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Desmantelan el Estado de Derecho para garantizar la corrupción

Hugo Carvajal Donoso

Sociólogo. Vicepresidente de ACADEMIA

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El Estado está ausente y no es por casualidad, las leyes estorban, lo corriente es el pleno establecimiento de la informalidad y de la ilegalidad. Se impone la ley que dictan las bandas cobijadas y estimuladas por el poder absoluto del MAS. Los delincuentes se escudan dentro de grupos que hacen de lo ilícito su norma de vida. Para garantizar la normalización del delito y hacerlo competitivo, establecen áreas —territorios, instituciones, oficinas y empresas— protegidas y exclusivas de un sector, una especie de Zona —republiqueta— libre. El Chapare y Orinoca, son notables ejemplos de ello.

Que Bolivia se encuentre en puesto 121 del índice mundial de Estado de Derecho del WJP 2020, solo superado por Venezuela (128), Congo, Egipto, Mauritania y Camboya, es un indicador incontestable de la decadencia institucional en la que esmeradamente ejecuta el MAS y particularmente el gobierno de Arce/Choquehuanca, que no hizo nada concreto para superar las arbitrariedades y corrupción del régimen evista.

Todos los desfalcos y corrupción los sitúan en el gobierno constitucional de transición de Jeanine Añez. Se hallan coches robados en países vecinos, ¡el mayor número fue en 2020, en el gobierno anterior! Hay mayor producción ilícita de hoja de coca y de tráfico de cocaína, esto fue permitido por los “golpistas”. Tergiversan los hechos, mienten descaradamente, siempre la culpa es de otro. Pretenden de esta manera, eludir el delito y evitar sanciones legales a los responsables, que habitualmente son militantes, funcionarios o parlamentarios del oficialismo.

 Corre riesgo y queda desprotegido el ciudadano que no se afilia a ningún clan y no pertenece a ningún colectivo de los consabidos movimientos sociales serviles al oficialismo. Para participar con plenas garantías, tienes que ser miembro activo e incondicional de alguna organización, escudarte en la masa es una de las formas más eficientes de impedir  el ser detectado y poder transgredir el orden legal abusivamente.

Hoy nos duele Bolivia, nos avergüenza que autoridades de todos los niveles y estamentos de la administración, dejen de cumplir con su labor, para dedicarse a convivir con mafias abocadas al contrabando, narcotráfico, comercio de vehículos robados, extorsión, trata de personas y un sin número de ilícitos, que cada día revelan la corrupción creciente y generalizada. No hay duda que estamos delante del auge de un Estado de corrupción.

El ciudadano se siente desprotegido, indefenso ante autoridades que únicamente se preocupan de construir redes especializadas en delinquir con impunidad y desvergüenza, no se guarda ningún escrúpulo y tampoco se teme a ninguna crítica, el único objetivo es hacer dinero con premura y enriquecerse aprovechando el cargo administrativo. Si te sales del redil, si traicionas la ley del silencio y dejas de ser cómplice, te esperan decenas de juicios, anotaciones preventivas de bienes, y arbitrariedades procesales: detención domiciliaria, arraigo; todo con la única finalidad de instaurar un régimen de terror y miedo.

Con todo esto quieren normalizar el delito; les extraña que existan personas honradas y dispuestas al trabajo legal, con intenciones de emprender actividades productivas y  beneficiosas. ¡Esos son los oligarcas! Los masistas y sus serviles dirigentes sindicales, se consideran una realidad diferente; la otra Bolivia, así lo expresa muy bien una ex diputada, cuando señala ufanamente que los defensores de los derechos humanos y las libertades democráticas “viven en universo paralelo”, en buen castellano: son harina de otro costal.

Por ello, la pregunta de “autoidentificación con pueblos indígenas”, entre otras intenciones maniqueas, persigue establecer que hay dos realidades en el Estado Plurinacional: la indígena y la de los “otros”. No cabe discusión ni negociación al respecto, es necesario continuar dividiendo a la sociedad, para poder inculcar el odio, el victimismo y lograr una mayoritaria adhesión, con el propósito de construir un muro —espacio poblacional— que posibilite y esconda la ilegalidad. El MAS no trabaja para el pueblo, lo utiliza para conseguir sus fines espurios.

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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Hugo Carvajal Donoso

Sociólogo. Vicepresidente de ACADEMIA

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