García Sayán: “La justicia está lejos de la gente (…) hay necesidad de un gran acuerdo nacional”
El Relator presentó nueve conclusiones preliminares antes de dejar el país.
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Tras una semana de evaluación del estado del sistema judicial en Bolivia, Diego García-Sayán, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, afirmó que “la justicia está lejos de la gente”, explicó las causas de esa situación y se sumó a los planteamientos surgidos en una treintena de reuniones el país en sentido de que “hay la necesidad de un gran acuerdo nacional por la justicia”.
Este martes, tras una reunión con el presidente Luis Arce, el Relator de la ONU realizó una conferencia de prensa en la que comenzó situando la lejanía de la justicia respecto de los dramas cotidianos de la gente respecto de la justicia y terminó señalando que una de las grandes coincidencias en sus diversos encuentros con autoridades, juristas independientes, actores políticos y otros sectores es la “necesidad” de un acuerdo nacional para cambiar el sistema judicial actual.
“En Bolivia la justicia está lejos de la gente, en la medida en que se ve que hay una urgencia en la sociedad boliviana de que la justicia responda a dramas cotidianos, la reacción comprensible y legítima que ha habido ante excarcelaciones a través de medios corruptos”, sostuvo ante la prensa, en referencia a la liberación de personas como el violador serial Richard Choque y Felipe Froilán Molina Bustamante, alias El Killer.
La autoridad indicó que existe una “seria brecha” en el acceso a la justicia por parte de las mujeres, lo que genera que “muchos casos” de feminicidios queden sin investigación y en la impunidad. En concreto, dijo que solo el 31% de los casos de feminicidio que llegaron a instancias judiciales entre 2013 y 2021 merecieron una sentencia.
“Es un tema de preocupación. Dentro de las recomendaciones en esta materia, estamos reforzando el planteamiento que ya ha hecho la defensora del pueblo en 2019 de aumentar el número de juzgados y tribunales especializados en violencia contra la mujer. Urjo al Estado boliviano a que se dé prioridad a este tema”, subrayó.
Respecto a la figura de la prisión preventiva, el jurista sostuvo que solo deberían están encarcelados quienes ya fueron condenados o quienes están siendo procesados por “muy graves delitos” para evitar que la detención “no se mantenga como algo estructural y permanente”.
También expresó que el hacinamiento carcelario en el país tiene niveles “particularmente dramáticos” con una sobrepoblación que triplica la capacidad de las instalaciones y subrayó que el Estado es responsable por la integridad de cada preso, en especial referencia a la situación de la expresidenta interina Jeanine Áñez.
“Quiero llamar la atención y destacar que el Estado, frente a cualquier persona privada de libertad, es el responsable de la integridad física y la salud de las personas que están en esa condición. En todos los casos, incluido el de Jeanine Añez, se deben respetar todas las garantías procesales y las normas del debido proceso”.
El Relator cuestionó que hayan cerca de mil jueces en todo el país, ya que eso supone una carga laboral de casi 500 casos por juez, y criticó que hayan solo 54 defensores públicos, al considerar que eso hace a la defensa pública “inaccesible”.
También recomendó crear una legislación de acceso a la información pública al considerarlo “una pieza esencial de un Estado democrático”. De esta forma, toda la población podrá obtener toda la información necesaria, salvo secretos de Estado.
Sobre los conflictos político-sociales de 2019, García-Sayán lamentó la retardación de la justicia en los casos de las víctimas de Senkata, Sacaba y la Zona Sur de La Paz.
“Si bien he notado que hay interés y empeño en darle seguimiento y promover la investigación, pasados los dos años son escasos los resultados en los procesos de investigación. Las víctimas, familiares de las víctimas y aquellos que sufrieron agresiones y fueron afectados en su integridad física, están todavía esperando por justicia y esperando por reparaciones”.
Respecto la elección de altas cortes por medio del voto popular, García-Sayán indicó que fue un tema medular de sus conversaciones. Y que si bien no cuestiona la legalidad de las autoridades designadas, consideró llamativo que las autoridades fueran elegidas con un bajo porcentaje de apoyo debido a la inasistencia electoral y a los votos en blanco o nulo.
“La cantidad real de votos a favor de quienes hoy desempeñan funciones, cuya legalidad no cuestiono, fue de una porción del electorado que no es mayoritaria y que da muchas dudas sobre si este camino no debe merecer algunos ajustes y algunas revisiones”, indicó.
Finalmente, destacó la justicia indígena, la cual considera un asunto de “tremenda importancia” para la sociedad boliviana, pero lamentó que la Ley de Deslinde Jurisdiccional del 2010 establezca restricciones “severas” y limitaciones que en la práctica hacen que “se borre con una mano” los principios constitucionales que respaldan la misma.
“Estamos pues en una situación que tiene sus luces y sus sombras, en donde queda por delante pensar cuáles pueden ser las grandes líneas, las grandes respuestas, para las cuales no le corresponde al relator traer las soluciones ni mucho menos enarbolar una varita mágica sino simplemente alentar algunos caminos que salen de las conversaciones que yo mismo he tenido con todas las instituciones y los actores relevantes en esta materia”, articuló.
“De manera sistemática he recogido dos coincidencias importantes (de las reuniones): que sí hay ajustes que resolver en los procesos de designación, en los procesos de selección, en los procesos de supervisión para que la corrupción no se meta dentro de la justicia; y que también hay necesidad de buscar un gran acuerdo nacional para la justicia”, finalizó.
