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Bolivia es ahora santuario de la cúpula del temido cartel brasileño Primer Comando de la Capital. Las inversiones, viajes y actividades que realizan sus integrantes en el país, especialmente en Santa Cruz de la Sierra, se encuentran registrados en un reportaje publicado por el diario O Estado de Sao Paulo. Es una nueva constatación de que el narcotráfico internacional se pasea impunemente en territorio boliviano, protegido por autoridades, policías y militares corruptos.
La Red Bandeirantes, por su parte, difundió en las últimas horas imágenes en las que se ve a líderes del cartel PCC (Primer Comando de la Capital), sonrientes, disfrutando su estadía en Santa Cruz de la Sierra.
En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso decretó este lunes un estado de excepción en todo el país con el objetivo de frenar la escalada de violencia provocada por mafias de narcotraficantes que amenazan con tomar el control de ciudades costeras como Guayaquil, donde hace unas semanas se produjo la peor masacre carcelaria en ese país.
Poderosas organizaciones de origen mexicano y brasileño han decidido instalarse en países como Ecuador y Bolivia con ostentosas inversiones para lavar sus millonarias ganancias ilícitas, pero también con violencia sin límites para mantener el control de sus territorios conquistados, buscando una mayor gravitación en el mercado mundial del tráfico de drogas.
El riesgo de que Bolivia transite por el camino de Ecuador no está lejos. Sin embargo, la autoridad encargada de la seguridad del país y de combatir a las mafias del narcotráfico internacional aseguró que la información de medios brasileños es falsa y busca desvirtuar la denuncia que realizó sobre un intento de magnicidio contra Luis Arce en 2020, justo cuando el gobierno nacional enfrenta su peor momento político y social.
A Eduardo del Castillo parece no importarle el riesgo que corre el país en un tema tan sensible como el narcotráfico y sus consecuencias en la sociedad. Está más interesado en darle continuidad a la nueva telenovela política titulada “caso magnicidio” que, por lo demás, es un mal remedo del caso terrorismo de 2008, cuando la Policía abatió a Eduardo Rosza y a una célula de supuestos terroristas en el hotel Las Américas de Santa Cruz para descabezar los liderazgos de la “media luna”.
Su tiempo y dedicación no están abocados a investigar las actividades de los miembros del denominado “Narcosur” en Bolivia. Confía en que el gobierno brasileño aclarará que todo lo informado es falso, mientras está concentrado en que su ministerio abra un segundo capítulo de la trama con la ampliación de la denuncia de magnicidio contra quienes pagaron el hospedaje de un grupo de mercenarios extranjeros que llegaron al país en octubre de 2020 en hoteles de La Paz y Santa Cruz.
En lugar de cumplir su trabajo como servidor público del más alto nivel evitando que Bolivia se convierta en territorio de mafias internacionales del narcotráfico, parece que su prioridad es el inicio de una nueva etapa de persecución judicial de opositores, principalmente exautoridades del gobierno transitorio, como él mismo lo anticipó.
En la agenda de trabajo del Ministro de Gobierno la desarticulación de grupos criminales vinculados al narcotráfico no figura como tarea de primer orden. Seguramente lo es la eventual aparición de un “testigo clave” en el caso magnicidio, tal vez el preso en Chonchocoro que habría hablado con el exministro Fernando López desde el penal, tal como ocurrió con Ignacio Villa Vargas, alias El Viejo, en el caso terrorismo que acabó sin culpables después de una década de juicio.
Así van el gobierno y el país a poco más de dos semanas de que Luis Arce cumpla un año como Presidente del Estado: su administración inventando telenovelas políticas para superar artificialmente el mal momento con Del Castillo como protagonista principal y los bolivianos ante el peligro de que la violencia del narcotráfico estalle con consecuencias como las que ya se vive Ecuador.
