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Aunque todavía es temprano para establecer un desenlace definitivo en el ciclo de conflictos que vive Bolivia desde hace un mes y medio, hay señales que indican una tendencia al desbloqueo parcial y a la desmovilización de algunos actores del campo de los “movimientos sociales”, aunque persiste el atrincheramiento y radicalización del evismo.
Y aunque esta sea una buena noticia, en comparación con las que hemos recibido durante 45 días, lo cierto es que nadie podrá cantar victoria: no podrán hacerlo los sectores que apostaron al golpismo, pero tampoco podrá arrogársela el gobierno, después de 22 fallecidos por falta de asistencia médica y de la pérdida de 2.000 millones de dólares en el aparato productivo.
En todo caso, si alguien debe ser reconocida es la amplia mayoría de la ciudadanía, que mantuvo un temple democrático, sin comprar las narrativas de “insurrección popular” y anti-neoliberalismo promovidas por los sectores destituyentes. Se comprueba que existe un aprendizaje, en relación a la candidez con la que fue recibida la misma propaganda golpista en el año 2003.
Esa posición refractaria hacia el discurso de los cabecillas del levantamiento es uno de los factores que pueden explicar la tendencia que, de momento, parece existir hacia el desbloqueo.
Otro factor a tener en cuenta es el de las crecientes disidencias sindicales, con al menos cinco centrales obreras departamentales cuestionando el accionar de la cúpula burocrática de la COB. A inicios de mayo, habíamos escrito (“Otro sindicalismo para una nueva democracia”) que “el mundo ofrece ejemplos de otras formas de hacer sindicalismo y es cuestión de comenzar a potenciar nuevos liderazgos entre los trabajadores, que puedan conquistar espacios de decisión, no sin pugnas y grandes esfuerzos”. El terreno parece fértil para avanzar en este sentido.
En cuanto a las estrategias gubernamentales, está claro que el simple “dialoguismo” se mostró insuficiente durante largo tiempo para desactivar la ola de bloqueos, pero sí habría tenido cierto efecto positivo el giro o la modulación del discurso dado con la aprobación de la Ley del Estado de Excepción y la promoción de funcionarios “halcones”, mostrando una “amenaza creíble” del uso de la fuerza constitucional, presión que puede haber influido sobre el cálculo de los bloqueadores.
Finalmente, nadie puede llamarse a engaño sobre el estado de la pacificación del país, mientras el “rey del Chapare” siga manteniendo el control sobre su narco-feudo en pleno corazón de Bolivia. Por ahora, hay que tomar aire, sanar las heridas que se pueda en el tejido económico nacional y fortalecer los acuerdos entre demócratas, para estar mejor preparados frente a desafíos similares que puedan replicarse en un futuro cercano.
