Chile y Bolivia: pragmatismo en terreno frágil
Esta relación, a diferencia de la que Chile sostiene con Perú o Argentina, no cuenta con la misma presencia ni con mecanismos de seguimiento. Ambas cancillerías lo saben: sin arquitectura, no hay comparación posible.
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La visita del canciller chileno Francisco Pérez Mackenna a Bolivia en abril de 2026 abrió un espacio inesperado de cooperación. Los abrazos en La Paz y Santa Cruz, las reuniones con empresarios y políticos, y hasta el gesto de dormir en la frontera son más que símbolos: son señales de intención de llevarse bien.
Pero la diplomacia no se sostiene sólo en gestos. Como advierte Gloria de la Fuente en El País (3-04-2026), la construcción de confianza no comenzó ahora: se ha ido pavimentando paulatinamente. Tras dos décadas de “maritimización”, se cerraron jurídicamente los pleitos del mar y del Silala. Lo que vino después fue silencio, un tímido acercamiento y finalmente poner el piso de la relación, empujada por necesidades de seguridad en frontera y las reconducciones en el gobierno chileno que acaba de concluir. Olvidar eso es omitir el rumbo de los intereses nacionales. Conversar sobre la modernización del ACE22, puertos, Sica Sica, la reinauguración de vuelos de BOA y la mesa binacional de recursos hídricos son avances concretos, pero sin arquitectura sólida. Los buenos oficios de los cancilleres y de los presidentes, la condecoración al Comandante en Jefe del Ejército de Bolivia en Chile hace algunas semanas, deben ir acompañados de recursos y equipos técnicos efectivos. Hasta aquí, la densidad institucional sigue siendo insuficiente, por no decir con honestidad que no hay arquitectura efectiva.
Esta relación, a diferencia de la que Chile sostiene con Perú o Argentina, no cuenta con la misma presencia ni con mecanismos de seguimiento. Ambas cancillerías lo saben: sin arquitectura, no hay comparación posible.
Los datos lo confirman. En 2025, el intercambio comercial entre Chile y Bolivia alcanzó los US$ 1.184 millones, con un superávit chileno de US$ 893 millones, o sea el 0,25% del PIB de Chile o un 0,4% del comercio exterior chileno. Bolivia depende de combustibles refinados y del acceso a puertos chilenos, mientras Chile importa principalmente materias primas y alimentos. La asimetría es estructural y sin institucionalidad seguirá reproduciéndose. Eso no gusta en Bolivia, se critica abiertamente y se acusa a Chile de promoverlo por interés propio, una acusación por cierto ofensiva.
Sin embargo, la dimensión social es significativa. Más de 180.000 bolivianos residen en Chile, concentrados en Antofagasta, Tarapacá y la Región Metropolitana. En Bolivia hay cerca de 5.000 chilenos. Aquí, son una comunidad joven y mayoritariamente femenina, que aporta a la economía y a la vida cotidiana del país. A ello se suman los estudiantes bolivianos en universidades chilenas, beneficiados por becas de cooperación y convenios académicos, aunque en números aún reducidos. Y ni qué decir de los temporeros que van y vienen en cada temporada agrícola, cubriendo la mano de obra rural de la zona centro sur de Chile con más de 100 mil solicitudes de visas laborales solo en el año 2025 (SNA). Estos vínculos muestran que la relación bilateral no es solo política, transfronteriza o comercial, sino también extendida y relevante.
El compromiso es evidente: si se acelera el proceso sin arquitectura diplomática sólida, habrá desorden y escasa eficiencia. Bolivia, bajo el gobierno de Rodrigo Paz, ha mostrado escasa articulación institucional en materia internacional: no ha renovado embajadores ni sedes consulares por falta de recursos, y las críticas son diarias. ¿Hará algo más que designar un cónsul general o eventualmente un embajador en Chile? Hoy la relación se sostiene en voluntad política y en gestos empresariales chilenos en Bolivia, pero la voluntad, por sí sola, no alcanza para dar densidad ni continuidad. La voluntad no basta para dar rentabilidad a la relación en ambos países.
