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Bloqueo en San Julián sin solución; siguen filas por diésel; exautoridades de la U son citadas; García Linera en la mira; débil reacción al informe de relator

Esto es lo importante de este miércoles 25 de mayo.

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Camacho convoca a bloqueadores en la capital cruceña.

El bloqueo de la carretera Santa Cruz-Beni en el municipio de San Julián se dirige a un cuarto día. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que el conflicto que afecta al transporte de pasajeros, productos agropecuarios y combustibles pero que el gobierno de Luis Arce no cuantifica las pérdidas diarias como lo hace cuando los cívicos cruceños convocan a protestas departamentales.

Mientras otros seis municipios controlados por el MAS advierten con sumarse al bloqueo, el secretario departamental de Desarrollo Económico, Fernando Menacho, informó que ante el condicionamiento de los movilizados para que Camacho se traslade a San Julián, informó que el Gobernador convocó al Alcalde y dirigentes interculturales de ese municipio a una reunión este viernes en la ciudad de Santa Cruz.

Siguen los problemas de suministro de diésel en surtidores

El anuncio de William Donaire, viceministro de industrialización y transporte, y de Armin Dorgathen, presidente de YPFB, de que este miércoles se normalizaría la distribución de diésel en ciudades importantes no se cumplió. Continuaron las filas de vehículos de alto tonelaje y los conductores denunciaron que la provisión tiene un límite de hasta 200 litros, insuficientes según ellos.

Dirigentes del transporte pesado dieron un plazo hasta este viernes para la solución definitiva del problema de distribución de diésel en los surtidores, principalmente en ciudades del occidente y valles del país, mientras Dorgathen insistió que la provisión del carburante llegó este miércoles al 95% y que las filas de vehículos se debe a la ansiedad de los conductores del transporte pesado.

Fiscalía cita a exautoridades que encumbraron a Mendoza

Juan Justo Bohorquez, exrector de la universidad Tomás Frías de Potosí y que condujo el presidium del congreso universitario suspendido en 2018, y Rodrigo Rodríguez, expresidente de la Confederación Universitaria de Docentes, deben presentarse el lunes a la Fiscalía de La Paz para declarar en el caso del detenido exdirigente universitario Max Mendoza.

Tras la suspensión del congreso en 2018, que debía ser de un mes y terminó extendiéndose por cuatro años, Bohorquez y Rodríguez avalaron que Mendoza se convierta en Secretario Nacional del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) con un salario de 21.870 bolivianos, prerrogativas para firmar contratos y administrar millones de bolivianos mediante la asignación de presupuestos anuales.

García Linera en la mira tras la corrupción universitaria

El diputado del MAS Héctor Arce anunció la investigación de otras irregularidades en sistema universitario nacional como el que centenares de docentes dieron y dan clases en las universidades públicas sin tener títulos profesionales, como establecen las normas universitarias, entre ellos el ex vicepresidente Álvaro García Linera en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz.

“La ley es para todos”, afirmó Arce y añadió que “no hay excepción para una persona”, según informó la red Erbol. García Linera fue denunciado hace unos años no solamente de haber dictado clases irregularmente en la UMSA, sino que fue tutor de tesis en esa universidad y que no venció ni la mitad de la Carrera de Matemáticas en la universidad de México, pero firmaba como licenciado.

Débil primera reacción al informe final de García-Sayán

El viceministro de Justicia, César Siles, respondió a nombre del Gobierno al informe final del relator para la justicia independiente de la Organización de Naciones Unidas, Diego García-Sayán, que se conoció este miércoles y dijo que en el caso de la expresidenta Jeanine Áñez, el relator consideró positiva la veeduría internacional que realiza el Alto Comisionado  de Derechos Humanos a los procesos contra la exmandataria.

Entre los aspectos más sobresalientes del informe que será elevado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, García Sayán afirma que la injerencia política en el sistema judicial no fue erradicado y el ejemplo de ello es el enjuiciamiento ordinario a la expresidenta Áñez. Además, propone un “debate nacional” sobre la elección de magistrados de los altos tribunal del país.


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