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El gobernador Juan Pablo Velasco ha tomado la decisión de crear la Guardia Departamental Cruceña. Y aclaró que, esta institución, no viene a competir sino a complementar el servicio que presta la policía nacional. No se trataría de un paralelismo ni de duplicar el trabajo policial, sino de apoyar y sumar esfuerzos junto a las otras instituciones departamentales para defender el patrimonio cruceño.
La idea es llegar a todos los lugares donde no puede llegar la policía nacional y se necesita proteger la propiedad privada, el medio ambiente, la riqueza forestal, etc. Es la primera vez, en más de 16 años de haber conquistado la autonomía departamental, que se proyecta una institución que se encargue de la seguridad ciudadana departamental. La iniciativa resulta oportuna no solo por la necesidad de que el gobierno departamental tengo su propia fuerza pública sino también por la crisis generalizada de la policía boliviana como consecuencia de las reiteradas denuncias de corrupción.
La crisis institucional de la Policía es de vieja data; vive atrapada por el gobierno de turno, sumida en el desprestigio, la ineficiencia y la inmoralidad funcionaria. La prueba es que, en cada cambio de autoridad o en el aniversario de la institución, se anuncia una “reorganización institucional a fondo”, “modernización”, “lucha frontal contra la corrupción”, “nuevo plan de seguridad ciudadana”, refundación, etc. Y cuando algún ministro ha comenzado a trabajar en este sentido, le han movido el piso y ha terminado dando un paso al costado.
Es bueno recordar que la Policía Boliviana desde su creación, el 24 de junio de 1826, responde a una organización unitaria y centralista donde los órganos subalternos y regionales no poseen ningún tipo de autonomía financiera ni operativa. La Policía ha sido siempre una competencia exclusiva del gobierno central. La verticalidad y espíritu militar caracterizan a esta institución, y esta particularidad constituye uno de los pequeños grandes problemas de la institución verde olivo. La Policía se ha convertido en una de las instituciones más centralizadas, jerárquicas y piramidales entre las instituciones del Estado. La mentalidad que prevalece en el cuerpo policial no es en primer término de servicio a la comunidad, sino una ideología de orden, disciplina y subordinación al poder político.
Con el propósito de revertir la degradación policial, han existido varios planes de seguridad ciudadana (unos más ambicioso de otros). El exministro del interior, Guido Nayar (1997-1999), fue el primero que intentó “poner orden en la institución verde olivo”, y encargó un paquete de anteproyectos legislativos como parte de la reforma policial. El segundo componente era el fortalecimiento de la Policía Nacional, que demandaba grandes cantidades de recursos económicos que el Estado no disponía.
También el ex Prefecto, Carlos Hugo Molina, diseñó el “Plan Departamental 2004”, y creó el Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana, conformado por los representantes de los tres órganos del Estado, la Alcaldía Municipal, la Brigada Parlamentaria, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía de Santa Cruz, la Policía Departamental y los sectores de la sociedad civil. La primera elección popular del Prefecto de Santa Cruz (18 de diciembre de 2005) y que dio inicio al proceso autonómico, puso en la congeladora este proyecto y, en su lugar, tenía que diseñarse y ejecutarse otro Plan más ambicioso e integral y menos dependiente del gobierno central que nunca llegó.
La Constitución proclama que Bolivia se constituye en un Estado descentralizado y con autonomía, pero los gobiernos departamentales no ejercen ninguna tuición funcional ni tienen la facultad de influir sobre las unidades de la policía. Los gobiernos departamentales tienen que tener su propia fuerza pública, como la tienen los gobiernos municipales. La creación de la Guardia Departamental Cruceña seguro tendrá algunas oposiciones y quiénes aleguen cuestiones de inconstitucionalidad. La iniciativa del gobernador debe socializarse y convertirse en una conquista regional y luego (como tantas otras) pasará a ser una medida a nivel nacional. ¿Acaso la autonomía no supone autodeterminación?
