OpiniónPolítica

La bala de plata

Eric Cícero Landívar Mosiño

Abogado y Politólogo. Magister en Derecho Constitucional y Autonomías. Experto en materia electoral

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Iniciamos un nuevo año y en el país aún tenemos demasiados temas sin resolver. Muchos de ellos no se han resuelto por falta de voluntad política o por conveniencia, ya que mantener el statu quo beneficia a algunos en desmedro de la sociedad en general.

Probablemente cada ciudadano o cada sector tienen sus propias agendas de las cosas que se deben cambiar o mejorar en el país, desde lo más básico a lo más general, de acuerdo a sus necesidades o intereses.

En mi caso, planteo cuatro grandes temas pendientes de resolver: 1. La democracia; 2. La autonomía; 3. La economía; y 4. La justicia.

Para nadie es desconocido que en los últimos años la calidad de nuestra democracia ha disminuido bastante por el ejercicio autoritario del poder por parte del gobierno nacional. No existen escenarios democráticos de discusión y de construcción de consensos sino más bien siguen primando la polarización, discursos de confrontación y la persecución política a opositores.

La autonomía ha sido una de las grandes transformaciones que ha tenido nuestro país en los últimos años. Pero el impulso descentralizador con el que nació se ha ido desacelerando paulatinamente y hoy en día es un tema del que pocos hablan. Existe una desazón porque se piensa que la autonomía no ha servido de mucho, pero lo cierto es que hasta ahora no se ha podido ejercer la autonomía a plenitud. Uno de los motivos de esto, es que el gobierno central ha aprovechado su mayoría parlamentaria para re-centralizar varias competencias que corresponden a las autonomías.

La economía debe ser en este momento la principal preocupación de la  ciudadanía. Los efectos de la pandemia del COVID-19 han sido devastadores no solamente desde el punto de vista de la salud sino también económico. Muchos negocios o comercios han cerrado y la productividad de algunos sectores se ha desacelerado. Además, se debe sumar el hecho de que el país, desde antes de la pandemia, ya venía ingresando a una crisis económica debido a la baja de los precios internacionales de los recursos no renovables que exporta Bolivia.

La descomposición de la justicia es tan evidente que hasta el mismo gobierno nacional ha tenido que reconocerlo; y aunque dejé este tema para lo último en realidad es lo primero, debido a que si se resuelve esta problemática se avanzaría también en los demás.

Si existiera independencia judicial se acabaría el sometimiento de la justicia a los intereses políticos del partido oficialista y su uso político para amedrentar e intimidar a opositores, reduciendo la competitividad electoral. Ayudaría también a la construcción de consensos políticos, puesto que las minorías tendrían dónde acudir para hacer prevalecer sus derechos frente a los abusos del oficialismo. Esto sin duda alguna mejoraría la calidad de nuestra democracia.

Lo mismo sucedería con la autonomía, puesto que si se tuviera un Tribunal Constitucional independiente e imparcial se pondría un freno a aquellas leyes inconstitucionales que menoscaban la autonomía, y se haría respetar el catálogo competencial establecido en la constitución. De igual manera, una justicia independiente obligaría a la elaboración de un Pacto Fiscal, puesto que es un mandato establecido en la Ley Marco de Autonomías.

Finalmente, una justicia imparcial e independiente ayudaría a mejorar la economía puesto que  para invertir se necesita seguridad jurídica. Ningún inversor pondría su dinero en un país donde la corrupción y la inseguridad judicial lo dejarían en la quiebra, como lamentablemente ya ha pasado en nuestro país. No nos referimos exclusivamente a grandes inversores, sino también a pequeñas y medianas empresas que deben lidiar con el abuso y autoritarismo de instancias gubernamentales sin tener la opción de recurrir a una justicia independiente que pueda auxiliarlos.

Es por estos motivos que considero que reformar la justicia para lograr una independencia judicial es “la bala de plata” para resolver la mayoría de los problemas en nuestro país.

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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Eric Cícero Landívar Mosiño

Abogado y Politólogo. Magister en Derecho Constitucional y Autonomías. Experto en materia electoral

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