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Más allá de la reintroducción de la Ley Bases y la discusión por el DNU 70/23, la gran noticia económica de la semana tiene que ver con el anuncio de que en febrero el país volvió a tener superávit financiero. Los liberales festejamos, naturalmente, la rápida e importantísima corrección del desastre heredado: el déficit fiscal es lo que permite a los gobiernos emitir dinero para aprovechar el impuesto más brutal e injusto de todos, la inflación. ¿Pero es esto sostenible? Parece dudoso, porque el grueso del ajuste no es estructural sino que está recayendo en jubilaciones y empleados estatales. Por eso luce difícil la tarea de mantener este buen resultado, que sin embargo no por eso es menos real.
Por otro lado, otro anuncio concreto y mediático del gobierno fue la apertura a la importación de productos de la canasta familiar, que es buena por su conclusión pero mala por su justificación. En efecto, abrir la economía es un objetivo primordial para los liberales, y la medida va en este sentido. Pero la apertura no solamente es parcial, sino que obedece a una estrategia explícita del gobierno de presionar a los empresarios y “frenar subas de precios”: el discurso parece realmente un chiste, porque calca el del kirchnerismo hace pocos años. Y la medida, por cierto, confirma el hecho de que el Estado sigue controlando el comercio exterior y que de ninguna manera es cierto que se haya retirado. Hay aquí una buena noticia, sí, pero falta demasiado.
Por su parte, la nueva Ley Bases que el gobierno envió esta semana incluye varias de las propuestas que tenía el proyecto retirado por sus propios diputados. Entre ellas, celebramos los artículos que promueven las privatizaciones de varias empresas estatales, más desregulaciones y el blanqueo laboral. Como sabemos las intenciones que tiene el gobierno, también festejamos las facultades que el gobierno pide para reorganizar o disolver organismos creados por ley, así como los fondos fiduciarios que manejan dinero de impuestos sin control. Y así como, al igual que antes, sería una buena noticia la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles, sería una (muy) mala noticia la vuelta del impuesto a los ingresos. No parece haber aquí nada nuevo bajo el sol.
En otro orden de cosas, la principal noticia en el terreno no económico tiene que ver con la reacción del gobierno a la narcocriminalidad en Rosario, que deja sabor a poco. La propuesta de Bullrich es enviar más efectivos de las fuerzas federales ante la nueva ola de atentados. Naturalmente, incrementar la protección de la población es bueno, pero la presencia policial o incluso militar solo sirve para tapar los síntomas del problema más grande: el fracaso de la lucha contra el narcotráfico.
Si no está prohibido poseer o consumir drogas (idea con la que cualquier liberal debería estar de acuerdo), no solo no tiene sentido sino que tampoco es justo perseguir a aquellos que las ofrecen. Para peor, criminalizar el narcotráfico entrega el mercado a los que ya son delincuentes, lo que se vuelve evidente estos días en los que se cometen asesinatos como si nada. Los narcocriminales, además, ya saben a la perfección cómo manipular el Estado corrupto que nos gobierna, y no hay un solo motivo para pensar que enviar más efectivos a algún lado pueda cambiar ese hecho. En fin, nada cierra en este esquema y movilizar policías o militares no solucionará nada: la guerra contra las drogas no funcionó en ningún lado, no funciona y no va a funcionar. Los liberales lo sabemos y es por eso que esta nueva escalada de violencia resulta tan frustrante.
