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Pese a todo, las elecciones generales (ejecutivo + legislativo) se realizaron el 17A y al final del día, no se contaron muertos como alguna impresentable dijo, tampoco los temibles truchos del TCP hicieron de las suyas (incluso alguno está pretendiendo mandarse la parte) y con un plausible rol del OEP; dieron por resultado aunque falta la 2dita, la implosión de la fallida franquicia del socialismo del SXI. Inter alia.
Lo que ha comenzado a percutir notablemente en las estructuras del “plurinashonal”, incluyendo faltaba más o mejor por supuesto, al sistema de administración de justicia. Aunque ya había interesantes señales desde inicios del año cuando asumieron sus en mayor parte legítimos altos cargos (TSJ), las recientes sonadas liberaciones (Camacho, Pumari, etc) y los radicales volteos de INdebidos procesos tramitados ante jueces no naturales (Añez) dan cuenta más allá de toda duda razonable de esos impactos y, para los más optimistas, auguran la recuperación de la independencia judicial y objetividad del MP y, hasta del sistema democrático. Ojalá. Amanecerá y veremos…
Empero, como los optimistas somos en realidad, pesimistas pero bien informados; urge separar la paja del trigo y no quedarnos simplonamente en el árbol sin adentrarnos en el bosque. Celebro esas sonadas libertades en la medida que sus plazos máximos de detención estaban no sólo vencidos sino pulverizados, me alegro que la Ex Presidenta sea juzgada por jueces naturales y no por juristas del horror impuestos desde el ejecutivo por otritos de similar calaña y expreso mi asco por aquellos que hace 5 minutos resolvían lo contrario y ahora, a la vista del 14A, “se habían dado cuenta” que había existido la madre de todas las garantías como es el Debido Proceso, incluyendo su elenco de garantías.
No obstante, esas golondrinas por mucho que vengan en bandada estos interesantes días, no hacen verano. Cierto es que se trata de procesos emblemáticos que por la prostitución al poder de esos juristas del horror devinieron en presos políticos; que hay que diferenciar desde la ciencia del Derecho -oigo muchos phajpakus pontificando- que esas cesaciones son cuestiones accesorias que no implica inocencia o algo parecido, menos impunidad, pues todos esos procesos deben continuar -hay víctimas de por medio- hasta dar con la verdad real o siquiera la procesal de lo sucedido y en suma, se debe tutelar efectiva y oportunamente no solamente a los encausados, sino a las víctimas, que las hay, de todos esos hechos.
En esa línea, separando esas pajas del trigo; propongo aprovechar el nuevo escenario percutido por el 17A y sus resultados, para ingresando al bosque, no quedarnos en el árbol de lo inmediato, así por estos días este dando algunos frutos favorables. El sistema de administración de justicia es mucho más complejo que esa aproximadamente dos docenas de altos cargos; abarca aproximadamente más de 25.000 Abogados, como 1500 Jueces, más de 700 Fiscales, miles de policías y demás personal de apoyo; que somos los que hacemos funcionar ese sistema, con luces y sombras. Y padece de muchísimos problemas que requieren de urgente atención: retardación (por eso vencieron esos plazos); inaccesibilidad; prostitución a múltiples poderes fácticos; débiles o disfrazadas carreras funcionarias; trato desigualitario; en muchos casos falta de respeto a si mismos (dignidad) de varios operadores que si ni siquiera se respetan a ellos, menos van a tutelar los derechos de terceros a los que deben tutelar sin importar su cara o poder; consorcios; corrupción, falta de transparencia y asi muchos otros problemas graves.
Incluso me cuestiono sobre esos recientes acontecimientos (piensa mal y acertarás se dice como hipótesis); cómo es que el a estas alturas famoso instructivo del CEO del TSJ sobre revisión de oficio de detenciones preventivas fue recién emitido en agosto, cuando en enero esos altos cargos asumieron funciones y la situación era la misma: ¿Qué ocurrió al medio? ¿El 17A? Es más, ese instructivo (absurdo que algún despistado quiera iniciar juicio de responsabilidades por eso) simple y llanamente les “recuerda” a los jueces de su obligación legal ya impuesta por el art. 250 del CPP, desde finales del siglo pasado (1999).
Así que albricias por esas algunas buenas nuevas, pero lo relevante es que nuestro sistema de administración justicia produzca seguridad jurídica, tutele efectiva y oportunamente (en lapso razonable) tanto a víctimas como encausados sin importar sean oficialistas, de la oposición o como la mayoría de nosotros, de ninguna facción partidaria; etc. En suma, que funcione independiente y objetivamente de todos los poderes fácticos que la vacían de contenido, sin que eso dependa de ningún resultado electoral (17A) incluyendo esos sospechosos saltos con garrocha de 360º. Varios juristas del horror ayer sistemáticamente resolvían negro y ahora 5 minutos después sobre lo mismo, dicen ahora blanco, “dándose cuenta” que había existido el Debido Proceso. Es que: “A lo largo de la historia, ha sido la inacción de quienes podrían haber actuado; la indiferencia de quienes deberían haberlo sabido mejor; el silencio de la voz de la justicia cuando más importaba; que ha hecho posible que el mal triunfe”. Haile SELASSIE
