Insólito: Asociación de Magistrados protesta por injerencia política de un diputado oficialista
Héctor Arce llegó a Sucre para sacarle tarjeta roja al vocal René Conde.
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La injerencia política en la justicia se da todos los días, en todos los gobiernos y es uno de los síntomas de la crisis terminal del sistema judicial boliviano. Así señalan estudios que apuntan a una reforma estructural de la justicia. Este lunes el diputado del MAS Héctor Arce apareció en el despacho del vocal chuquisaqueño René Conde para sacarle tarjeta roja y advertir con un proceso penal por prevaricato.
La presidenta de la Asociación de Magistrados de Bolivia, Grenny Bolling, reaccionó este martes ante los micrófonos del programa Periodismo que cuenta del destacado periodista Iván Ramos para expresar la protesta de su gremio por la actitud y la amenaza de Arce a la que insólitamente calificó de “injerencia política”.
“Se rechaza la actitud del señor diputado”, dijo Bolling, luego de señalar que se reconoce la atribución fiscalizadora de los parlamentarios, pero “las acciones realizadas por el señor diputado (sacarle tarjeta roja al vocal Conde) vulneran la independencia del Órgano Judicial”.
Arce, denunciante de presuntos actos de corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), reprochó la decisión de Conde de revocar la detención preventiva del empresario Jin Zhengyuan y del exgerente técnico de la estatal caminera Cristian Mendieta en Sucre, quienes eran los únicos detenidos por un soborno de 18,6 millones de bolivianos acordado con ejecutivos de la ABC para la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparáez a la empresa China Harbour Engineering Company (Chec).
Zhengyuan, luego de ser cambiado a detención domiciliaria, fue recapturado por la Policía y trasladado a la ciudad de La Paz para ser procesado por un segundo caso vinculado a la ABC, por el que un juez de la sede de gobierno ordenó la detención preventiva del ciudadano de origen chino en la cárcel de San Pedro, junto con el contador boliviano Esteban Aguilar Suxo, quien le ayudó a lavar más de 14 millones de bolivianos para el pago de la mitad de la coima de 18,6 millones en la Administradora Boliviana de Carreteras.
