Escucha la noticia
Acaba de presentarse el “Índice del Estado de Derecho 2022” preparado por el prestigioso World Justice Proyect que mide el estado del arte en 140 países durante el 2021, calculando puntajes y clasificaciones según estos ocho factores: Restricciones a los poderes del gobierno; Ausencia de corrupción; Gobierno abierto; Derechos fundamentales; Orden y seguridad; Cumplimiento normativo; Justicia civil y Justicia penal) y 44 sub factores.
Se trata de la principal fuente mundial de datos originales e independientes sobre el estado de derecho y brinda información actual y confiable a los encargados de formular políticas, organizaciones de la sociedad civil, académicos, ciudadanos, empresas y profesionales del Derecho, entre otros. Esa última edición se ha basado en encuestas a más de 150.000 hogares y 3.600 profesionales y expertos legales en el mundo, para medir cómo se experimenta y percibe ese estado. Se encuentra disponible en https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/
De acuerdo con su definición práctica utilizada, el estado de derecho consiste en un sistema duradero de leyes, instituciones, normas y compromiso comunitario qué a través de estos cuatro principios universales, ofrece: leyes justas, responsabilidades compartidas entre lo público y lo privado (accountability); gobierno abierto y justicia accesible e imparcial.
A nivel global el informe muestra qué por quinto año consecutivo continúa la recesión del estado de Derecho en el mundo; pues declinó en 7 de 8 factores (salvo orden y seguridad); que las tendencias autoritarias previas a la pandemia continúan, así como la erosión generalizada de los DDHH; los controles sobre el poder ejecutivo se están debilitando; el respeto por los DDHH está cayendo y, que entre 2015 y 2022, el estado de derecho se deterioró en el 64 % de los países evaluados.
El país mejor clasificado es Dinamarca (1), seguido de Noruega, Finlandia, Suecia y los Países Bajos. Los últimos países clasificados son Venezuela (140), Camboya (139), Afganistán (138), la República Democrática del Congo (137) y Haití (136). Los países con el mayor declive en el estado de derecho este año son Sudán, Myanmar, Haití, Afganistán y Nicaragua y los que mejoraron con la mayor puntuación este año son Honduras, Kosovo, Belice, Moldavia y Estados Unidos.
¿Cómo le fue a Bolivia? Muy mal; pues sólo logramos el 0.38 sobre 1 (que es el máximo) con una disminución del 0,01. Ocupamos el puesto 130 de 140 países a nivel global y, en lo regional quedamos en el puesto 29 de 32, sólo por encima de Nicaragua, Haití y Venezuela. Aquí, los mejores lugares, los tienen Uruguay; Costa Rica y Chile.
En los 8 factores citados nos fue así: en Restricciones a los poderes del gobierno estamos a nivel global en el puesto 126 de 140 y regional en 29/32; en Ausencia de corrupción 135/140 y 31/32; en Gobierno abierto 99/140 y 28/32; en Derechos fundamentales 99/140 y 28/32; en Orden y seguridad 124/140 y 27/32; en Cumplimiento normativo 123/140 y 28/32; en Justicia civil 138/140 y 31/32 (sólo por encima de Venezuela y Camboya) y en Justicia penal 139/140 (sólo le ganamos al desastre venezolano) y 31/32.
Como sale de su presentación oficial, no importa quiénes seamos o dónde vivamos, el estado de derecho nos afecta a todos, pues es la base para comunidades de justicia, oportunidad y paz, que sustentan el desarrollo, el gobierno responsable y el respeto por los derechos fundamentales. La investigación muestra que se correlaciona con un mayor crecimiento económico, mayor paz, menos desigualdad, mejores resultados de salud y más educación.
Más allá de los burdos discursos, la demagogia y la eterna controversia entre los distintos actores nacionales, informes como este nos muestran más allá de toda duda razonable que no solamente los distintos gobiernos que han administrado el estado boliviano sino los ciudadanos que los elegimos o toleramos, estamos demostrablemente fracasando en construir mejores días para todos nosotros. El discurso y el papel aguantan todo, pero esta realidad científicamente revelada, prueba la dura realidad. “Incluso cuando acumulan nuevos poderes, los líderes autoritarios justifican cínicamente sus acciones como defensa del estado de derecho”. Elizabeth Andersen, Directora Ejecutiva del WJP.
