Escucha la noticia
Al presidente Luis Arce le gusta ponerse plazos imposibles para tareas complicadas de gobierno, como vacunar a todos los mayores de 18 años en ocho meses y nada. Luego busca justificativos para prolongarlos esperando que la gente olvide sus compromisos. A 15 meses de iniciado su mandato, ya conocemos cómo actúa en temas sensibles para el país.
En cuanto a la liberación ilegal de feminicidas y violadores, lo más horrendo cometido por el sistema judicial hasta el momento, este 1 de febrero se impuso un plazo de 120 días para que una comisión masista revise casos de favorecimiento judicial y proponga sanciones contra consorcios masistas de jueces, fiscales, policías, médicos, abogados y trabajadoras sociales.
El plazo termina exactamente el 31 de mayo de 2022, aunque la Comisión de Revisión tendrá 117 días calendario para entregar resultados ya que sus integrantes recién se reunirán este viernes para definir la metodología de trabajo. Lo bueno para ellos es que el colectivo Mujeres Creando les entregó una sistematización de 119 casos.
Eso sobre plazos y formas, que no dejan de ser importantes dado el límite de tiempo anunciado por Luis Arce para que el país conozca quiénes en el sistema judicial hicieron negocios con la liberación de condenados y cómo se piensa desarticular verdaderas organizaciones criminales enquistadas en el Órgano Judicial a partir de su partidización.
Yendo al fondo del tema, se ha dicho desde el oficialismo que la Comisión de Revisión es una suerte de concreción de la Ley 898 de 2017 que dispone la conformación de una comisión interinstitucional de seguimiento de las conclusiones de la fallida cumbre de justicia realizada en 2016.
De hecho, las instancias que integran la Comisión de Revisión creada este 1 de febrero para encarar “un tema de Estado” como es la crisis terminal de la justicia boliviana son prácticamente las mismas señaladas por la Ley 898. La comisión actual incorpora al Ministerio de la Presidencia y suprime la participación de un representante del Sistema de la Universidad Boliviana.
En 2016, un impresentable personaje del sur del país entregó el CEUB (Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana) al masismo, particularmente la Vicepresidencia del Estado.
Más allá de la legalidad que pueda sostener el funcionamiento de la instancia conformada después de un tuit presidencial, ésta carece de legitimidad por donde se la vea y hace temer que sus resultados tengan fines espurios.
La conforman, por ejemplo, los presidentes del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura, todos ellos elegidos por el masismo con la pantomima de la votación popular. ¿Qué garantía de un trabajo independiente pueden ofrecer esos señores si ocupan esos altos cargos por decisión partidaria?
De los tres ministros que componen la instancia de revisión, el de Justicia tuvo dos fracasos en la idea de reformar el sistema judicial con el diluido Consejo Consultivo por orden del masismo y una agenda de seis ejes estructurales que se quedó en eso, en una simple agenda. ¿Hará algo verdaderamente efectivo con esos antecedentes?
La situación se pone peor en el caso del Fiscal General y del Procurador del Estado. Uno por que descaradamente ha sometido al Ministerio Público a los intereses del gobierno de turno y el otro porque sigue actuando como abogado defensor de Evo Morales y camina con un serrucho en la mano buscando un espacio en el gabinete de Arce.
La Comisión de Revisión tendrá toda la legalidad del caso, pero está claro que no tiene ninguna legitimidad para detectar y sugerir sanciones contra jueces, fiscales, secretarios, médicos forenses, que en su gran mayoría, por no decir la totalidad, son militantes del partido que les posibilitó ocupar esos cargos dentro del sistema judicial.
Decían los políticos de la democracia pactada: “Si quieres que algo no se solucione, entonces organiza una comisión”. Otros más irónicos afirmaban: “Un camello se hace metiendo un caballo a una comisión”. Después de 15 años de copamiento masista de la justicia, no debería extrañarnos que al término del plazo de 120 días, veamos un camello ilegítimo, pintado totalmente de color azul.
