Postergan interpelación; Lima critica a justicia por Aramayo y HRW duda de la investigación; asesino del fraile huyó a Brasil; Gobierno contra caso de corte
Esto es lo importante de este martes 19 de abril.
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Postergan la interpelación al Ministro de Gobierno
La Cámara de Diputados postergó hasta el 31 de mayo la interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien denunció que diputados del MAS y dirigentes cocaleros se enriquecieron con la hoja de coca, informó este martes la diputada María René Álvarez al programa Asuntos Centrales. El acto interpelatorio fue programada para este miércoles 28 de abril.
Del Castillo se mostró dispuesto a asistir a la interpelación solicitada por la bancada del MAS y no se conocen oficialmente las razones de la postergación por un poco más de un mes. Tras la denuncia del ministro, las seis federaciones de cocaleros del Chapare emitieron un pronunciamiento en el que relacionaron a Del Castillo con la DEA estadounidense.
Gobierno critica a la justicia en el caso de Aramayo
Frente a la indignación general por la muerte de Marco Antonio Aramayo y los 259 procesos legales que enfrentó en siete años de detención en más de 50 cárceles del país, la administración de Luis Arce no quiso desentonar y el ministro de Justicia, Iván Lima, cuestionó este martes la falta de humanidad del sistema judicial en el caso del exdirector del Fondo Indígena.
“Hay una justicia que no ha sido humana, que no ha tomado las medidas necesarias para preservar en primer lugar la vida y la salud de este exfuncionario de Estado”, dijo Lima, quien postergó sin fecha la Cumbre para la reforma judicial. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró, por su parte, que Régimen Penitenciario “no escatimó esfuerzos” para salvar la vida de Aramayo.
Human Right Watch duda de investigación imparcial
Para Human Right Watch, la muerte de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena que denunció el desfalcó de más de 170 millones de dólares, “evidencia los estragos de la falta de una justicia independiente” en Bolivia. “Hay alegaciones serias de violación al debido proceso e inadecuada atención médica en prisión. ¿Pero quién va a investigarlas?”, se preguntó César Muñoz, investigador sénior de la organización internacional.
Aramayo murió este martes en la madrugada después de tres días de haber estado en coma, en una Unidad de Terapia Intensiva. Efectivos policiales realizaron el denominado levantamiento legal del cadáver para iniciar una investigación fiscal. Los restos de Aramayo fueron llevados a un salón velatorio de La Paz y esta noche serán trasladados a Santa Cruz para el entierro, este miércoles.
Ministro dio información errada sobre fraile asesinado
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo este lunes que el sospechoso del crimen de fray Wilberth Daza en un templo de Santa Cruz “no es una persona que formaba parte del clero católico”; sin embargo, el jefe de la Policía, Johnny Aguilera, y autoridades policiales de Santa Cruz confirmaron que se trata del exseminarista Marco Lucas Flores Miranda, quien huyó a Brasil.
Del Castillo sostuvo que el autor del violento asesinato “plenamente identificado” es un “drogodependiente”. Aguilera no mencionó si Flores Miranda es adicto a las drogas. Jefes policiales y el fiscal departamental Róger Mariaca señalaron que el sospechoso recurrentemente viajaba a Brasil porque es oriundo de Puerto Suárez, municipio fronterizo con ese país, e ingresó ilegalmente a Bolivia para cometer el delito en Semana Santa.
Gobierno: El fallo a favor de Áñez no es definitivo
Después de que la Sala Penal Cuarta de La Paz determinó que la expresidenta Jeanine Áñez sea sometida a Juicio de Responsabilidades por el caso Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), el Gobierno, mediante el ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que esa situación no es definitiva y que se presentará un Amparo Constitucional al respecto.
La Fiscalía, el Viceministerio de Transparencia y EBA pretendían procesar a Añez en juicio ordinario por haber nombrado en 2020 a una gerente de la Empresa Estatal que no cumplía los requisitos para el cargo. Sin embargo, el tribunal paceño resolvió un caso de corte porque el delito denunciado habría sido cometido en el ejercicio de las funciones como Presidenta del Estado.
