“Si quieren que callemos, tendrán que matarnos”, afirma el periodista Gonzalo Rivera ante injusta imputación
Human Rights Watch expresa su preocupación por la persecución judicial.
Escucha la noticia
Por publico.bo y Brújula Digital
Se lleva la mano a la boca para tapar sus palabras al inicio de su programa de la tarde en radio y redes sociales. “Nos quieren tapar la boca”, denuncia el periodista Gonzalo Rivera y luego sentencia: “Si quieren que callemos, tendrán que matarnos”. Rivera y otros dos periodistas que trabajaron en la estatal Bolivia Tv en 2020 fueron imputados penalmente por la Fiscalía por un hecho administrativo.
Los periodistas Andrés Rojas, Gonzalo Rivera y Shirley Gutiérrez, además de otros ocho exfuncionarios del Canal 7, fueron imputados por supuesto delito penal de incumplimiento de deberes, entre otros, y el siguiente paso es la realización de una audiencia de medidas cautelares que puede derivar en la detención preventiva de los periodistas u otras medidas sustitutivas.
El motivo de la imputación fiscal es la contratación, en 2020, de un politólogo de profesión y analista político para la producción y difusión de un espacio de opinión en Bolivia Tv, un hecho administrativo que, según Rivera, ha sido convertido por el Ministerio Público en un supuesto delito penal con el objetivo de callar voces críticas al poder desde los medios de comunicación, tradicionales y digitales como Encontrados, dirigido por Gonzalo Rivera y Shirley Gutiérrez.
El destacado periodista, con más de 30 años de experiencia, entregó sus manos y dijo: “Si nos va a meter a la cárcel por decir la verdad, señor fiscal ahí están las manos, tápennos la boca. ¿Eso quieren? Mátennos entonces, eso es lo que están buscando, vamos a seguir diciendo la verdad”.
Rivera informó a su audiencia que Gutiérrez y él no quisieron hacer pública su comparecencia ante la Fiscalía de La Paz, entendiendo que se trataba un tema administrativo que tiene su propia normativa de resolución, pero una vez emitida la imputación, dijo, está claro que la intención es callar su voz, la del programa Encontrados y de la gente que se expresa a través de ese espacio radial y por streaming, de lunes a viernes.
La Asociación de Periodistas de La Paz, presidida ahora por el periodista Raúl Peñaranda, está en conocimiento de la acción judicial sobre Rojas, Rivera, Gutiérrez y otros comunicadores, e informó que analiza las acciones que llevará adelante esa institución para impedir que se penalice la labor de los periodistas en el país.
La fundación de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch expresó este viernes su “preocupación” por las acusaciones que han recibido periodistas y otros profesionales que trabajaron en la red BTV durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez.
“Nos preocupan las imputaciones contra periodistas y otras personas que trabajaron en el canal estatal Bolivia Tv durante el gobierno de la presidenta interina Jeanine Añez”, dijo a Brújula Digital el investigador de la Human Rights Watch para América Latina, César Muñoz.
Señaló que “las autoridades pueden y deben investigar todo indicio de delito. Pero esos procesos deben siempre respetar los principios del debido proceso. Uno de esos principios clave es la ‘proporcionalidad entre la acusación y las conductas alegadas’”.
El representante de Human Rights Watch recordó que en uno de los casos, la Fiscalía busca una condena de hasta 10 años de prisión por un contrato en que a una persona se le pagó más de lo que era supuestamente permitido. “Parece excesivo recurrir a la vía penal y demandar una pena de 10 años por alegaciones sobre los términos de ese contrato”, añadió.
Muñoz comentó de esa manera las acusaciones realizadas contra los periodistas Andrés Rojas, Adriana G., Pablo Llano, Gonzalo Rivera y Shirley Gutiérrez y el politólogo Diego Ayo, quienes trabajaron en Bolivia Tv el año 2020.
