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La Constitución boliviana (CPE), en su art. 11-I, si bien afirma textualmente que “la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”; sin embargo, en los hechos podemos advertir que seguimos enclaustrados, en un Estado de partidos.
Recordemos que la partidocracia se extendió en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, como residuo de las corrientes totalitarias, por ende, lo que opera bajo esta perspectiva en política es la lucha por detentar y conservar el poder.
El Estado de partidos, es un concepto que se designa al sistema de gobierno en el que los únicos actores del panorama político son los partidos, aunque teóricamente se viva en democracia. Estos partidos, a través de un sistema democrático de turnismo se van intercambiando el gobierno, coartando así la expresión ciudadana hacia otros partidos que no sean los existentes. Por lo tanto, los ciudadanos se apartan de los partidos y comienzan a actuar e intervenir de otras maneras, por ejemplo, con la creación de “grupos de presión”, pues mientras más divididos estén los ciudadanos, es mucho más fácil imponer por “la fuerza” posiciones y preferencias a favor de los gobiernos de turno, ya no solo exigir de las personas la tributación sino además, a nombre del Estado obtener mayor control de la población buscando sumisión total incluso hasta en la línea política que deben tener, todo ello, con fines de perpetuación del poder y consolidar la impunidad.
Esta situación también se puede observar en otros países. Esto deriva de un sistema político donde aquellos que tienen el poder se preocupan principalmente por dos razones: 1) ser reelegidos para ellos mantenerse en el poder de forma hegemónica o conservarlo, polarizando todo entre ellos mismos, constituyéndose oligarquías que mandan y ordenan un partido (como mencionaba el sociólogo Robert Michels, en su obra “los partidos políticos”, donde formula la “ley de hierro de la oligarquía” cuya reglas de juego, es “yo te doy y tú me das”, “yo te apoyo y yo te mantengo”); y, 2) aumentar los presupuestos del Estado de forma desproporcional y astronómica, para obtener una mayor dependencia estatal de los ciudadanos, instaurándose Estados niñeras, incluso buscando la abolición de la propiedad privada, al extremo, en algunos casos, donde se diga que el Estado poseerá los bienes y los proveerá a los administrados (a su población) como servicios, desalentando la iniciativa privada y el emprendimiento de la sociedad civil.
El art. 10 de la CPE, menciona que Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, pero en los hechos, en pleno Siglo XXI, vemos más promoción a la barbarie conducente a una rivalidad violenta continua con afectación a las libertades individuales de los bolivianos, incentivando al odio, la discriminación y la violencia.
Con todo ello, es menester exigir a todas las autoridades (nacionales, departamentales, municipales, etc.) y todos los servidores públicos, el cumplimiento de la Constitución, más precisamente, la articulación pragmática y no sólo teórica, de dos factores fundamentales de eficacia y eficiencia del Estado, esto es, la efectivización de la separación de poderes, la libertad política de la sociedad civil y su representatividad; y, la independencia de los órganos de Estado, todo ello, previstos en los arts. 11 y 12 de la CPE; y, obviamente de forma elemental, la independencia judicial (Art. 178 CPE), tal como afirmaba James Madison: “que los poderes se vigilen mutuamente y que los ciudadanos puedan dormir tranquilo”.
Esa independencia judicial, tiene que ser real, por ende, los propios jueces, deben creerla y ejecutarla, siendo verdaderamente imparciales y administrando justicia, hagan valer su propia independencia en todas sus actuaciones y procesos que atienden, por ejemplo, en ámbito penal, apliquen la independencia tanto interna como externa, prevista en el art. 3 del Código de Procedimiento Penal. Y también, en unidad de cuerpo, como institución, defender protagónicamente su propia independencia, pues si tal situación de protección no existe por ellos mismos o se boicotean a sí mismos, menos aún, habrá debida protección de derechos para los administrados, acrecentándose la profunda crisis de desconfianza que existe en la administración pública.
