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A muchos les costará creerlo, pero hubo un tiempo en que varios de los principales referentes del socialismo en América del Sur eran firmes partidarios del librecambio internacional.
Fue el caso del fundador del partido socialista argentino, Juan B. Justo, quien fustigaba al proteccionismo alertando que iba “en contra de los consumidores, que en su gran mayoría son trabajadores”. Otro tanto decía su par uruguayo, Emilio Frugoni, quien denunciaba “la lamentable, funesta y corruptora política del proteccionismo aduanero”.
Ambos libraron y ganaron batallas ideológicas en pro del libre comercio en las conferencias socialistas de Berna y Amsterdam. Eran partidarios de la expansión de las “fuerzas capitalistas” y de la modernización económica, que entendían como condición previa para las reformas sociales.
De esto hace ya un siglo y después las izquierdas se fueron enfermando de autarquía: la estalinista del “socialismo en un solo país”; la del dirigismo fascista de Mussolini, que tanto influyó sobre varios populismos históricos latinoamericanos, aunque ahora se procure barrer ese detalle bajo la alfombra; la cepalina (la autarquía caviar), con su neolengua que hablaba de “sustitución de importaciones” e “intercambio desigual”.
El resultado, a lo largo de las décadas, fue que al abandonar el pensamiento de aquellos socialistas del libre comercio, las izquierdas regionales fueran convirtiéndose en una fuerza retrógrada en cuanto a la modernización de la economía, poniéndole trabas al desarrollo exportador bajo una supuesta lógica “mercadointernista”.
Así llegamos al día de hoy, con cuotas y prohibiciones de exportación en Bolivia, con limitaciones a la innovación biotecnológica en el campo, cuando lo más racional sería dejar hacer a la agroindustria (motor clave de las exportaciones no tradicionales) y captar las divisas que se necesitan para mantener el tipo de cambio estable.
Igual pasa en Argentina, con las altísimas retenciones a los agroexportadores, a los que incluso se amenaza por no “liquidar” sus reservas al precio vil de una moneda destruida por la emisión inorgánica.
Y hablemos también de las importaciones: la administración de Luis Arce vuelve a echar mano a la política de “sustitución”, mecanismo para hacerse con una clientela de pymes dependientes de la burocracia. Al mismo tiempo, el gobierno se ufana de la estabilidad de precios, sin reconocer que esto es posible gracias a la gran entrada de productos del exterior a través de la economía informal.
Entonces, mejor sincerarse, bajar aranceles y que la libre importación pase a canales formales. En alguno de los casos, como el de los vinos tarijeños, una suspensión del Impuesto al Consumo Específico (ICE) sería mucho más útil que la “lucha anti-contrabando”.
