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En nuestra plataforma digital “Entre Líneas”, Jaime Dunn de Ávila, considera que el aumento salarial generalizado acordado únicamente entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) en las actuales condiciones económicas, tendrá un efecto negativo no solo para la economía nacional, sino también para los propios trabajadores por la pérdida del valor adquisitivo y la inflación que se genera en el mercado nacional.
A tiempo de extrañar la participación del empresariado nacional y abogar porque termine la confrontación entre trabajador y empleador (cuando deben ser aliados naturales y entre ellos acordar el incremento salarial), Jaime Dunn razona que una buena cantidad de empresas se encuentran imposibilitadas de hacer el aumento por la sencilla razón de que no todas ganan y tienen utilidades.
Hay empresas que apenas cubren sus costos de producción y otras simplemente trabajan a pérdidas y resulta irracional que tengan que aumentar los porcentajes acordados entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana.
El aumento salarial debería hacerse, previo estudio matemático actuarial, y por cierto dependiendo de la salud económica de cada unidad de producción.
Sin embargo, el acuerdo supone que a todas las empresas les está yendo muy bien, y eso no es cierto; muchas pueden terminar cerrando y echando a la calle a los trabajadores.
Uno de los elementos centrales para establecer cualquier aumento salarial debería estar en función de la producción y productividad del trabajador. No se necesita ser un experto para concluir que, a mayor producción, corresponde mayor incremento salarial e incentivos económicos.
Según estudios internacionales el trabajador boliviano produce muy poco, si se lo compara con un obrero latinoamericano y la distancia aumenta con el europeo o estadounidense. La diferencia no solo tiene que ver con el nivel de educación y cultura laboral, sino fundamentalmente con el uso de la tecnología de última generación.
Un obrero agrícola europeo o norteamericano, con equipos altamente sofisticados, producirá siempre mucho más de lo que puede llegar a producir un campesino boliviano con su arado de los siglos XVIII y XIX.
Otra novedad que plantea Jaime Dunn es que el aumento salarial no sale del bolsillo del empleador (como siempre han predicado), sino del consumidor del producto que fabrica la empresa. Aboga por que se cambie el concepto tradicional y obsoleto de que el obrero siempre tiene que vender su esfuerzo al empleador y convertirse en un accionista y propietario de la empresa.
La consigna es que Bolivia deje de ser un país de proletarios para convertirse en un país de propietarios, y el obrero pueda tener una pequeña cuota de acciones de modo de romper con el centenario antagonismo perverso que ello implica.
La Ley General del Trabajo también conspira contra el trabajador no solo por su obsolescencia sino porque no permite que el obrero se convierta en accionista. El sentido de pertenencia es fundamental en el mercado laboral. La ley data del año 1939, y se elevó a rango de ley el año 1942.
El decreto reglamentario data del año 1943 y el código procesal del trabajo del año 1979. En todo este tiempo se han aprobado disposiciones legales y administrativas a granel, y una copiosa jurisprudencia constitucional (en muchos casos contradictoria), que ha terminado generando inseguridad jurídica para los trabajadores y los empresarios.
En toda esta cruzada económica es imprescindible tener un Órgano Judicial creíble, independiente, imparcial y competente porque en sus manos está la mentada seguridad jurídica.
La defensa real de los recursos humanos (los trabajadores) y el capital económico (los empresarios) exige una modernización igualmente del Ministerio del Trabajo y la justicia laboral de modo de generar seguridad jurídica y riqueza para combatir la pobreza, que debe ser un objetivo estratégico del Estado boliviano.
Jaime Dunn concluye en la entrevista digital que el aumento salarial generalizado es tramposo y perverso para la estabilidad y crecimiento económico y la economía del propio trabajador.
Todo incremento del salario tiene un efecto negativo directo en los precios de la canasta familiar y el costo de vida porque distorsiona las variables económicas y aumenta la inflación que por lo general la sufren los obreros y los hogares de escasos recursos.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