En ese sentido, debemos dejar de lado, toda distracción social y peleas internas entre propios bolivianos, evitando caer en el absurdo de que entre pobres espirituales y materiales nos estemos burlando entre sí; o, señalándonos quien es menos mediocre, pues muchas veces se busca dicha desunión y despertar guerras de pasiones para avanzar más en la restricción de derechos y libertades individuales, afectando la calidad de vida de la población, sin obtener acceso a información real, actualizada y precisa sobre nosotros mismos: cantidad de habitantes, vivienda, educación, desarrollo productivo, etc.
Debemos entender que el político en función de gobierno es un servidor al ciudadano, no viceversa; por consecuencia, dichos funcionarios no están en dichos cargos, para insultar o denigrar a la población o a algún sector de ella, debiendo servirla y no estropearla verbal, física, moral ni emocionalmente.
Entre compatriotas, debemos dejar de lado la soberbia, el orgullo, la altivez, la vanidad y la arrogancia, pues por esas disputas intestinas del país, podríamos estar rifando nuestros derechos y libertades, identificándose en absurdas alusiones maliciosas que buscan la distracción y el desenfoque, para consolidar aún más el gatopardismo (donde se habla retóricamente de cambio para que en realidad todo siga igual o peor: la trampa del dinero fácil, la crisis económica, deudas insostenibles, más impuestos y cada vez más altos; estanflación, gobiernos buscando aprovechar episodios inesperados de inflación para reducir el valor real de la deuda nominal, el colapso de divisas y la inestabilidad financiera, problemas de contaminacióm ambiental, mayor populismo y oportunismos, con líderes políticos que pretenden lavarse las manos con su propio pueblo culpando a otros para no asumir sus propias responsabilidades que les reduzca apoyo y posibilidades de ser reelegidos, etc.).
Por lo tanto, para trascender en la búsqueda de un verdadero bienestar, de todos los bolivianos, es luchar sin tibieza contra la corrupción y la informalidad delincuencial, evitando premiar al delincuente, al criminal, al fraudulento y al despiadado con impunidad, para que éstos no sigan paseándose libremente por el país, cometiendo más fechorías de los que ya hubiera cometido, que exista mayor respeto a las leyes pero sin caer en un estatismo autoritario dictatorial y mafioso, basados siempre en la ética pública, profesional, individual, el trabajo honesto y el respeto de los Derechos Humanos.
El ciudadano debe leer su propia Constitución, para estar cada vez mejor informado, que conozca sus derechos, las garantías y exija su protección, adquiriendo cultura constitucional, pues esto no es un tema exclusivo de abogados o para abogados; y, por consecuencia, de forma eficiente se estará siempre alerta, exigiendo a la clase política (tanto oposición como oficialismo): menos politiquería y más gestión de calidad, con líderes que motiven (que sirvan al administrado, que les añada auténtico valor agregado en la vida de la gente -de su pueblo-, donde ambos ganen) y no que manipulen (es decir, que mediante la culpa, el miedo, el abuso de poder o de autoridad, logren que la gente haga lo que los malos lideres desean que hagan, para beneficio exclusivo del líder y su grupo político; y, no de todos los demás. Estos son aquellos líderes que por la fuerza pretenden imponer sus criterios a punta de sanciones, prohibiciones, restricciones y persecuciones al que piensa diferente. Esto no está bien, porque el fin no debe justificar los medios, pues el manipulador busca siempre ganar él y que la gente pierda y sea sometida a sus caprichos y designios, olvidándose que ellos deberían ser quienes deban servir y no los demagogos acomodaticios, que se sirven de los demás).
Subamos más alto el listón de la calidad del servicio, donde se protejan los derechos, no se les mienta ni mangoneen al pueblo (art. 7 CPE), que exista transparencia, libertad, integridad, protección a la propiedad privada y unidad entre bolivianos. En definitiva, que se cumpla la Constitución. De nada sirve ser pesimista en lo político y social, si no tratamos de mejorar en lo particular.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
