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Confieso que mi capacidad de asombro permanece intacta: “no puedo entender” (como dice cada vez el cacique del Chapare) el cinismo que protege como chaleco antibalas a ciertos personajes de la política nacional, a quienes parece que todo les resbala, incluso acusaciones directas sobre su comportamiento ético y moral, no sólo político.
Por ejemplo, y sólo para recordar algunos hechos que son por todos conocidos, el vicepresidente Choquehuanca no ha abierto su pico (hasta donde yo he podido saber) sobre la acusación de que su hijo de 25 años posee una casa valuada en 300 mil dólares y además ha recibido un préstamo bancario de 1 millón de Bolivianos. Frente a esa acusación, palidece la otra: que el muchacho “trabaja” en una institución del Estado en un cargo para el que no es idóneo. Choquehuanca ni se mosqueó, simplemente aprovechó para huir en otro de los muchos viajes internacionales que hace a costa del erario sin ningún resultado beneficioso para el país.
Los hijos del presidente Arce Catacora también han sido acusados de enriquecimiento ilícito y tráfico de grandes extensiones de tierras en Santa Cruz, pero Arcínico o “Tilín”, con su habitual indolencia, no ha comentado el tema.
El presidente de diputados, con cara de monolito que nunca se sonroja, parece inmune a las acusaciones que se han hecho públicas sobre el contrabando de autos chutos y corrupción a través de funcionarios nombrados por él en la propia cámara baja, entre otras muchas. No hace su trabajo, pero “trabaja” en las sombras para enriquecerse: diez bienes declarados y una deuda de 2.7 millones de Bolivianos (ojo, eso es lo que admite, pero hay mucho más).
Julia Ramos, ex diputada, ex ministra de Tierras de Evo Morales y ahora vicepresidenta del MAS, luego de haber sido protagonista del escándalo de corrupción del Fondo Indígena (FONDIOC), encarcelada y liberada por la “justicia” masista, tiene 174 propiedades a su nombre en Tarija (es lo que se ha podido descubrir hasta ahora en los registros de Derechos Reales). Y no pasa nada.
El diputado Jorge Rengel Terrazas sacó del país 51 millones de dólares con destino a Bélgica, Costa de Marfil, Alemania y Turquía, pero no tiene el menor empacho en decir que esa plata la acumuló con el contrabando de autos chutos (no podría alcanzar la suma astronómica mencionada ni con más de 2 mil vehículos). Pues bien, el diputado sigue siendo diputado y nadie pestañea. Es típico en la era del MAS que ha sumido a Bolivia en la decadencia más profunda.
La sucesión de escándalos protagonizados por dirigentes masistas me deja boquiabierto, aunque constato que la mayoría de la población está tan domesticada que no le importa. En otros tiempos los hechos de corrupción no eran pan de cada día pero resonaban durante meses cubriendo con una sombra de ignominia a los implicados. Hoy, sin sonrojarse, continúan en sus puestos o si renuncian, se reciclan en otros cargos en el Estado, con frecuencia para proceder de la misma manera, es decir, para enriquecerse sin empacho.
Pocos pagan con cárcel sus desmanes y corruptelas. Es emblemático un grave caso de corrupción del primer gobierno de Evo Morales: Santos Ramírez, su amigo de cama y rancho, con quien compartía un departamento en Miraflores. En esos días Evo declaró que “nunca” ocuparía la casa presidencial de “dictadores y neoliberales” (pero pronto olvidó su promesa). Santos Ramírez era el principal implicado en el caso Catler, que sólo se descubrió porque hubo un asesinato de por medio. De otra manera, nadie se hubiera enterado de la millonaria corrupción del profesor rural convertido de la noche a la mañana en presidente de YPFB, la empresa estatal más importante. Al día siguiente Morales salió a defenderlo, pero un par de días más tarde tuvo que tragar sus palabras ante la evidencia aplastante presentada por la Policía. Santos Ramírez pasó unos años en la cárcel y está otra vez libre, probablemente gozando de los millones que nunca devolvió.
No es menos emblemático el caso de Gabriela Zapata, una de las amantes secretas de Evo Morales, que también pasó unos años presa y ahora goza en Cochabamba de su fortuna mal habida. Hay quienes desvían la atención sobre un chisme digno de telenovela: si existe o no un hijo de ambos, cuando el verdadero problema son cientos de millones de dólares de contratos con la empresa china CAMC, de la cual Zapata era funcionaria o intermediaria, sin tener ninguna capacidad profesional, sólo por su relación íntima con el jefazo (que es el responsable final de los fondos del erario desviados). Morales no ha sido hasta ahora citado ni siquiera como testigo, ni Quintana, ni Romero, y otros ex ministros que intentaron crear una cortina de humo para esconder, además, el hecho de pedofilia, ya que Zapata era menor de edad cuando inició su relación íntima con el “gran jefe indio del sur”, como lo llamó el dictador Nicolás Maduro.
