Mirada Sur XCIX: Perú en crisis, Petro vs Giammattei, camioneros y fumadores

La newsletter con todo lo que importa saber de lo que pasa entre el Río Grande y Tierra del Fuego en menos de 10 minutos.

21/01/2023

13 minutos de lectura

Escucha la noticia

Protestas y violencia en Perú

Miles de manifestantes, en su mayoría provenientes de la sierra sur del país, llegaron ayer jueves a la capital peruana, donde los grupos que reclaman la renuncia de la presidente Dina Boluarte, convocaron a una gran movilización. La llamaron la “Toma de Lima” o la “Marcha de los Cuatro Suyos”. La multitud intentó avanzar por las calles de la ciudad pero chocó con el fuerte despliegue policial que el gobierno dispuso para cercar el perímetro de la ciudad. Las fuerzas del orden reprimieron con disparos de perdigones y gases lacrimógenos. Se habían preparado con un contingente de 11.800 agentes, 120 camionetas y 50 vehículos militares del apoyo que habían pedido a las fuerzas armadas.

Simultáneamente, en otras regiones del país, ocurrieron más movilizaciones con bloqueos de carreteras e intentos de toma de aeropuertos. En Arequipa, los primeros enfrentamientos entre manifestantes y policías comenzaron por la mañana, y desde entonces el aeropuerto canceló sus operaciones. Pero los enfrentamientos continuaron y una persona más falleció, elevando a 55 el número de muertes en el marco de las protestas.

El gobierno decretó ayer el estado de emergencia en todo el territorio, por los próximos 30 días. El clima está especialmente tenso desde el miércoles, cuando tres personas murieron durante las protesta en la ciudad de Puno. Por la noche, la presidenta Dina Boluarte dio un mensaje a la población. Rodeada de sus ministros, aseguró que no renunciará al cargo y que atrás de las protestas hay grupos que buscan “quebrar el Estado de derecho, generar caos y desorden y tomar el poder”. Y sostuvo que “el gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca”.

Trasfondo. A un mes y medio del fracasado golpe de estado ensayado por el ex mandatario peruano Pedro Castillo, la cifra oficial de muertos a causa de los enfrentamientos entre manifestantes y policías ascendió a 54. Los heridos son más de mil, entre los que se cuentan 400 efectivos policiales. También hay decenas de detenidos en todas las ciudades donde hubo revueltas. La intentona de Castillo provocó que distintos grupos de izquierda, así como movimientos ilegales, desataran esta ola de violencia que se ha ido agravando con el correr de las semanas. Exigen la renuncia de Dina Boluarte a la Presidencia y el cierre del Congreso para convocar a elecciones generales de inmediato y aprobar una asamblea constituyente para modificar la Constitución.

Escasez. La situación se agrava como consecuencia de los bloqueos de calles y rutas. La Policía Nacional de Perú reportó cortes en 81 puntos viales, que afectaron a 18 rutas nacionales en 8 regiones del país. Miles de trabajadores no pueden llegar a cumplir con sus obligaciones y cientos de camiones cargados con productos alimenticios se encuentran imposibilitados de llegar a destino, provocando escasez en muchas ciudades y pueblos. Asimismo, la industria del turismo se está viendo seriamente afectada. La violencia generalizada ha espantado a los turistas y, sin ellos, los mercados de venta de artesanías se encuentran cerrados y los restaurantes y hoteles, vacíos.

Revolución. Según consigna una columna publicada en el periódico local El Comercio, firmada por Carlos Basombrío: “Hay evidencias fuertes de la participación de múltiples actores políticos ultrarradicales que creen percibir que ´las condiciones objetivas y subjetivas para la revolución se han configurado´. Asimismo, es notorio el activismo y financiamiento de mineros ilegales y narcotraficantes. También está el quizás sobrestimado, pero concurrente, intento de Evo Morales de crear Runasur. Y, ojo, hay no pocos congresistas involucrados en la colada que quieren aparentar estar sorprendidos por lo ocurrido”. Recientemente fue capturada Rocío Melgar, alias Cusi, junto a otros integrantes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Las investigaciones relacionadas a este arresto, revelaron la que sería la fachada de la Nueva Fracción Roja, de la organización terrorista Sendero Luminoso.

2. Petro y Giammattei escalan pelea

Los presidentes de Colombia y Guatemala, Gustavo Petro y Alejandro Giammattei, viene protagonizando desde hace días una peligrosa pelea virtual. A tal punto que el mandatario guatemalteco llegó a calificar a Petro de “guerrillero”, de “dejar libres a traficantes” y de “meterse en política interna de otros países”. Por su parte Petro, que ya ha mostrado una incontinencia significativa en su manejo de las redes sociales (ni de la sintaxis), ante un reclamo de “cordura” de Giammattei, dijo amenazante que “los cuerdos no llevamos las sociedades al matadero”. Pero… ¿qué hay detrás de todo esto?

