Cárteles de tres países operan en territorio boliviano, según informes policiales y registros periodísticos

Mientras las autoridades nacionales niegan reiteradamente la presencia de cárteles de narcotráfico en Bolivia, la periodista de El Deber Karem Mendoza, por un lado, y Humberto Vacaflor, corresponsal en el país del diario digital Infobae, por el otro, publicaron este viernes notas informativas sobre la presencia de organizaciones narco en el país.

“… una revisión de los informes policiales y de medios nacionales dan cuenta que en el país estarían presentes miembros de organizaciones dedicadas al narcotráfico, sobre todo en el oriente donde se reportaron nueve acribillamientos este año”, se lee en la nota de Mendoza para El Deber que agrega: “La preocupación crece en Santa Cruz y piden al Gobierno dar certeza, además de redoblar esfuerzos para combatir este ilícito internacional”.

“El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que prepara una estrategia para frenar el ingreso de los cárteles brasileños de la droga en territorio boliviano, aunque, según medios brasileños, ya es muy tarde”, señala el reporte de Vacaflor para Infobae y continúa: “El diario O Globo informó que Gilberto Aparecido dos Santos, conocido como Fuminho, capo del Primer Comando da Capital (PCC), vive y opera en Bolivia y O Estado de Sao Paulo dijo que ese cártel paulista de la droga posee cultivos de coca y fábricas de droga en territorio boliviano”.

Los hallazgos de El Deber

En junio de 2019 fueron revelados informes de la Policía Boliviana sobre un plan de seguimiento a integrantes del Primer Comando Capital y el Comando Vermelho, ambos de Brasil, y a miembros de los cárteles colombianos de Medellín y del Norte del Valle.

Además, fue detectada la presencia de los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Tijuana. A estas organizaciones se sumó la Ndrangheta calabresa, una de las mafias italianas más sanguinarias.

El entonces viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, y el exjefe antidrogas Maximiliano Dávila, este último ahora detenido, negaron tales afirmaciones.

Tres años más tarde, en enero de 2022, luego de la detención de Dávila, el entonces director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), José María Velasco, develó disputas del Comando Vermelho y el PCC en el municipio fronterizo de San Matías.

“Ciudadanos brasileños dedicados al ilícito de sustancias controladas ingresan a territorio boliviano, la disputa es entre el Comando Vermelho y el PCC para tomar control de nuestra amplia frontera”, alertó la autoridad policial que fue destituida en abril.

Recientemente, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo que organizaciones criminales de Brasil intentan asentarse en Bolivia, aunque no especificó los delitos que cometen.

Como una de las zonas más vulnerables se detecta el municipio cruceño de San Matías, donde se registraron 10 asesinatos entre enero y diciembre de este año. Las dos últimas personas acribilladas fueron un empresario y su ayudante que se encontraban cerca a la plaza principal, al interior de un inmueble.

Hasta octubre de este año, en Bolivia se registró una serie de personas acribilladas, en su mayoría por ajustes de cuentas relacionadas con el narcotráfico. Un común denominador es que al menos ocho víctimas estuvieron relacionadas con el PCC, que es una de las principales organizaciones criminales de Brasil dedicada al tráfico de drogas y de armas.

En mayo, el periodista Josmar Jozino, del portal UOL, reportó que uno de los líderes de PCC, Marco Roberto de Almeida, alias Tuta, había ingresado a Bolivia para operar, pero había sido secuestrado. Sin embargo, esa información fue descartada por el Gobierno.

Sobre el cártel de Cali y de Medellín, según un informe de la Policía al que accedió El Deber, estas organizaciones operan en Bolivia desde la llegada del emisario Célimo Andrade, quien se involucró con la familia beniana Lima Lobo en los años 80. Tras la captura de Andrade en 1992, los Lima Lobo habían conformado la banda Mariposa, que fue desbaratada en 1995.

Sin embargo, el nombre del clan cobró notoriedad en 2017, cuando la Justicia de Brasil solicitó la extradición de Einar Lima Lobo, con sello rojo por el delito de tráfico internacional de drogas.

La preocupación por la posible presencia de cárteles en Bolivia se incrementó por los indicios hallados en el Parque Noe Kempff, donde murió un policía en un operativo antidroga. El fiscal Fernando Mejía informó que encontraron escrito en la tierra la palabra “Farc”, haciendo referencia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Posteriormente, las autoridades desmintieron este hecho.

La información de Infobae

La alarma del ministro Del Castillo se dio después de que un grupo de narcotraficantes asesinó a un policía en la frontera con Brasil, en el parque nacional Noel Kempff, donde funcionaba una fábrica de clorhidrato de cocaína.

Al día siguiente, dos personas fueron acribilladas a balazos en la cercana población fronteriza de San Matías, la “Ciudad Juárez” de Bolivia, por la cantidad de hechos de sangre que se dan, siempre con la participación de brasileños.

El ministro dijo al respecto: “Es una zona fronteriza, son ciudadanos extranjeros que vienen a cometer delitos dentro del territorio nacional. Vemos cómo Brasil tiene organizaciones criminales que tratan de asentarse en territorio nacional. La Policía boliviana está elaborando un plan de contingencia para evitarlo.”

El presidente Luis Arce está incómodo porque todo esto ocurre cuando el exministro (de Evo Morales) Carlos Romero denuncia que los asaltos de tierras privadas y fiscales en Santa Cruz tienen relación directa con el narcotráfico, y que el actual gobierno es cómplice de ese plan.

En realidad, la denuncia de Romero afecta también a Morales, quien maneja la toma de tierras como parte de su propósito de expandir las plantaciones de coca.

Según el semanario Siglo 21, la denuncia del exministro revela que él es un nuevo aspirante a la dirección del MAS, partido que ahora está dividido entre los seguidores de Arce y los de Morales, con posiciones irreconciliables.

El País de Madrid informó que el PCC es la “hermandad de los criminales”, que tiene 35.000 “hermanos” y se maneja con un “código penal” propio que rige en catorce estados de Brasil, en Bolivia y Paraguay, además de otros países sudamericanos.

El jefe cautivo del PCC, Marcos Williams Herbas Camacho, “Marcola”, hijo de bolivianos, está preso en una cárcel de alta seguridad de Sao Paulo, donde debe cumplir una condena de 234 años de cárcel. Marcola presume de haber leído 3.000 libros en la cárcel y ahora recomienda a sus hijos no seguir sus pasos.

Los avances de los cocales y el poder del narcotráfico, que ha incursionado en la política, aflige a los bolivianos, como a todas las sociedades atormentadas por la industria más próspera de la región.

Además del PCC, desde Brasil bregan por operar en Bolivia el Terceiro Comando da Capital, el Comando Vermelho y otros cárteles que quieren ser los nuevos “bandeirantes”.

Las mafias brasileñas, colombianas, peruanas y mexicanas que operan en Bolivia son socias de los cocaleros de Morales.

Los cocaleros bolivianos están organizados en “sindicatos”, aunque no tienen patrones y son productores independientes, pero han sido cooptados por la organización política que Morales controla en el Chapare.

Allí no se cumplen las leyes, ni siquiera de la propiedad privada, porque los “sindicatos” deciden la tierra o el inmueble que se ha de vender o comprar. El avance de los cocaleros por todo el territorio es la pesadilla de los bolivianos.