La Semana Política: Censo en crisis y aval judicial a los “dedazos”
10 al 16 de julio de 2022
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Hacia el paro cívico
Sin explicación técnica alguna, el gobierno postergó por decreto la realización del Censo de Población y Vivienda para el 2024, amparándose en un “pedido” del Consejo Nacional de Autonomías que parece haber sido gestionado ad hoc para justificar la medida.
El decreto detonó una amplia polémica, ya que una postergación para ese año significaría seguir distribuyendo la renta pública según la fotografía censal del 2012 y otro tanto pasaría con los curules parlamentarios en los comicios del 2025.
Santa Cruz, al ser el departamento que recibe la mayor migración del país, activó una Cumbre Interinstitucional que ha dado un breve plazo para rectificar la medida, alistando un paro cívico en caso de que no se entable un diálogo efectivo.
Las conclusiones de la Cumbre incluyen que el PGE 2023 sea diseñado tomando en cuenta las proyecciones intercensales del INE y que el Instituto Cruceño de Estadísticas realice su propio conteo.
También se cuestionó la postergación para el 2024 desde otras regiones: el alcalde paceño Iván Arias propuso realizar el Censo en mayo de 2023, movilizando universitarios para completar la actualización cartográfica. El alcalde cochabambino Manfred Reyes Villa igualmente habló del año próximo, mientras que el senador tarijeño Rodrigo Paz dijo que un Censo en el 2024 sería “electoral”. Desde el Conade se advirtió que la postergación apuntaría a un “fraude demográfico”.
Consenso a la fuerza
El pasado jueves, la Sala Constitucional Cuarta de La Paz decidió –en el marco de una Acción de Cumplimiento presentada por la APDHB paralela– “exhortar” a la Asamblea Legislativa Plurinacional a nombrar al nuevo Defensor del Pueblo y Contralor General del Estado en un lapso de 70 días, abriendo una ventana para que, en caso de que el Legislativo no llegue al consenso de 2/3, sea el Órgano Ejecutivo el que haga las designaciones.
El ministro de justicia Iván Lima ya declaró que el fallo también podría ser utilizado para la selección de ternas destinadas a las elecciones judiciales del año próximo, en tanto que desde la oposición se alerta que con esta jurisprudencia se va hacia un mecanismo dictatorial. De hecho, el oficialismo contará ahora con una herramienta adicional para forzar una concertación legislativa favorable a sus candidatos.
Reunión de “unidad”
La semana pasada comenzó con la “foto de la unidad”, que reunió al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca y al caudillo chapareño Evo Morales, junto a varios ministros. Esto se produjo luego de que la pugna interna en el masismo diera un salto cualitativo, con la difusión de la carta donde el vicepresidente del MAS, Gerardo García, agradecía los aportes de campaña de un narco, y con la instructiva presidencial de abrir una investigación sobre el tema.
Por lo pronto, el caso de los narco-aportes ha sido declarado en reserva, de manera que se convertirá en una “carta en la manga” para que el arcismo aquiete a Morales cuando este intente agitar las aguas. En lo inmediato, igualmente parecen acallarse las críticas del evismo al ministro de gobierno Eduardo del Castillo.
Evo y la “democracia cubana”
Evo también fue noticia en días recientes por sus dichos sobre Cuba, que a su parecer es “la mejor democracia”. Estas declaraciones se dieron justo en momentos en que la dictadura castrista endurecía la represión y las detenciones, procurando desactivar los recordatorios por la rebelión del 11 de julio del año pasado.
En todo caso, quedó aún más clara la concepción autoritaria del ex mandatario, por si quedaban dudas.
Más juicios ordinarios para Añez
El Tribunal Constitucional Plurinacional rechazó una acción de inconstitucionalidad concreta presentada por la defensa de la ex presidenta Jeanine Áñez, impugnando la competencia de la justicia ordinaria para procesarla en el caso de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).
La decisión (que será apelada en próximos días por el equipo jurídico de Añez) va en línea con las intenciones gubernamentales de generar más procesos contra la ex mandataria por la vía ordinaria, en vez de ir únicamente al juicio de responsabilidades, como se exige desde varios organismos internacionales.
