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Sí. En Bolivia existe una legislación vigente que regula el accionar de los partidos políticos. No es mi intención escribir acerca de esa legislación, por el simple hecho de que es letra muerta. Es sólo una hoja de ruta que nunca o casi nunca se ha caminado de manera eficiente y fidedigna. Y si se lo ha hecho, alguna vez, ha sido con el expreso fin de torcer esa normativa con fines oficialistas. Jamás con un ánimo de proteger la democracia y a sus actores políticos – electos por voto popular -, sean del frente que sean. No hay, en términos puristas, un verdadero control social sobre el accionar de quienes ejercen la política pública.
¿A quiénes le rinden cuentas los políticos? ¿A quiénes le deben explicaciones por sus actos, buenos o malos? ¿A quién transparentan sus finanzas? ¿A quién presentan el efectivo cumplimiento de su promesa electoral? ¿A quiénes se les responsabiliza por actos de corrupción de sus afines? ¿Cuándo un político o un partido rindió cuentas, hizo descargos públicos, certificados, debidamente auditados? Yo le tengo la respuesta a todas estas interrogantes: Nunca, ni a nadie.
Una junta de vecinos tiene mayores controles sociales y hasta jurídicos que un partido político. Una junta directiva de un condominio, de un edificio o de un simple club de barrio, está sujeta a controles más estrictos que un partido político.
Los políticos y sus agrupaciones, caminan por las calles de la democracia con una impunidad que asquea. Abusan del poder, roban a destajo y cuando no pueden esconder sus pillerías, creen que con su renuncia basta y sobra. Para ellos, el mayor castigo es perder la mamadera. Cuando en realidad, se los debería procesar por lo que son: unos simples ladronzuelos. Exigirles su renuncia es la mayor afrenta hacia ellos, por lo que creen que con esa expulsión del cargo público, el castigo es más que suficiente.
¿Quién les pide explicaciones cuando eligen a sus afiliados, muchos de ellos neófitos, para dirigir ministerios, direcciones, representaciones diplomáticas, cargos municipales o de gobernaciones y son la principal causa de generar no uno sino varios dolos económicos a las arcas públicas y se hacen de la vista gorda cuando son señalados como los principales responsables de la quiebra de un país o de un municipio o de una gobernación? El control no es con ellos ni para ellos. Porque cuando se les demanda la rendición de cuentas públicas, son autoproclaman perseguidos políticos, acusan a los medios de comunicación o a la oposición o a alguien más. Nunca asumen su delito de forma abierta y valiente. Siempre son, al final del día, unos simples zascandiles y jumentos.
La decadencia de los políticos entró en una vorágine inaceptable en todos sus términos y acciones en menos de 17 años. La administración pública es un nido de ratas donde el ciudadano de a pie está condenado a sufrir coerciones, chantajes, persecuciones impositivas y todo un gigantesco lastre que hunde y torpedea cualquier clase de crecimiento legal y formal en este país. Si usted, amable lector, es un micro o mediano empresario, tenga por seguro que están detrás suyo y deberá rendir cuentas hasta al más enano de los burócratas. Ellos tienen el sello y la firma: pero lo más importante, tienen el aval político para ser un ceporro.
La ausencia de estos controles efectivos es una de las más grandes bajezas en contra de la democracia. Esta anomia es transversal en el ejercicio de la política y es el impulso negativo que frena los avances democráticos, frustra las transiciones y amenaza la convivencia social entre bolivianos y, por supuesto, pone en riesgo su bienestar y futuro.
Son el fango y la miseria juntas.
