La Semana Política: Nacionalización de protestas y un muerto por “armas de humo”
8 al 14 de enero de 2023
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HRW y el Departamento de Estado
Durante la semana, varias instancias internacionales se pronunciaron contra las violaciones al debido proceso y la represión en Bolivia. Human Rights Watch dijo que el gobierno de Luis Arce “fracasó en reformar la justicia”, mientras que el subsecretario de asuntos del hemisferio occidental de EEUU, Brian A. Nichols, remarcó su preocupación por los “reportes de violencia”, pidiendo dialogar por la paz y respetar los derechos humanos. También varios senadores estadounidenses se manifestaron en el mismo sentido.
La Cancillería recibió los pronunciamientos con llamativa moderación: el ministro Mayta subrayó la “relación cordial y amable” con Estados Unidos y ofreció “enviarles información de contraparte como una gentileza” a los senadores, dejando para el vicecanciller la tarea de señalar que “podría entenderse como una transgresión a la no injerencia”.
Similar contención se vio respecto a la decisión peruana de vetar el ingreso de Evo Morales y varios de sus colaboradores al vecino país. El canciller evitó referirse al tema y dejó que su segundo expresara su “desacuerdo con una medida que afecta a nueve bolivianos”, sin nombrar siquiera al ex presidente.
En el primer caso, puede pesar el temor a que una escalada diplomática refuerce las propuestas de sanciones personales contra los operadores de abusos judiciales, que ya circulan en EEUU y en la Unión Europea. En el segundo, estamos ante una nueva demostración de la grieta interna que divide al Movimiento Al Socialismo.
El “caso Rózsa”: ¿a juicio internacional?
Cuando estaba por terminar el plazo para que el Estado boliviano cumpla las recomendaciones de la CIDH en el “caso Rózsa”, la Procuraduría llamó a las víctimas a una reunión, trascendiendo que ofrecerían el pago de indemnizaciones sin un juicio a los responsables.
A última hora la reunión fue suspendida, con lo que se fortalece la posibilidad de que el caso termine en tribunales internacionales. El diputado del ala choquehuanquista, Rolando Cuéllar, dijo que el gobierno “no pondrá las manos al fuego por Evo” en el asunto.
Fallecido por represión policial
Con el trágico deceso de Erwin Chávez, quien había perdido un ojo por las acciones policiales durante las recientes protestas cruceñas, la represión tiene su primera víctima fatal. “Por sus armas de humo, ya tenemos un muerto”, dijo el presidente cívico Rómulo Calvo.
Por su parte, el vocero presidencial Jorge Richter dijo que hay “críticas selectivas” ante la violencia, afirmando que no se ven iguales cuestionamientos frente a los casos de Sacaba y Senkata. Curiosamente, lo mismo puede señalarse de su administración, que ha ignorado a las víctimas de Montero de 2019. Por eso hace falta una justicia independiente.
Protestas en toda Bolivia
La semana comenzó con una “nacionalización” de las protestas democráticas, que se extendieron a los nueve departamentos, en lo que sería el preludio de un Cabildo nacional aún sin fecha.
En La Paz, grupos de choque donde se detectó a funcionarios públicos intentaron disolver la marcha, agrediendo además a 10 periodistas. El senador oficialista Ajpi intentó justificar los atropellos, aduciendo que la prensa “no informa objetivamente”.
El CONADE adelantó la continuidad de las actividades de protesta y pidió unidad opositora “para las elecciones judiciales de este año y para las elecciones nacionales del 2025”.
También desde la sede de gobierno, donde participó junto al alcalde Arias de un “Foro por la Paz y la Democracia”, el rector Cuéllar indicó que “pacificar el país está en manos del presidente Arce”.
Sucesión o elecciones
Mientras tanto, ha ido creciendo la presión gubernamental para que Camacho pierda la condición de gobernador, ya sea a través de una sucesión o mediante nuevas elecciones departamentales, como sugirió el ministro Lima.
La diputada opositora Tatiana Añez advirtió que “se busca sentar un precedente para otros golpes departamentales y municipales”. Zvonko Matkovic dijo que el masismo estaría procurando “revocar” el mandato de varios asambleístas indígenas, para sustituirlos y lograr una mayoría afín en la Asamblea Legislativa Departamental.
Durante la semana, se vio a un Camacho sonriente y de boina durante una audiencia virtual. En el marco de una acción de libertad, su defensa logró que un juez ordene fijar día y hora para apelar su detención, algo que podría suceder el próximo miércoles.
Disputas sobre el narcotráfico
El ex jefe policial antinarcóticos durante el gobierno evista, Maximiliano Dávila, dijo desde la cárcel de San Pedro que se propone dar una conferencia de prensa para “revelar quiénes están detrás de su detención”. Un juez denegó tal posibilidad.
Las declaraciones de Dávila, buscado por la justicia norteamericana, se producen en medio de fuertes cruces entre el ex ministro de gobierno de Evo, Carlos Romero, y voceros del Ejecutivo, sobre el tema narcotráfico.
