Periodistas ganan la batalla: Comisión de DDHH suprime el artículo mordaza del proyecto de Ley 305
Adiós al artículo 281 que violaba la libertad de prensa en Bolivia.
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Este lunes, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados informó, a través de un comunicado, la supresión total del cuestionado artículo 281 del proyecto de Ley 305 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos. La decisión fue comunicada por la Presidencia de esa instancia legislativa y se espera que sea refrendada por los integrantes de la misma.
El mencionado artículo fue observado por organizaciones de periodistas y diferentes sectores sociales del país, toda vez que coartaba la libertad de expresión y atentaba contra el trabajo de la prensa.
“Reiteramos la firme defensa de los derechos humanos, en ese sentido la supresión del artículo 281 in extenso del Proyecto de Ley 305/2023, ante el diálogo y coincidencia con los diferentes sectores, y de esta manera atender con prontitud las sugerencias comunes, siendo respetuosos de los derechos y Garantías Constitucionales vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia”, señala la parte resolutiva del comunicado de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.
Dicha instancia parlamentaria añade que “la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia” y esa premisa “se defenderá, respetará y cuidará, conforme lo manifestado en el diálogo sostenido con los representantes de la Asociación de Periodistas de Bolivia (APB), Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Medios Alternativos de Bolivia (AMAB)”.
La decisión fue tomada luego de un plantón nacional de periodistas y encuentros con representantes de las asociaciones de periodistas y federaciones de trabajadores de la prensa de Bolivia. Según la comisión se logró “diálogo y coincidencia con los diferentes sectores y, de esta manera, atender con prontitud las sugerencias comunes, siendo respetuosos de los derechos y garantías constitucionales vigentes” en el país.
La semana pasada, dirigentes del gremio periodístico rechazaron ante la Comisión de Derechos Humanos de Diputados; el ministro de Justicia, Iván Lima, y la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, específicamente el artículo 281 al considerar que “viola la Constitución Política, la Ley de Imprenta, la libertad de prensa y el derecho de los periodistas a que se procese cualquier falta en el ejercicio de su tarea, solamente en el ámbito de la norma citada”.
En una carta enviada al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, también pidieron que se elimine el párrafo III de dicho artículo y que se excluya a los periodistas “de la figura penal de difusión e incitación al racismo o a la discriminación en el citado proyecto”, pues “suprime la garantía constitucional de los tribunales de imprenta”.
Posteriormente, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que la decisión de mantener o no el artículo era de la Comisión, la cual finalmente se conoció este lunes.
El artículo 281 del proyecto de ley 305 anunciaba sanciones de tres a siete años de cárcel contra las personas que difundan por cualquier medio “ideas basadas en la superioridad racial”; “promueva y/o justifique el racismo o toda forma de discriminación”; “pronuncie o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios”; e “incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios”.
A la vez, el Parágrafo III indicaba que “cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.
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