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Complicado panorama el que se presenta esta semana en el país ante la inminencia de un paro general indefinido en Santa Cruz a partir del próximo sábado. Complicado no apenas para el departamento que está trabando una pelea casi en solitario frente al gobierno central por el Censo 2023, sino también para el propio Ejecutivo y su partido. En el primer caso, porque la medida extrema impacta de manera directa en su población y economía, con una yapa: alienta mayores fisuras en una institucionalidad ya golpeada en la cohesión de sus elites en torno a una demanda de proyección nacional como es el Censo.
Fisuras vistas también en el partido de gobierno y en el mismo Ejecutivo, hoy más visibles que nunca, y que complejizan aun más esta coyuntura política marcada por tensiones que amenazan con desbordarse y explotar a cualquier momento. Un escenario al que parece apostar la cúpula gubernamental no solo con la pretensión de doblegar a la región que la está interpelando, sino también a las fuerzas internas de su partido que están jugando a ser su principal frente opositor. No se explica de otra manera el libreto que repiten sus voceros, tanto los oficiales como los de sus organizaciones de base, cargado de amenazas.
Unas amenazas que deben ser tomadas muy en serio no solo por Santa Cruz -ya sea por las instituciones que son parte de la Comision del Censo 2023, como por los sectores que se mantienen al margen de la misma-, sino también por cada uno de los restantes ocho departamentos del país. Por una sencilla razón: lo que está en juego ahora ya no es solo el Censo Nacional de Población y Vivienda, sino o sobre todo la preservación de lo poco que resta de estabilidad, seguridad y garantías democráticas. No por nada muchos dicen que esta pelea por el Censo es la madre de todas las batallas. Si acaso el gobierno central logra ganarla, tendrá en sus manos más poder para completar el diseño del país que ansía
Y si la gana, no habrá sido unicamente por mérito propio o por el respaldo de sus bases y aliados, sino gracias también a la complicidad de varios sectores que aun declarando sus críticas y oposición al gobierno central, prefieren negociar y asegurarse algunos privilegios muy sectoriales o personales. Gracias además a los desaciertos de otros actores que, si bien no negocian ni pactan por debajo de cuerda, son inoperantes o incapaces de tomar partido abiertamente por la demanda del Censo, porque esta surge desde Santa Cruz.
A esa lista se suman también muchos de los que aun convencidos militantes por el Censo son incapaces de identificar y aplicar estrategias coherentes, enmarcadas en prácticas fieles al ejercicio democrático. Una dificultad latente en el país, no solo en Santa Cruz, y de la que echa mano el régimen cada vez que se enfrenta a una demanda sectorial o regional. Es a lo que está apostando otra vez en la actual coyuntura, frente al inminente paro convocado en Santa Cruz. ¿Habrá suficiente inteligencia colectiva como para no caer en las provocaciones que sin duda se presentarán, de darse el paro general e indefinido?
Ahí está, por ahora, la preocupación principal: cómo evitar el estallido y la escalada de la violencia en Santa Cruz. Pero no es la única. Hay muchas más, y todas importantes. Entre otras, la de tener en claro una ruta crítica a seguir a partir de la próxima semana, acaso se dé el paro tal como está previsto. Una ruta crítica en la que estén definidas las acciones a tomar frente al escenario más probable: la negativa del gobierno central en derogar el decreto que posterga el Censo hasta 2024. ¿Qué pasará entonces, logrará contagiar Santa Cruz al resto del país con esta pelea?
