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Será que los bolivianos estamos tan acostumbrados a vivir en el conflicto permanente que no nos damos cuenta de lo que nos cuesta. Será que nos parece natural que en medio de los conflictos las instituciones llamadas por la Constitución a la resolución pacífica de los mismos desaparezcan o, peor aún, se conviertan en promotoras de la confrontación entre ciudadanos. Si la gente acude con tanta frecuencia a medidas extremas como paros, bloqueos y huelgas de hambre, no solo es porque para algunos es su forma de hacer política, sino porque el Estado no funciona, las instituciones fallan y los conflictos se descontrolan.
De esta forma, nos estamos sumergiendo en una especie de suicidio estatal, en el cual la ausencia de las instituciones democráticas llamadas a moderar los conflictos, como por ejemplo la Asamblea Legislativa, el sistema judicial o la Defensoría del Pueblo, quedan expuestas en su ineficacia e inutilidad, generando este clima de enfrentamiento permanente.
Es inaudito que los ciudadanos mediante las instituciones representativas de la sociedad civil tengan que estar permanentemente reclamando que se cumpla con la Constitución, las leyes y aspectos tan fundamentales como el respeto a los resultados del voto popular, que es lo que constituye la base de la convivencia pacífica en la democracia.
En el fondo, esta situación de conflicto constante que sufrimos desde hace varios años es el resultado de la ausencia del Estado de Derecho, aquella condición imprescindible para la vigencia de una democracia plena, en la cual las autoridades se someten a las normas legales vigentes, y en la que un sistema de justicia independiente procesa y penaliza a quienes violan la constitución y las leyes, independientemente de si son oficialistas u opositores.
Nuestra incapacidad como nación para resolver los conflictos de forma institucional y pacifica es una de las principales causas de nuestro atraso y una de las barreras más importantes para el desarrollo. La incertidumbre que genera el conflicto permanente no solo tiene un costo económico directo, sino que impide pensar en el largo plazo, con lo cual se inviabilizan las inversiones que necesitamos para dar un salto cualitativo en materia de progreso económico y social.
Quizás podríamos ahorrarnos millones en estudios y consultorías sobre proyectos de desarrollo y otras materias de las políticas públicas, si tan solo nos concentráramos en desarrollar mecanismos institucionales para la resolución pacífica de los conflictos sociales. Obviamente, la primera condición será que las autoridades gubernamentales den el ejemplo de respetar el estado de derecho y liberar al sistema judicial de la presión política que lo socava y deslegitima.
Lo que estamos viviendo en estos días con el conflicto por el Censo parece increíble; en los hechos en la comunidad internacional no entienden que un país haya llegado a tal nivel de confrontación por la realización de un Censo que es algo que la humanidad realiza hace miles de años y que, en la mayoría de los países se realiza de forma regular y hasta permanente, sin que nadie tenga que manifestarse para demandar al gobierno que lo organice.
Por ello, es realmente inverosímil hasta donde ha llegado el conflicto por el censo, no solo por lo irreparable de una vida perdida y las profundidades de la grieta boliviana que se sigue agrandando por la apuesta a la polarización, sino también por un costo económico que se hizo nacional por la inaudita decisión del oficialismo de contrarrestar el paro con un cerco al departamento cruceño, con lo cual multiplicó los efectos del paro departamental con un gran impacto nacional, puesto que Santa Cruz no se había propuesto desabastecer de alimentos al conjunto del país.
Bolivia ha superado crisis aún más complejas que la actual cuando ha habido voluntad política para encontrar una solución y la decisión de superar un conflicto. Con los recursos económicos suficientes y el apoyo de entidades como los municipios y las FFAA, es posible ajustar los medios tecnológicos y los equipos humanos necesarios para acortar los tiempos y garantizar la cobertura nacional para la realización del empadronamiento censal durante el 2023. Sobre las preocupaciones de realizar el censo en los meses finales del año, no debemos olvidar que durante los últimos quince años las elecciones nacionales se han realizado entre noviembre y diciembre.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
