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La dilatada diáspora haitiana, hoy atraviesa Bolivia, por José María Cabrera

José María Cabrera

Abogado constitucionalista, profesor de derecho y ex Procurador General del Estado

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Según datos de la ONU anteriores a la pandemia del Covid-19, una cantidad de  1.585.681 ciudadanos haitianos, equivalente a casi el 15% de su población  nacional, ya habían emigrado.  

Solo superada por la diáspora de venezolanos; la emigración masiva de  haitianos es sostenida en el tiempo y creciente en cantidad desde aquel atroz  terremoto del año 2010, uno de los más devastadores en la historia de la  humanidad del cual se tenga registro, y que generó una primera gran oleada  migratoria con destino primero hacía Chile y luego también al Brasil, naciones  que por aquella época pudieron brindar a los haitianos oportunidades de trabajo,  paz y prosperidad.  

Habiendo transcurrido más de una década desde entonces, y recrudecida la  situación económica, esta comunidad migrante, con los exiguos ahorros que  pudieron granjearse y esta vez junto a su nueva prole – miles de niños y niñas  haitiano-brasileñas y haitiano-chilenas – han emprendido un nuevo rumbo  migratorio con el propósito de llegar a los Estados Unidos.  

Ante la mirada perpleja de todas las Américas y del mundo, están realizando un  gigantesco y muy peligroso periplo de miles y miles de kilómetros, sorteando a  bandas delincuenciales, insalubridad, pobreza, abusos, estafas, climas  extremos, fauna salvaje, y ante todo ello un hecho lamentable, pero real, es que  muchos, incluidos los menores de edad, no lo lograrán.  

Su larga travesía inicia por diferentes vías y países de Sudamérica, lo cual  también ha incluido su tránsito a través de las principales ciudades de Bolivia  desplazándose por todo su eje de Este a Oeste, desde Puerto Quijarro en la  frontera con el Brasil, emprendiendo la ruta hacia Santa Cruz hasta llegar a La  Paz, y finalmente allí por la vía a Desaguadero continuar por el Perú para escalar  hacia el norte hasta confluir por miles en Colombia, en un primer cuello de  botella, en frente de la frontera con Panamá, donde intentarán atravesar el  Darién, una de las más peligrosas selvas pantanosas del mundo, que como  auténtica muralla natural, interrumpe todas las carreteras y vías entre ambos  subcontinentes, siendo su densa vegetación el telón propicio y muy arriesgado  para el paso irregular de miles de migrantes.  

Los haitianos que logran este paso, tienen como nueva meta atravesar todo Centroamérica, Méjico y finalmente arribar a la ciudad fronteriza de Tijuana,  segundo gran cuello de botella donde actualmente miles de ellos esperan y  buscan la manera de poder cruzar hacia el territorio estadounidense.  

¿Qué debemos hacer nosotros, aquí en Bolivia, frente a éste nuevo capítulo de  la diáspora de Haití por nuestro continente? Sin lugar a dudas emprender todas  las medidas y acciones humanitarias para auxiliar a éstos valientes ciudadanos,  sobre todo a los menores de edad, ya que el simple hecho de ser migrantes,  incluso con ingreso y tránsito irregular, no hace que pierdan su condición de personas y por ende siguen gozando de todos sus Derechos Humanos  reconocidos y garantizados no solo por nuestra Constitución, que en su Artículo  14 es ampliamente garantista, igualitarista y universalista, sino también por todos  los Tratados de DD.HH. del cual Bolivia es signatario.  

La indiferencia frente a esta urgencia humanitaria no es una opción moral ni  constitucionalmente aceptable, ni tampoco lo es el fácil recurso de las  expulsiones expeditas que atentan contra el régimen legal y del derecho  internacional de los refugiados en que también se constituyen los trabajadores  migrantes por razones económicas.  

La sociedad civil en su conjunto a través de sus diferentes organizaciones  sociales: sindicatos, iglesias, asociaciones y otros, en primer lugar; y luego el  gobierno nacional y los autonómicos; están llamados a emprender cuanto antes  las diferentes medidas y acciones humanitarias, entre ellas: la prevención frente  a múltiples estafas y redes de tráfico y trata de personas, proveerles asistencia  sanitaria y de salubridad, otorgarles orientación y protección legal, y finalmente  propiciar ya sea su salida por el puesto de frontera buscado, o en su defecto la  posibilidad de su regularización migratoria. 

La Solidaridad está mencionada en el Artículo 8.II de nuestra Constitución como  un Valor que sustenta a Bolivia, y es precisamente en este tipo de circunstancias  que el mismo debe ser puesto en práctica para la protección de quienes ahora  nos necesitan.  

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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José María Cabrera

Abogado constitucionalista, profesor de derecho y ex Procurador General del Estado

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