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La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a través de un comunicado, aclaró que el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales no afecta la libertad de expresión, tampoco la labor periodística ni incurre en censura, reportó la Agencia de Noticias Fides.
“En ese sentido, debe aclararse que el artículo 11 del Proyecto de Ley, antes citado, es aplicable solo y exclusivamente a los denominados sujetos obligados y aquellos que tienen el deber de informar en virtud a las actividades que desarrollan; entre los cuales no se encuentran periodistas ni medios de comunicación”, señala el comunicado.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) cuestionaron la norma aprobada en la Cámara de Diputados y alertaron que el Artículo 11 del proyecto de ley vulnera los derechos de reserva de información.
Otra parte del comunicado indica que la norma no vulnera la Constitución Política del Estado (CPE), ni contiene disposiciones que afecten la libertad de expresión, la labor periodística, ni incurre en censura previa.
“El artículo 333 de la Constitución Política del Estado (CPE) dispone que las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, gozarán del derecho de confidencialidad, salvo en los procesos judiciales, en los casos en que se presuma comisión de delitos financieros, en los que se investiguen fortunas y los demás definidos por la ley”, indica otra parte del comunicado.
Ambas instituciones del gremio periodístico consideraron que la norma, impulsada por el oficialismo, vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 107 de la Constitución instruye la regulación de la actividad periodística por la Ley de Imprenta cuyo artículo 8 expresa que “el secreto en materia de imprenta es inviolable”.
Por otra parte, la directora general de la UIF, Ana María Morales, manifestó que el proyecto de ley no contempla, en ninguno de sus artículos, que la UIF pueda solicitar que se levante la reserva de fuentes a periodistas, quienes no tienen el deber de informar, ni mucho menos son sujetos obligados.
“Sus actividades no están vinculadas a la intermediación financiera, mercado de valores, seguros, compra y venta de divisas y otros previstos en el Proyecto Ley, ni leyes en actual vigencia”, explicó la autoridad.
Sin embargo, uno de los acápites de la norma señala que la UIF podrá recabar información pública, reservada o confidencial, de cualquier registro público o privado, así como de entidades públicas o privadas, las que están obligadas a colaborar dentro del término que se les fije, con carácter efectivo e inmediato, excepto la información relacionada con la seguridad del Estado.