Con Rodrigo Paz y José Antonio Kast, por fin estamos de acuerdo en que la relación debe ser funcional y pragmática, y eso es una gran cosa. Pero esa funcionalidad genera resistencias entre grupos de élites en La Paz, que ven amenazados sus relatos históricos y sus espacios de poder. Lo he apreciado personalmente hace unas semanas en un conversatorio sobre los dos países en la Universidad Católica en La Paz, cuando se dijo que en Bolivia no se puede olvidar, que no se puede soslayar el tema marítimo y yo repliqué que era necesario hacer gestos, gestos que sí se hicieron el 23 de marzo en toda Bolivia, llamando a mirar las cosas con otros ojos.
Sin embargo, el gobierno de Rodrigo Paz cumple apenas seis meses y ya tiene seis frentes de conflicto abiertos: los transportistas que presionan por subsidios y la limpieza de la gasolina contaminada, las demandas de mayor seguridad ciudadana tras la ola de violencia en Santa Cruz, las tensiones en el sistema judicial por la falta de reformas, las pugnas con gobernaciones que reclaman autonomía y recursos, los reclamos de la Central Obrera Boliviana (COB) por salarios y empleo, y los problemas de coordinación en materia de migración y frontera. Este cuadro interno absorbe buena parte de la energía política del gobierno y limita cualquier capacidad de proyectar una política exterior consistente.
En democracia, los Estados deben dar la cara y decir de frente a ambas opiniones públicas que vamos a avanzar sin temor a esas voces hostiles, que será política de Estado hacerlo. Bolivia deberá ver cómo desactiva su articulado constitucional en la materia: la reivindicación marítima inscrita en la Carta de 2009. Mientras el artículo 267 siga vigente y sin debate nacional, la relación nunca tendrá densidad institucional. Hoy existe mayoría en la Asamblea para abrogarlo, pero hacerlo mal incendiaría la pradera.
En cuanto a la agenda de temas, esta lo abarca todo. ¿Cuál es la priorización? Comercio, conectividad aérea, turismo, migración, cooperación cultural y académica, entre otros, muestran que hay espacio para avanzar, porque en décadas se ha hecho muy poco. Pero sin institucionalidad, cualquier medida técnica corre el riesgo de ser interpretada políticamente. Diseñar una estrategia paso a paso es clave para revertir la narrativa histórica; cambiarla requiere educación en ambos países, medios de comunicación comprometidos no con el titular, sino con el tono y el objetivo. ¿Cuál es el objetivo entonces? Emprender el camino para asumir que el pasado no puede seguir definiendo el futuro entre Chile y Bolivia. En ello, es meritorio que Rodrigo Paz haya interrumpido la narrativa de pugnacidad y deterioro cotidiano que los presidentes anteriores le imprimieron por décadas a la relación. También es meritorio que José Antonio Kast haya dado pasos de acercamiento concretos. Sin embargo, la cancha debe nivelarse en niveles administrativos, entendiendo que Bolivia tiene códigos distintos a los nuestros y en ello hay un mundo por aprender y valorar.
La reanudación de relaciones es un tema diplomático; hoy estamos en esferas políticas preliminares para llegar a ello. La mesa no está servida; lo que tenemos son platos dispersos sin un mantel institucional que los sostenga. Y comer apurados, jamás ha sido una buena idea. La diplomacia se sostiene en gestos; pero cuando no hay narrativa compartida, se sostiene en hechos. Sin institucionalidad, los gestos y los hechos se diluyen y el riesgo es que queden en el titular. Chile y Bolivia viven hoy un momento propicio, menos condicionado por símbolos y más por necesidades reales de integración, que en el convulso ambiente regional dan un respiro y una esperanza real a ambas sociedades. Sin embargo, la prudencia es indispensable: consolidar primero la arquitectura, antes de precipitar un restablecimiento de relaciones. Reanudar sin arquitectura podría hacer lo frágil, volátil y desesperanzador. Sin institucionalidad, cualquier acercamiento será efímero, frágil y vulnerable a la coyuntura.
