La Semana Política: “Parto de los montes” en el Encuentro y un cerco de lesa humanidad
23 al 29 de octubre de 2022
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Encuentro dirigido
Una semana de alta tensión política, económica y social desembocó el viernes en un “Encuentro Plurinacional” en la ciudad de Cochabamba, que terminó siendo un parto de los montes. En efecto, “la montaña parió un ratón”, a pesar de que se movilizó a más de 300 autoridades electivas de las diversas entidades autonómicas (gobernaciones, municipios y universidades públicas) y tras largas horas de exposiciones se llegó como única conclusión a la formación de una mesa técnica, para definir la fecha censal.
El problema, por una parte, es que esta convocatoria se dio con estilo de ultimátum: si el Comité Interinstitucional de Santa Cruz no acepta integrarse a la mesa, correrá la fecha de abril de 2024.
Por otro lado, el Encuentro partió mal por el hecho de ser dirigido por el presidente, que actuó como juez y parte, en vez de contar con una mediación imparcial. Esto llevó a varias arbitrariedades, como la restricción casi total a la prensa y la confiscación de celulares a los participantes.
De todas formas, no pasó lo peor, como quería el ala evista: convertir al Encuentro en un gran soviet de organizaciones sociales que dictara el 2024 irreversiblemente y llevara el conflicto a un nuevo nivel de intensidad.
Inversión de la “carga de la prueba”
Tanto los delegados cruceños como los alcaldes de La Paz y Tarija mostraron argumentos técnicos sobre la viabilidad del Censo en 2023, pero la administración de Arce insistió en la creación de la mesa, donde la “carga de la prueba” estará invertida: serán los partidarios del 2023 los que tengan que demostrar que esa fecha es posible, cuando es el INE el que debería rendir examen.
Ahora, la pelota está en la cancha de Santa Cruz, que definirá hasta el final de la tarde de este sábado (cuando se escribe esta columna) si envía delegados a la mesa técnica. Lo más previsible es que, de hacerse, se lleve a cabo sin afectar la continuidad del paro indefinido.
Declaraciones de viceministros
Previamente, a lo largo de la semana, se habían producido declaraciones de un par de viceministros: el de autonomías, para decir equívocamente que los obispos “no pueden ser mediadores porque no saben de censos”, y la titular de comunicación, que por primera vez mencionó a “noviembre o diciembre de 2023” entre las posibilidades, aunque posteriormente esos dichos no fueron reiterados.
Cerco y discursos de odio
En la que parece ser una estrategia de contraofensiva “para que no se repita el 2019” (en la narrativa masista), organizaciones afines al partido de gobierno o a su ala más radical instalaron un cerco a Santa Cruz, una suerte de anti-bloqueo que de hecho extrema aún más la paralización de actividades, con el agregado de poner en peligro el abastecimiento alimentario de todo el país.
Además de la toma de empresas (ver La Semana Económica) se crearon murallas con arena traída del Chapare y se llegó a colocar alambre de púas para impedir el tránsito a pie. Todo esto condujo a que varios politólogos calificaran al cerco como un delito de lesa humanidad, mientras el ex prefecto cruceño Guido Añez denunciaba “terrorismo de Estado” ante la OEA.
Las acciones contra Santa Cruz han ido acompañadas de discursos de odio contra “logias”, “gamonales” y “oligarcas”, buscando estigmatizar la protesta pacífica y haciendo caso omiso a las recomendaciones del GIEI sobre este tipo de mensajes incendiarios.
División de bancada y temores de Evo
Mientras tanto, continúan las pugnas al interior del partido azul, que ahora tiene dos jefes de bancada en la Cámara de Diputados: uno por los “renovadores”, con más votos y reconocido por David Choquehuanca como presidente de la ALP, y otro del bando de Evo Morales.
Mientras el ex presidente pierde pie en la Cámara Baja, aumentan sus preocupaciones por eventuales investigaciones que lo liguen al narcotráfico. Evo dijo sospechar que el ex ministro Arturo Murillo “algo negocia” con Estados Unidos y que el gobierno de ese país “planea acusarlo”.
