cartagena, aunque sin aportar mayores evidencias. Luego también se enfrentó públicamente con su par salvadoreño, Nayib Bukele, al criticar las medidas tomadas por éste para enfrentar a las pandillas. Por su parte López Obrador, esta misma semana chocó con la candidata presidencial de Guatemala, Zury Ríos, que siguió escalando luego en las redes sociales.

Por qué importa. El principio de no intervención en los asuntos internos de otros países, ha sido durante décadas una garantía de estabilidad y tolerancia en las relaciones externas en América Latina. Pero para algunos presidentes de izquierda, la mirada internacionalista y la falta de respeto por la autonomía de otros países, hace que ciertos límites se traspasen sin demasiado cuidado. Algo que, sumado a las tentaciones propias de la era de las redes sociales, puede derivar en conflictos muy serios.

Accidente.  El pasado 1.° de mayo una avioneta tipo Cessna 206 se accidentó y cayó en la espesa selva del Caquetá, dejando un total de tres personas fallecidas y cuatro menores desaparecidos. Se trata de cuatro hermanos de 13, 9 y 4 años y el bebé de 11 meses. Más de 100 soldados buscan en la selva a los menores y siguen pistas que sugieren la posibilidad de que haya al menos un sobreviviente, de acuerdo al Ejército Nacional. Árboles gigantescos, animales salvajes y fuertes lluvias dificultan la búsqueda, a la que se han sumado decenas de indígenas de pueblos cercanos. La Fuerza Aérea recorre la selva tupida con tres helicópteros, uno de los cuales lleva un parlante capaz de cubrir un área de cerca de 1.500 metros con un mensaje grabado por la abuela de los menores. En lengua huitoto, la mujer indica a sus nietos que los están buscando y les pide no seguir avanzando por la selva.

En medio de la búsqueda, los uniformados ha ido encontrado elementos que podrían pertenecer a los menores de edad, como un tetero que sería del bebé, luego los uniformados hallaron un refugio donde se cree estuvieron los niños y en el camino se encontraron con elementos como moñas para el cabello.

Según su abuelo, Fidencio Valencia, los niños huitotos “están acostumbrados a estar en la selva”, pero podrían haberse escondido por miedo tras el accidente. “Queremos ver o encontrar a los niños. Yo sé que llevan mucho tiempo en la selva, es jodido. De pronto con el apoyo que nos brinda toda la gente, energía indígena y oraciones podemos”, dijo Valencia al telediario Noticias Caracol.

Uno de los problemas de hacer una newsletter semanal de noticias, es la posibilidad de que lo que estamos escribiendo en este momento, haya quedado viejo cuando usted lea este correo. Esperamos que para ese momento, la alegría ante noticias positivas de esta trágica historia, compensen la frustración de su desactualización.

El gobierno estadounidense envió 1.500 militares para brindar apoyo a los agentes de la Patrulla Fronteriza “Las razones por las que la gente ha recogido a sus familias y sus vidas para intentar reconstruirlas en otro lugar no han cambiado”, sostuvo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Kelly Clements, y señaló como esas razones a la violencia y la persecución política. Clements celebró el levantamiento del Título 42, medida a la que responsabiliza de “separar familias, forzar a familias a realizar viajes muy peligrosos, y beneficiar a los traficantes”.

De todos modos, el gobierno estadounidense remarcó que sus fronteras no se encuentran abiertas y advirtió que todo aquel que intente cruzar de manera ilegal la frontera sur, deberá atenerse a consecuencias más duras: como una prohibición mínima de 5 años para volver a entrar al país y la posibilidad de enfrentar procesos penales en caso de reincidir.

Riesgo para la salud. Bajo el Título 42, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras prohibía la entrada al país a aquellas personas que “potencialmente representaran un riesgo para la salud”. Según la CBP (por sus siglas en inglés), las personas detenidas no eran demoradas y en cambio los funcionarios fronterizos tenían la facultad de expulsar de inmediato a los migrantes que intentan entrar a los Estados Unidos a través de las fronteras con Canadá y México, devolviéndolos a su último lugar de tránsito.  La controvertida orden de salud pública, que según Clementes contravenía el derecho internacional en materia de refugiados y de derechos humanos, fue creada en los albores de la pandemia del COVID19 y ha recibido múltiples críticas de parte de los defensores de los inmigrantes, abogados y expertos en salud quienes argumentan que no tiene base en términos sanitarios y pone a los migrantes en peligro. Como consecuencia de esta orden, cientos de miles de inmigrantes fueron rechazados, incluidos muchos que solicitaron asilo.

Masacre. La semana pasada, en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, un grupo de unos veinte inmigrantes fueron arrollados por una camioneta Range Rover mientras esperaban el autobús frente a un refugio. Las víctimas procedían en su mayoría de Venezuela y habían llegado al albergue un par de días antes. 8 de ellos fallecieron y al menos otros 10 sufrieron graves heridas. Tras atropellarlos, el vehículo volcó y los vecinos redujeron al conductor, un hombre de 34 de origen hispano, hasta que llegó la Policía. Las autoridades aún no lograron establecer si se trató de un accidente o un hecho premeditado. Testigos afirman que el chofer ignoró la luz roja del semáforo antes de atropellar al grupo de venezolanos.

El albergue donde se encontraban alojados los migrantes es un refugio nocturno para personas sin hogar, el único en la ciudad, pero oficia también como centro para inmigrantes. Su director, Víctor Maldonado, dijo a la prensa que no había recibido amenazas antes de la tragedia, pero sí luego. “Se acercaron un par de personas hasta la puerta y le dijeron al guardia que la culpa de lo que ocurrió ha sido nuestra”. Brownsville ha sido durante mucho tiempo un punto clave en el flujo de personas a través de la frontera entre México y Estados Unidos. En las últimas semanas, se registró un aumento del flujo fronterizo que llevó a la ciudad a declararse en emergencia. “En los últimos dos meses, hemos recibido entre 250 y 380 al día”, informó Maldonado.