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Protesta minera se agudiza con bloqueos; cacería de dirigentes yungueños; preparan el paro indefinido; Calvo ante posible encarcelamiento; Castillo, capo de una organización criminal

Esto es lo que debes saber este miércoles 12 de octubre.

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15Mineros de Huanuni deciden protestar con bloqueos

El Ejecutivo se abre un nuevo frente de conflicto. Tras la ruptura del diálogo con el Gobierno, los mineros de Huanuni determinaron iniciar este miércoles el bloqueo de carreteras y de vías en el centro de la ciudad de La Paz. No descartaron radicalizar sus medidas de presión hasta que la Presidencia abrogue el Decreto Supremo 4783 que según los dirigentes, los convertiría en funcionarios públicos y perderían su fuero sindical.

“Es la única manera de que los trabajadores del subsuelo puedan hacer escuchar su voz de protesta (…). La decisión es clara: radicalizar las medidas de presión hasta las últimas consecuencias. Las amas de casa están saliendo a paralizar las carreteras (este miércoles) por culpa de este ministro (Marcelo Montenegro) que no sabe cuál es el sentimiento de los trabajadores”, dijo el dirigente Ronald Mamani.

Seis detenidos en cacería de dirigentes de Adepcoca

Con la aprehensión de la vicepresidenta del Comité de Defensa de Adepcoca, Rosalba Vargas, ya son seis los dirigentes cocaleros de los Yungas detenidos por la toma y cierre del mercado paralelo de la hoja de coca, mientras se beneficia al grupo de dirigentes oficialistas con la reapertura de esas instalaciones en Villa El Carmen de la Paz y el no procesamiento de ninguno de los seguidores de Arnold Alanes.

Freddy Machicado, César Apaza y Raúl Uría guardan detención preventiva en la cárcel de San Pedro, mientras que Gudelia Botitano cumple detención domiciliaria y el dirigente Porfirio Rivero, aprehendido este lunes, después del cabildo paceño, aguarda junto con Rosalba Vargas una audiencia de medidas cautelares. Hay otros dirigentes perseguidos por la Policía y el Ministerio Público.

Comité Interinstitucional cruceño ratifica paro indefinido 

Luego de que el Gobierno llegara a Santa Cruz para ratificar en la mesa técnica que el Censo se realizará en 2024, la reacción del Comité Interinstitucional fue reafirmar el paro indefinido desde el sábado 22 de este mes en la región cruceña, mientras otros departamentos preparan otras medidas de presión para que la encuesta nacional se realice el próximo año.

“Tendrán que aguantarse el paro indefinido del 22 de octubre y otras medidas que vendrán”, dijo el coordinador del Comité Interinstitucional, Manfredo Bravo e indicó que la única manera de que se suspenda la medida es que el Gobierno disponga la abrogación del Decreto Supremo 4760 que fija la realización del Censo entre mayo y junio de 2024.

Hoy realizarán audiencia para definir la suerte de Calvo

Ante el incumplimiento de su detención domiciliaria por el retraso que sufrió el vuelo de BoA el lunes, procedente de la ciudad de Cochabamba, la justicia fijó para este miércoles, a las 09:00, una audiencia en la que se considerará que la detención domiciliaria del presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, sea revocada y se ordene su envío a la cárcel de Palmasola.

El Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción presentó de manera formal la solicitud de revocatoria de medidas sustitutivas de Calvo por el proceso penal que le sigue la Fiscalía por el supuesto delito de incumplimiento de deberes en la Caja Petrolera de Salud. El polémico diputado masista Rolando Cuéllar también solicitó que se revoque la detención domiciliaria de Calvo.

Fiscalía de Perú acusa formalmente a Pedro Castillo

La Fiscalía de Perú presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, a quien acusa de liderar una organización criminal. “Presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal”, anunció la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en una comparecencia en Lima.

El Ministerio Público también acusa a Castillo de tráfico de influencias y colusión en tres casos diferentes. Descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y uso ilícito de las facultades presidenciales”, indicó la Fiscalía peruana.

 


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