Todo comenzó cuando la Fiscalía de Guatemala anunció una investigación contra el excomisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Iván Velásquez, por avalar acuerdos ilegales en el caso Odebrecht. La Cicig fue un organismo creado entre el gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas para investigar casos de corrupción en el país centroamericano entre 2013 y 2017. Velásquez dirigió el organismo entonces. Actualmente es ministro de Defensa en Colombia. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala asegura que Velásquez y la exfuncionaria Luz Adriana Camargo solicitaron cambios y aprobaciones en unos acuerdos de colaboración con dos directivos de la constructora brasileña Odebrecht.

Según el fiscal Rafael Curruchiche, las primeras investigaciones denotan que el excomisionado y la funcionaria tenían “pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Odebrecht”. “La Fiscalía Especial Contra la Impunidad emprenderá acciones legales para que el excomisionado de Cicig, Iván Velásquez, responda por sus actos ilegales y abusivos”, dijo Curruchiche en un mensaje oficial. La noticia, que se dio a conocer el 16 de enero, despertó una reacción inmediata del Gobierno colombiano. El presidente Gustavo Petro cerró filas en torno a su ministro y aseguró que “jamás” aceptará “la orden de captura” del ministro. “Nosotros no vamos a permitir que (Velásquez) sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad”, sentenció.

La situación dejó a los embajadores de los dos países con llamados a consultas, un paso previo al rompimiento de relaciones diplomáticas, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que la crisis con Guatemala llegará “hasta donde quieran llevar la situación”.

Quién es. Iván Velásquez es un abogado que durante años se desempeñó como fiscal en Colombia, llevando casos importantes ante la justicia y expuso el nexo de las autodefensas con varios personajes políticos. Logró que se condenaran a más de 50 congresistas y reveló los vínculos de más de 130 diputados con las estructuras criminales. En 2013 fue designado como comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo adscrito a las Naciones Unidas. Allí develó importantes casos de corrupción que salpicaron a cuatro expresidentes del país y, en últimas, señaló al entonces expresidente Jimmy Morales por financiamiento ilícito.

Si bien la situación de corrupción estructural y política de Guatemala alcanza niveles que ponen un manto de sospecha sobre toda actuación institucional, hay un aspecto en el que las declaraciones del presidente Alejandro Giammattei son indiscutibles. Desde que asumió el gobierno en Colombia, Gustavo Petro ha tenido comentarios inapropiados sobre aspectos políticos internos de muchos países de la región. Desde su enojo por la derrota del proyecto de reforma constitucional de Gabriel Boric en Chile, a la crisis política en Perú, o una extraña acusación al gobierno de Uruguay por el asesinato de un fiscal paraguayo, pareciera que Petro se siente con autoridad para dictar sentencias terminantes sobre todo lo que ocurre en el continente.

3. Exótico plan contra la inflación

La inflación es uno de los grandes problemas de Argentina. El año pasado, este índice cerró en un 94,8% anual, la más alta que experimenta el país desde 1991. A nivel regional, esto solo es superado por el 305% de Venezuela, y el país que más se acerca a este podio trágico es Colombia, con apenas un 13%. Pero detrás de los números está la gente. Y resulta inimaginable para la mayoría de los ciudadanos del planeta, pensar en que los costos de la vida diaria puedan tener ese tipo de salto. Salto que, obviamente, jamás es igualado por los ingresos, salvo en el caso de funcionarios públicos u otros privilegiados.

Hay algo insólito detrás de lo que sucede en Argentina, y es que el gobierno vio ese dato de inflación como un triunfo, ya que su meta era no superar el 100%. En medio del exótico festejo por este hito, el presidente Fernández anunció nuevas medidas para frenar este problema, entre ellas la apelación al gremio de los camioneros, para que ayuden en la cruzada contra la inflación. Sí. El gremio de los camioneros. Para intentar entender por qué un país tan rico como Argentina tiene estos dramas, y qué nota tocan los camioneros en este tema, consultamos a dos habituales corresponsales de Mirada Sur en el sur profundo de América: Marcos Falcone y Garret Edwards, de la Fundación Libertad.

– ¿Por qué Argentina tiene tanto problema con la inflación?

GE: “Argentina tiene un problema con la inflación, porque tiene un problema con su economía. Es la fiebre de una enfermedad mucho mayor. Argentina se rehúsa a hacer las cosas que tiene que hacer, y a entender que la inflación es un problema monetario. Sigue cometiendo los mismos errores, y que la cosa cada vez sea más grave. Después hay temas sicológicos que llevan a una inercia muy negativa. Argentina sigue queriendo inventar la rueda, la inventa cuadrada, y no quiere entender que el resto del mundo ya lo hizo mejor”.

