Arturo Murillo se declara culpable, no enfrentará al jurado y puede ser condenado a 6 años

El encarcelado exministro de Gobierno Arturo Murillo se declaró culpable de los delitos de recibir sobornos y lavar recursos en el sistema financiero de Estados Unidos, por lo que se descartó que enfrente a un jurado y puede ser condenado a seis años de cárcel, informó este martes el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.

“Arturo Murillo eligió ser juzgado por un jurado, y la fecha de juicio era el 28 de noviembre de este año. Empero, con la presentación de la acusación por información habría decidido por declararse culpable, aceptando los cargos identificados por la Fiscalía”, declaró Chávez, quien hace de vocero del caso en el último tiempo.

Según Chávez, el exministro del Gobierno en la presidencia transitoria de Jeanine Añez “descarta un juicio con jurado” y puede ser condenado por hasta seis años de prisión. Un juez técnico determinaría la culpabilidad y fijaría la pena para Murillo, ahora detenido en un penal federal de Miami.

“La acusación señala expresamente que Arturo Murillo coordinó, conspiró, confederó y acordó a sabiendas y voluntariamente con Sergio Méndez Mendizábal (su exjefe de gabinete), Luis y Bryan Berkman, Philip Lichtenfeld y otras personas, para violar el artículo 18 del Código de los Estados Unidos”, explicó Chávez.

Murillo podrá recibir una condena de hasta seis años de prisión. No obstante Chávez agregó que después de ese tiempo, el exministro deberá volver a Bolivia a enfrentar los cargos por los que se lo acusa.

“Es importante recalcar que al declararse culpable, ante la inminencia que hemos dado a conocer, Murillo podrá recibir una condena de hasta seis años de prisión en sentencia que es inapelable, puesto que él se está sometiendo a una medida voluntaria, debiendo cumplir dicha condena en Estados Unidos y posteriormente enfrentar los cargos pendientes en nuestro país”, dijo.

Murillo fue detenido el año pasado y se declaró culpable por la compra con sobreprecio de agentes químicos mediante la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions, durante la gestión de Añez, por un costo de 5,6 millones de dólares.

El costo real de los implementos antimotines era de 3,3 millones de dólares y presunto sobreprecio de los gases lacrimógenos, estopines y balines de goma asciende a 2,3 millones sobre el total mencionado.

En un proceso diferente, Murillo es acusado por la presunta comisión de sedición, terrorismo y conspiración, dentro del caso golpe de Estado I, denunciado por la exdiptuada del MAS Lidia Patty.