Amparo Carvajal denuncia que Torrico pretende entregar las oficinas de DDHH a dirigente apócrifo

Por: Brújula Digital y publico.bo

La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, denunció este jueves la injerencia del polémico viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, para “sanear” las principales oficinas de esa institución en favor del apócrifo dirigente Édgar Salazar, allegado al masismo.

Carvajal se presentó este jueves en la Defensoría del Pueblo para entregar una carta a Pedro Callisaya, nuevo defensor, denunciando el intento de Torrico de traspasar el principal bien de la Asamblea de Derechos Humanos del país a un dirigente ligado al MAS y que en días anteriores avasalló un departamento de esa institución en el edificio Oruro de la sede de gobierno.

La denuncia de Carvajal y presidente de las asambleas departamentales se basa en una carta firmada por Torrico el 12 de julio de este año en la que responde a una petición escrita que hizo Salazar el 7 de ese mes para la “recuperación de las instalaciones de la APDHB, ubicadas en la avenida 6 de Agosto” de la ciudad de La Paz.

“Al respecto, debo informar de acuerdo a la reunión sostenida en fecha pasada, debo informar que se tomará las acciones necesarias para sanear el bien en cuestión, mismos están en patrocinio del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional” es la respuesta escrita  de Torrico, quien tiene antecedentes de haber agredido físicamente a activistas de derechos humanos en 2021.

Según la carta que entregó Carvajal en oficinas de la Defensoría del Pueblo, la Asamblea de Derechos Humanos es blanco de amenazas y persecución y la carta de Torrico es una “clara intensión de avasallar a la APDHB, no solo en su representación, sino también a través de la toma de sus bienes”.

Asimismo señala que la carta de Torrico “es una acción gubernamental que incurre en serias vulneraciones contra el derecho a la libertad de asociación, la cual está reconocida en el artículo 21, inciso cuatro de la Constitución”.

“Es evidente que la injerencia arbitraria del Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental a través de su titular, (Gustavo Torrico), involucra también, al Ministerio de Justicia”, asevera la carta sobre la que Callisaya aún no se ha pronunciado.

Amparo Carvajal dijo que las oficinas de la Asamblea de Derechos Humanos legalmente le pertenecen a su dirigencia y no así a Salazar, a quien el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) le entregó el NIT, a sola presentación de fotocopias del inmueble.

“Como fundadora de la Asamblea de Derechos Humanos lo legalizamos en 1982 y lo firma el propio presidente Hernán Siles Suazo. Yo tengo los documentos originales. Este señor hace que la justicia e Impuestos Nacionales lo reconozcan a él y no a mí, que tengo la documentación original”, dijo Carvajal a los medios de comunicación.

La carta presentada este jueves está firmada por el Comité Ejecutivo Nacional de la Asamblea, que ratificó en una reunión en septiembre que Carvajal siga al frente de la institución defensora de los derechos humanos en el país.

Aquí la carta de Torrico a Salazar.