– ¿Por qué el gobierno apela a un gremio para esta tarea?

MF: “Que el gobierno apele a la burocracia de un sindicato para controlar precios y existencias de productos en los supermercados, se explica porque el gobierno busca mostrarse menos solo. Este es un gobierno muy impopular, tiene una imagen negativa de más de 70 puntos. Esta es una forma de mostrar una novedad, involucrar a un actor de la sociedad civil, por llamarlo de alguna forma, es una forma de mostrar algún tipo de apoyo a estas medidas que ya sabemos que no van a conseguir nada.”

– ¿Por qué los camioneros? ¿Cómo se explica la figura de su líder, Hugo Moyano, a quien no sigue la política argentina en el día a día?

MF: “Moyano es la máxima expresión del sindicalismo argentino de las últimas décadas. Es la persona que ha logrado acumular más poder dentro y fuera de su gremio. De hecho, tiene a hijos ubicados en diferentes sindicatos, pero también fuera de ellos. El mismo presidió un club de fútbol, tiene negocios… Cuando él dice algo en Argentina, debe ser tenido en cuenta por los gobiernos. Moyano trae muchos beneficios a sus afiliados, de hecho los camioneros tienen privilegios que nadie más tiene en el país. Por ejemplo, si una empresa cambia de manos, existe una “ley Moyano” informal, que obliga a que todos los empleados deban ser despedidos, y recontratados por la nueva empresa. Ese tipo de privilegios hace que la cantidad de camioneros contratados “en blanco” sea cada vez menor. Y los que no están incluídos en los beneficios del gremio, le tienen mucho rencor”.

GE: “Moyano es el patriarca de una dinastía. . Su hijo Facundo no sólo fue el líder del sindicato de los trabajadores de los peajes, sino que llegó a ser diputado. Con el poder que ha acumulado en el gremio de los camioneros, ha impedido que Argentina pueda tener otros sistemas de transporte. Siempre se ha manejado al calor del poder, y se ha movido de un lado a otro según su conveniencia. Incluso en algún momento se lo vio cerca de Macri. Por decir algo, una de sus hijas está casada con “Chiqui” Tapia, el presidente del fútbol argentino. Y ahora vamos a tener camioneros controlando precios, cosa que no va a tener ningún efecto. No es más que una nota de color, de esas que siempre aporta Argentina.”

4. Retroceden libertades en la región

América Latina atraviesa uno de los momentos más graves en materia de derechos humanos, y un “alarmante retroceso de las libertades fundamentales”. Así lo asegura el Informe Mundial 2022 presentado por Human Right Watch (HRW) que analiza las condiciones de derechos humanos en casi un centenar de países. Según la directora de HRW para las Américas, Tamara Taraciuk, “Ha habido un gravísimo deterioro del estado de derecho a nivel regional” y citó algunos ejemplos: “Ataques directos y formales contra sistemas electorales, contra el Poder Judicial, contra la prensa independiente y contra la sociedad civil”. La funcionaria hizo especial hincapié en que estas irregularidades no ocurren únicamente en regímenes dictatoriales, sino también en países gobernador por “líderes que llegaron al poder mediante elecciones democráticas” y que “han atacado a la sociedad civil independiente, la libertad de prensa y la independencia judicial”.

Además, asegura que los gobiernos de la región “deben abordar problemas crónicos de derechos humanos como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la degradación ambiental y, al mismo tiempo, proteger la democracia”. El dossier también menciona “los altos niveles de violencia” y sostiene que la región presenta “la tasa anual de homicidios más alta del mundo, de 21 homicidios por cada 100.000 habitantes”.

Sospechosos de siempre. El documento indica que Cuba, Nicaragua y Venezuela son “regímenes opresivos” que “cometen abusos aberrantes contra críticos para silenciar el disenso”. El gobierno cubano ejerció abusos sistemáticos contra críticos y artistas, entre los que se cuentan detenciones arbitrarias, maltrato a los detenidos y juicios sumarios. Todo esto en respuesta a las protestas, en su mayoría pacíficas, que se han venido registrando contra el régimen conducido por Miguel Días-Canel.

Nicaragua es otra de las grandes preocupaciones que mostró el informe. Allí, la detención masiva de opositores en los meses previos a las elecciones del mes de noviembre, condujo a que los comicios se llevaran a cabo sin las más mínimas garantías democráticas. En los meses previos, el gobierno de Daniel Ortega detuvo y procesó arbitrariamente a críticos y opositores, incluidos siete candidatos presidenciales que se suman a las más de 100 personas que permanecen encarceladas de forma abusiva en el país.

