Gobierno no quiere conflicto nacional; respuesta a Lima sobre Camacho; repudio de la SIP; Choquehuanca o lechuza; Mendoza ya está en su casa gracias a diputado de CC
Esto es lo que debes saber este sábado 7 de enero.
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Gobierno busca impedir que el conflicto se expanda
La movilización nacional que se realizará este martes por “libertad y justicia” tras el apresamiento de Luis Fernando Camacho será contrarrestada con acciones de organizaciones sociales dependientes del Gobierno, ya que este lunes los diferentes sectores recibirán instructivos para que realicen concentraciones y movilizaciones en los nueve departamentos del país, informó Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la COB.
Después de cinco horas de reunión entre el presidente Luis Arce y dirigentes del Pacto de Unidad y la COB, Huarachi sostuvo que esas organizaciones se declararon en estado de emergencia y movilización permanente ante “intentos de desestabilización y golpe de Estado”. Por su parte, Arce invitó a una masiva movilización y concentración para celebrar un nuevo año del Estado Plurinacional de Bolivia, este 22 de enero.
“Mandato de Camacho no lo define un ministro”
Mientras el Gobierno y parte del Tribunal Supremo Electoral presionan para que Mario Aguilera, vicegobernador de Santa Cruz, remplace a Luis Fernando Camacho, gobernador encarcelado preventivamente, el asesor jurídico de la Gobernación, Efraín Suárez, sostuvo que “el mandato lo define la ley y no un ministro”, refiriéndose a las advertencias del titular de Justicia, Iván LIma, sobre procesos penales si Aguilera no asume.
Suárez recordó que el Estatuto Autonómico cruceño establece que el remplazo se da por renuncia, sentencia ejecutoriada, revocatoria o muerte del Gobernador o Gobernadora y explicó que tampoco aplica la figura de ausencia temporal porque Camacho está en territorio nacional y lo único que ha quedado en suspenso es su derecho de locomoción, no así su derecho al trabajo y a la vida, entre otros.
SIP condena la violencia policial contra periodistas
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por las agresiones y hechos de violencia contra periodistas en Bolivia, durante la cobertura de las protestas sociales en Santa Cruz generadas en respaldo al gobernador Camacho y que han sido enfrentadas con gran despliegue policial y excesiva violencia. Se registraron agresiones contra numerosos periodistas, sostiene la SIP.
El presidente de la SIP, Michael Greenspon, condenó la violencia contra periodistas y mostró su preocupación “por las acciones premeditadas de la Policía para limitar la labor periodística”. Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, pidió a las autoridades “investigar los hechos de violencia y castigar a los responsables”.
Choquehuanca es acusado de actuar como lechuza
Héctor Arce, diputado de la facción evista, acusó al vicepresidente David Choquehuanca de dividir al MAS presionando a las organizaciones sociales para que se sumen al arcismo con el ofrecimiento de puestos de trabajo a sus familiares y a alcaldes de municipios rurales, a cambio de proyectos de inversión. “Los renovadores están actuando como lechuzas, en la oscuridad, sobornando con pegas y extorsionando con proyectos”, dijo.
“Lamentablemente, el hermano David Choquehuanca trabaja para dividir a las organizaciones sociales y a municipios con dos propuestas. Les dice: Si se vienen con Choquehuanca sus familiares van a tener pega. Y usted señor Alcalde véngase con Choquehuanca y va a tener proyectos. Lo grave es que el Vicepresidente no defiende a nuestro gobierno, (hasta el momento) no se ha pronunciado sobre lo que está pasando en Santa Cruz”, añadió.
Mendoza ya está en su casa gracias a diputado de CC
El exdirigente universitario Max Mendoza ya salió de la cárcel de San Pedro y se encuentra en su casa para cumplir la detención domiciliaria dispuesta por un juez, informó su abogado José Paredes, quien aseguró que el contrato laboral de Mendoza para trabajar en la empresa del diputado de Comunidad Ciudadana Ingvar Ellefsen sigue vigente, a pesar de que el legislador haya decidido rescindirlo.
Paredes señaló que el contrato es “ley entre partes” y nadie puede dejarlo sin efecto unilateralmente. Recordó que solamente se puede anular mediante un juez en lo civil. El jurista explicó que en el contrato se establecen dos causales para dejarlo sin efecto: que se cumpla el tiempo de relación laboral o que el trabajador incurra en alguna causal de despido.
