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Milicias anunciadas, rehenes tomados
La gravedad del tema amerita que el recuento de esta semana comience por los hechos acaecidos en Guarayos el pasado jueves, cuando un grupo que ya no puede definirse simplemente como “avasalladores” secuestró a mano armada a periodistas y policías.
La táctica empleada, el armamento exhibido y los indicios de entrenamiento militar nos muestran a una incipiente organización terrorista o narcoguerrilla, esto último teniendo en cuenta la frecuente ligazón de las tomas de tierras con la expansión de la coca-para-cocaína.
Aunque el ministro de gobierno trató de minimizar el caso, señalando que el secuestro “duró un par de horas”, los periodistas que sufrieron el atropello lo desmintieron, detallando que la violenta retención duró desde las 11:00 de la mañana hasta las 18:00 horas, lapso en el que fueron golpeados a culatazos y humillados de diferentes formas.
Lo peor de todo es que podríamos estar ante el cumplimiento de la amenaza hecha en el 2020 por Evo Morales desde Buenos Aires, cuando dijo que “si volvemos al poder, organizaremos milicias como en Venezuela”.
Todo esto genera intensas molestias en las Fuerzas Armadas y en la Policía, hasta ahora expresadas por el sector pasivo. Por su parte, el periodismo también se encuentra en alerta, tanto por estas inéditas agresiones como por el casi simultáneo anuncio del denominado “Pacto de Unidad” de promover una Ley de Comunicación, con el objetivo evidente de instalar alguna modalidad de censura de prensa.
Carne: dividir gremiales y neutralizar agropecuarios
La semana pasada había comenzado con un “acuerdo” entre el gobierno y los comercializadores de carne en los mercados para un congelamiento de precios. Medida ampliamente cuestionable desde el punto de vista técnico, ya que toda la experiencia histórica universal indica que los controles de precios -en el rubro que sea- conducen al desabastecimiento, al desincentivar la producción. Venezuela es el ejemplo más claro del fracaso de este tipo de mecanismos.
Más allá de esto, debe observarse la intencionalidad gubernamental de fondo, que probablemente buscó cooptar a un sector de los gremiales con la prebenda del “precio justo” (y lo que es peor, con el cierre de los centros de remate). Viendo cómo resultaron las cosas con el paso de los días, no parece que la maniobra divisora hacia el gremialismo haya tenido efecto, toda vez que se ha ratificado el paro indefinido desde el 8 de noviembre contra la Ley 1386.
El gobierno también parece haber tenido que retroceder en el cierre de los centros de subastas, que han representado una evolución notoria en el mercado nacional de la carne. De todas formas, estudios de cuantificación de hatos mediante, se ha dado un paso más hacia el dirigismo estatal sobre el campo, algo que sólo puede ser calificado como negativo y que tendría el objeto de un mayor control político sectorial, procurando neutralizar a los agropecuarios en el nuevo ciclo de movilizaciones que vive el país.
Diplomacia de Tik Tok
A lo largo de la semana también fue creciendo la polémica por los gruesos desplantes humorísticos del embajador de Bolivia en Paraguay, Mario Cronenbold, realizados desde su cuenta de Tik Tok y que ofendieron al país anfitrión.
El asunto sobrepasa el campo de las simples torpezas personales y pone en evidencia la práctica de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo, de utilizar al Servicio Exterior como agencia de empleos para dotar de premios consuelo a sus candidatos perdedores.
Se abre el frente universitario
Mientras tanto, la bancada oficialista continúa impulsando la aprobación de leyes sin la búsqueda previa de un mínimo consenso, tanto con las otras fuerzas parlamentarias como con las instituciones y sectores involucrados.
El nuevo proyecto normativo que levanta polvareda es la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, que impone en su artículo 4 la obligación de que las entidades autónomas (gobernaciones, municipios y universidades) se adecúen al mismo, en un plazo de 180 días como especifica una disposición adicional.
Sobre todo, el proyecto inconsulto podría afectar a las autonomías universitarias, lo que permite prever un brote de protestas desde los centros públicos de estudios superiores.
