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Al inicio de las amenazas de cerca a La Paz (y El Alto) y protestas a fines de abril de este aciago 2026, todo parecía indicar que era un gesto de los muchos que, lamentablemente, nos tiene acostumbrados los jefes sindicales del campo y la ciudad. El actual gobierno estaba cumpliendo seis meses den funciones y rápidamente reaccionó abrogando la Ley 1720 de conversión voluntaria de pequeña propiedad a mediana. A inicios de su mandato, también abrogó un decreto del que solo rescató los precios más realistas para los combustibles, hasta entonces fuertemente subvencionados. Estas dos medidas fueron mensajes de gobierno débil para esas dirigencias sindicales que decidieron avanzar con todo en los bloques y escalar las demandas pidiendo la renuncia del presidente. Hay que recordar la pésima relación entre el titular del ejecutivo y el vicepresidente, que el solo pensar en él como reemplazo del presidente solo puede augurar un desastre de proporciones.
Insisto en calificar a sindicatos como la forma de organización de los movilizados y en la actual coyuntura eso significa con jefes intolerantes y acostumbrados a tener ingresos por esa sola condición y medrar de los recursos estatales, como se acostumbraron ellos casi 20 años de régimen masista. No son comunidades indígenas que tienen control sobre sus líderes que respondan a turnos de servicio a las mismas. Eso ocurría en el pasado y solo a nivel de base, no a medida que se asciende en la estructura sindical que alcanza a la federación, y mucho menos a nivel de confederación. Sin embargo, como consecuencia del discurso y simbolismo que revaloran las prácticas de los pueblos indígenas de las últimas décadas se ha atizado intensamente un sentimiento de rencor y sobre esa pauta ahora los jefes pueden mostrarse inflexibles y abiertamente desafiantes con el orden legal y democrático. Similar modificación de estilos de dirigencia puede hacerse sobre el sector sindical minero, de las admirables resistencias al militarismo de los 60s y 70s a las mal llamadas cooperativas mineras con notables ganancias y poquísimos impuestos, sin considerar la brutal contaminación del mercurio para separar el oro de otras sustancias. En esos ámbitos, principalmente, se está prefigurando una dictadura sindical, que pretende irradiarse al conjunto del país. Y es difícil no considerar allí la injerencia de poderes fácticos del mundo ilegal del narco con claras conexiones internacionales, además del desplazado al Chapare, con nostalgias de su pretensión sultánica de gobierno.
Porque ese es el punto central de este texto, los movilizados y operadores del cerco, mismo que jamás puede considerarse un recurso legítimo de acción política, es que no ofrecen un proyecto de país que no sea el de país-campamento. Con capataces a título de dirigentes, con vistosos atavíos de relucientes cascos y ponchos rojos, pero que en su práctica actual no representan las luchas prodemocracia del siglo XX. Por ello no concitan ninguna solidaridad de la ciudadanía que padece los efectos de dicho cerco y bloqueo, y más bien incentiva la animadversión que en el pasado premasista parecía estar superándose, cuando la democracia funcionaba con grados de pluralismo y pactos más visibles y explícitos.
La pretensión de renuncia y nuevas elecciones es inaceptable. No porque el gobierno sea un dechado de virtudes, claramente no lo es. Pero no tiene los ribetes de autoritarismo y corrupción que terminó hundiendo al masismo. Un grupo, aceptemos numeroso de movilizados violentos, pero incomparablemente menor a los ciudadanos que ya votamos en dos vueltas el pasado año y produjo un gobierno, que indudablemente deberá estructurarse mejor, junto con la formación de un claro bloque congresal que permita las mayorías necesarias, en concordancia con el voto que produjo esa representación.
De allí debe emerger un proyecto renovado de sociedad democrática, con campo a las disidencias que han de procesarse vía reformas, como corresponde a un orden social abierto, con impulso a innovaciones de la iniciativa privada con concurrencia de los más idóneos del campo público que permitan sacar de la crisis que tiene ribetes morales, es decir, de ánimo y rumbo orientado para unos y otros, no la imposición autoritaria vía coactiva, a título de “pueblo”.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