Uno de los más sonados por el daño al erario es el Fondo Indígena, que hizo evaporar cerca de 200 millones de dólares depositados en las cuentas personales de dirigentes de los prefabricados “movimientos sociales”, nidos de ladrones sin ética. Nemesia Achacollo (protegida por Evo Morales) y otros pocos pasaron unos meses en la cárcel, pero el que denunció los hechos, Marco Antonio Aramayo, murió tras las rejas luego de varios años de hostigamiento y tortura sicológica, con más de un centenar de juicios encima (le siguen añadiendo procesos aunque ya murió), como si hubiera sido cómplice en cada uno de los desfalcos. El responsable principal, Evo Morales, no fue citado ni siquiera como testigo.
Bribones como los exprocuradores de la República, Héctor Arce Zaconeta, Pablo Menacho, César Navarro y Wilfredo Chávez, entre otros, han ido navegando entre cargos del Estado y sus bufetes jurídicos privados, usando los primeros para beneficiar a los segundos. Se les acusa de haber “perdido” para Bolivia multimillonarios arbitrajes internacionales de los que aparentemente salieron favorecidos como individuos. El caso Quiborax es emblemático porque el Estado boliviano acabó pagando 42.6 millones de US$, más de diez veces de lo previsto inicialmente. Es obvio que ahí operó el virus de la corrupción, nadie se cree el cuento de que los abogados bolivianos son tan inútiles. En total, se estima que gracias a estos pillos el Estado ha perdido en litigios internacionales más de 715 US$ millones de dólares. No es invento de la oposición, por mucho que le duela al régimen. Los datos salen de informes de la propia Procuraduría General del Estado, que no pudo esconderlos: 65 millones de US$ a la Red Eléctrica Internacional S.A.U; 357 millones a Pan American Energy; 18 millones a Inversiones Econergy Bolivia (GDF Suez S.A.), 240 millones a Carlson Dividend Facility; 10 millones a The Bolivian Generating Group; 34 millones a Iberdrola; 20 millones a Paz Holdings Ltd; 36 millones a RurelecPLc; 26 millones a South American Silver Limited (SAS) y así sucesivamente.
Como en un iceberg, hay una gran parte de la corrupción que está escondida, que saldrá a la luz cuando haya posibilidades de investigar con transparencia y hacer auditorías de todos los proyectos y programas de los gobiernos del MAS. Detrás de cada empresa estatal (todas deficitarias, creadas sólo para emplear a militantes), hay sobreprecios, malos manejos y uso indebido de bienes públicos: planta de urea, aeropuerto “internacional” de Chimoré, museo de Evo en Orinoca, sede de Unasur, ingenio en San Buenaventura, Papelbol, Emapa, empresa de hierro del Mutún, Yacimientos de Litio Bolivianos, YPFB, BoA, etc.
La lista de ladrones del MAS enriquecidos de manera ilícita es muy larga, son tantos, que si uno no consultara los archivos correría el riesgo de olvidarlos. Juan Santos Cruz, que recibió coimas como ministro de Medio Ambiente y Agua, Edwin Characayo agarrado con las manos en la masa cuando recibía un soborno por la titulación de tierras en San Ramón, los ex alcaldes de El Alto, Edgar Patana y Zacarías Maquera, etc.
Hay infinidad de artículos y libros sobre los casos más sonados de corrupción durante los gobiernos masistas, pero la impunidad campea. Los pillos son premiados con cargos poco notorios o tienen un pie fuera de Bolivia por si acaso les llegue la hora de rendir cuentas. En el mejor de los casos, son enviados a la cárcel por un tiempo y luego se benefician de “detención domiciliaria” que en este país es una suerte de premio. Ni siquiera nos enteramos dónde están.
Nunca en toda la historia de Bolivia la corrupción fue tan generalizada en el aparato del Estado y nunca los montos de los desfalcos fueron tan grandes. Los casos de corrupción durante las dictaduras militares o los gobiernos neoliberales son minúsculos por comparación. La podredura en las dos décadas masistas no sólo le ha hecho un daño económico al Estado, sino que deja dos generaciones de jóvenes ávidos de corromperse, porque esos son sus nuevos “valores”.
Reitero mi estupefacción intacta, más aún cuando a la mayoría de los bolivianos parece que no le importa, quizás porque están esperando su oportunidad de hacer exactamente lo mismo. Los veinte años de masismo han establecido como norma la viveza criolla, la complicidad entre pillos y el cinismo. No solamente los bribones tienen cuero de ballena, también los ciudadanos a quienes casi dos décadas de masismo han domesticado de manera tal que para ellos la corrupción es un hecho cotidiano normal.
