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El modelo social comunitario productivo, basado en la dilapidación de los ingresos extractivistas en el clientelismo, ha llegado a su límite. El alto e improductivo gasto público, combinado con la destrucción de incentivos para la inversión privada, han resultado en un sistema insostenible. El colapso económico no es una posibilidad distante, sino una realidad inminente. El próximo gobierno tendrá que hacerse cargo del desastre e implementar medidas drásticas para corregir el rumbo. La liberalización y la eliminación de distorsiones del mercado, así como una política fiscal responsable, serán esenciales para evitar una crisis aun más profunda.
El clima social que se cuece podría proporcionar al próximo gobierno la legitimidad democrática necesaria para aplicar reformas estructurales. El deterioro de los estándares de vida hace que la población sea cada vez más consciente de la gravedad de la situación. Medidas duras, pero a la larga positivas, podrían ser social y políticamente viables si hay transparencia. La siguiente administración tiene, en este sentido, el deber moral de comunicar la realidad económica sin demagogia ni promesas irrealizables. La verdad —de frente— contribuirá a su gobernabilidad y a la efectividad de sus medidas.
Aunque con apoyo popular, el gobierno podría enfrentarse a una fuerte oposición de los grupos clientelistas que se han fortalecido en las últimas dos décadas bajo el Movimiento al Socialismo. Estas redes de poder, que han sido impulsadas por la dependencia del Estado, posiblemente recurran a bloqueos, protestas y conflictos para contener cualquier intento de reforma. Conforme el sufrimiento en la población más vulnerable aumente, pues el ajuste económico a corto plazo probablemente sea recesivo, más sectores sociales podrían no ver alternativa sino unirse a estas medidas de presión. El gobierno entrante actuará a contrarreloj.
Para prevenir conflictos sociales y garantizar la efectividad de sus medidas, la siguiente administración tendría que acompañar el ajuste estructural con políticas sociales y laborales bien diseñadas. En este contexto, si bien una solución viable sería promover políticas económicas y laborales liberales, éstas deberían venir acompañadas de una transición hacia un Estado de bienestar liberal, como lo describe el sociólogo Gøsta Esping-Andersen para países como Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Se trata de buscar un equilibrio entre medidas que brinden alivio a los sectores más vulnerables, pero que no interfieran, distorsionen ni comprometan la eficiencia del mercado: disciplina fiscal con seguridad social. No hace falta recalcar que, siendo un país de renta mediana baja y finanzas públicas inflacionarias, no podríamos costearnos otro tipo de Estado de bienestar.
No hay mejor política social que una buena política laboral, que fomente el empleo formal y de calidad. El despido de funcionarios públicos sin funciones, el cierre de empresas públicas superfluas y la eliminación de subvenciones incrementarían el desempleo drásticamente. Si todos los desempleados entraran simultánea y prolongadamente a la red de seguridad social propuesta en las siguientes líneas, Bolivia no solucionaría sus problemas económicos y financieros en el mediano plazo. Un gradualismo doloroso, pero inefectivo, implicaría abrir las puertas para el retorno de un viejo o el ascenso de un nuevo populismo.
«La combinación mochila austriaca, impuesto regresivo a los salarios bajos, seguro desempleo e ingreso mínimo vital implicaría un equilibrio entre alivio a los sectores más vulnerables y eficiencia de mercado; disciplina fiscal y seguridad social; estabilidad económica, social y política».
Para dinamizar el mercado laboral, entonces, se podría implementar la denominada «mochila austriaca». Se trata de quitar rigidez a la contratación de personal mediante un método de indemnización moderno que protege, paralelamente, los derechos laborales y la economía empresarial. Cada trabajador acumula un fondo personal con aportes mensuales de su empleador, que puede retirar en caso de despido, cambio de empleo o jubilación. Su implementación en Bolivia podría seguir una transición gradual, donde los nuevos contratos estén sujetos a este esquema y los empleados actuales puedan optar voluntariamente por ser indemnizados y, seguidamente, migrar a él. La ventaja de la mochila austriaca radica en su doble beneficio: por un lado, otorga estabilidad a los trabajadores sin generar pasivos imprevisibles para las empresas; por el otro, fomenta la formalización y una mayor movilidad laboral, facilitando la reestructuración económica sin causar un aumento abrupto y prolongado del desempleo.
Otra política laboral, que es además política social, sería la implementación de un impuesto regresivo a los salarios bajos sustituyendo el salario mínimo. Inspirado en la propuesta de Milton Friedman, este mecanismo fomentaría el empleo y permitiría a los trabajadores de salarios bajos recibir un subsidio directo en función de su nivel de ingresos, al tiempo de contribuir a la bancarización y la formalización de la economía. A través de estudios de viabilidad, que también analicen el alcance de la capacidad de financiamiento del Estado, se pueden definir tanto la cantidad de ingresos que daría acceso a este beneficio como su proporción o el porcentaje de apoyo económicamente sensato. Su aplicación exitosa, evidentemente, dependería de un esquema transparente, digital y automatizado de devolución fiscal, minimizando al máximo costes administrativos y riesgos de corrupción.
Adicionalmente, una política social importante sería la introducción de un ingreso mínimo vital: lo suficientemente alto para no caer en la pobreza y lo suficientemente bajo para no desincentivar el trabajo y entrar en conflicto con el impuesto regresivo al salario. Para ello, nuevamente, se requiere estudios de viabilidad que establezcan racionalmente el monto de este beneficio. El impuesto regresivo al salario y el ingreso mínimo vital bien podrían complementarse con un seguro de desempleo estrictamente temporal, al cual los trabajadores destinarían un porcentaje a definir de sus ganancias mensuales. Con ello se asegurarían, por ejemplo, seis meses o hasta un año de un porcentaje específico de su último salario sujeto al tiempo total aportado y a la sostenibilidad financiera del sistema.
No es necesario siquiera entrar en una discusión moralista, pues lo cierto es que las cuatro políticas aquí presentadas poseen, para el contexto boliviano, evidentes virtudes prácticas. Contemplándolas como un compromiso social y político aceptable, presentan ventajas para las distintas fuerzas políticas. Primero, desde una perspectiva social, permitirían asistir temporalmente a los sectores más afectados, evitando una crisis humanitaria. Segundo, desde un punto de vista económico —a diferencia de subvenciones a empresas, actividades o rubros específicos—, no distorsionarían las dinámicas del mercado, garantizando una economía más eficiente, productiva y competitiva en el largo plazo.
Si bien es innegable que tres de estas medidas tendrían su coste fiscal, serían bastante menos onerosas que el mantenimiento del aparato público improductivo, las ineficientes empresas estatales y la subvención a los combustibles ya vigentes. Además, el dinamismo y el crecimiento económicos que fomentarían las políticas laborales cubrirían los costes de las sociales a largo plazo, pues harían que, poco a poco, disminuyan su peso fiscal. La reasignación de recursos públicos, de gastos superfluos a políticas de apoyo directo al individuo, facilitaría la transición hacia un modelo económico más libre y sostenible. Y lo mejor: con estabilidad social y política, un factor económico extra que tarde o temprano pagaría sus dividendos.