Por su parte, la Venezuela de Nicolás Maduro está siendo investigada por la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad. Opositores políticos inhabilitados para postularse a cargos públicos, acceso desigual a los medios de comunicación y falta de independencia judicial y de respeto al Estado de derecho afectaron la transparencia e imparcialidad de las elecciones, cercenando de esa manera el derecho de los votantes a elegir libre y democráticamente a sus representantes.

México. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador buscó sacarse de encima organismos públicos que limitan su poder y dominar el sistema judicial para perseguir opositores. Además de continuar sus ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos. También decretó que los proyectos prioritarios de su gobierno reciban permisos de forma automática, salteándose los estudios de orden, y que sean exentos de las reglas básicas de transparencia. En El Salvador, la política de mano dura que ha venido aplicando el presidente Nayib Bukele encendió las alarmas de la HRW. También se señaló que haya reemplazado en la legislatura a los magistrados de la Corte Suprema con quienes diferían, al tiempo que promulgó leyes para remover a cientos de fiscales y jueces de instancias inferiores. Los nuevos magistrados designados resolvieron que Bukele podía postularse a la reelección, a pesar de estar prohibido por la constitución.

5. Polémica por “guerra al tabaco”

El 15 de enero, en México entraron en vigor estrictas restricciones al uso, venta y publicidad de cigarrillos tradicionales y electrónicos, calentadores de tabaco y vapeadores. El país busca así ponerse a tono con las políticas anti tabaco que han implementado buena parte de los países de la región, pero lleva las restricciones a un punto todavía más extremo, ya que la prohibición alcanza a espacios de “concurrencia colectiva”, como playas o parques, donde no se podrá “consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco o nicotina”.

Entre dichos espacios se cuentan también patios, terrazas, balcones, parques de diversiones, áreas donde se congreguen niños y adolescentes, deportivos, playas, centros de espectáculos y entretenimiento, canchas, estadios, arenas, plazas comerciales, mercados, hoteles o paraderos de transporte, entre otros. Incluso las áreas públicas de prisiones y centros de detención.

La justificación es simple. México es el séptimo país más consumidor de tabaco en las Américas, fallecen 51.575 personas víctimas de la adicción al tabaco, anualmente. Es decir, 141 muertes al día. Ahora bien, nada es tan simple en la vida, y detrás de esta draconiana prohibición, hay al menos dos aspectos polémicos.

Por un lado, una violación explícita al derecho individual a disponer libremente de la propia vida, sobre todo teniendo en cuenta que el daño que puede ejercer sobre terceros al fumar al aire libre, es ínfima. Por otro, hay una afectación al derecho de los comercios que venden estos productos, y que verán sus posibilidades seriamente recortadas. Según datos de la patronal que nuclea a comercios de Ciudad de México, de las 85 mil tiendas de abarrotes existentes en esa capital, estas llegan a generar hasta el 25% de sus ventas por este producto. Pero hay más temas polémicos detrás de esta medida restrictiva.

Uno de ellos es la justificación. Una nota publicada en el sitio en español de la Deutsche Welle comienza diciendo que “Las nuevas restricciones contra el tabaco en México ponen el foco en muchos jóvenes y mujeres atrapados por la publicidad. Mientras la industria gana, millones de consumidores mueren y los contribuyentes pagan los daños”. O sea que los “jóvenes y las mujeres” serían como una especie de ciudadanos clase B, débiles, frágiles, y que se dejan “atrapar” por la pérfida publicidad. Y, por supuesto, detrás está una malvada industria que gana millones llevando a la muerte a los consumidores. Un maniqueísmo de película de Disney. Si esto es tan así, ¿por qué no prohiben el tabaco?

Aquí viene el segundo tema. En los últimos años ha habido una reversión de las políticas contra las drogas. Y el reclamo de una liberalización del consumo pasó de ser el discurso de un grupito de libertarios mirados como locos sin sentido, a ser el dogma hoy en los foros globales. Y adoptado con singular pasión por muchos socialistas cuyo mantra ahora es la “regulación”. Curiosamente, estos últimos son los mismos que están empujando con el mismo fervor esta restricción extrema del consumo de tabaco. ¿Cuál sería la respuesta “liberal” a estos problemas? Cada persona es dueña de su vida. Y la responsabilidad del estado debería ser darle la información adecuada para que tome las mejores decisiones. Y si el tema es el daño a terceros por su consumo al aire libre, el mismo debería acreditarse.

Al menos esa es la visión de quienes redactamos Mirada Sur. Pero reconocemos que es un tema complejo. ¿Tiene el lector una mirada diferente? Nos encantaría leerla.

6. Los 5 gráficos destacados de la semana en América Latina