Hacia un federalismo pleno (Ecuador)
Gabriela Calderón de Burgos considera que la administración pública de Ecuador adolece de un centralismo excesivo y que convendría dar pasos hacia una descentralización de competencias y capacidad recaudatoria a nivel local y regional.
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Por Gabriela Calderón de Burgos1
Creo que pocos negarían que la administración pública actual adolece de un centralismo excesivo. La solución ciertamente no sería más centralismo, sino transitar hacia un modelo federal con una descentralización profunda.
El modelo consiste en que cada cantón, provincia o región asuma todas las competencias hoy centralizadas a excepción de: defensa externa, relaciones internacionales (incluyendo la política comercial para evitar la existencia de aduanas internas), la Corte Suprema de Justicia y posiblemente la administración de un fondo solidario para atender desastres naturales y otras emergencias. Todo lo demás sería administrado por los gobiernos cantonales, provinciales o regionales, con su equivalente capacidad recaudatoria, la cual conforme irán asumiendo más competencias irá aumentando y simultáneamente el gobierno central la irá perdiendo. En esto último es muy importante salvaguardar la responsabilidad fiscal: una sana equivalencia entre la capacidad de gasto y de recaudación.
Los cantones, provincias o regiones tendrían autonomía plena. En lo político, elegirían sus propias autoridades. Los gobernadores ya no serían delegados del presidente sino un cargo de elección popular en sus respectivas regiones. También tendrían autonomía regulatoria y fiscal, pudiendo algunos adoptar diversas regulaciones, por ejemplo, en los ámbitos laboral, financiero y tributario. Habrían cantones o regiones con políticas laborales flexibles y otros con unas rígidas. Otras regiones con un sistema de capitalización individual para la jubilación donde sus trabajadores elegirían en qué se invierten sus ahorros y quién los administraría y otras donde continuaría el monopolio estatal de la seguridad social. En algunas provincias decidirían simplificar el pago de impuestos, por ejemplo, adoptando un impuesto uniforme sobre la renta (“flat tax”) y otros adoptarían un sistema todavía más progresivo que el actual. El gobierno nacional velaría porque los ecuatorianos, sus productos y servicios, retengan la libertad de trasladarse entre las distintas jurisdicciones, escogiendo donde les convenga asentarse e invertir.
¿Por dónde empezar? Las iniciativas no vendrán del gobierno central porque —sin importar su ideología— tienen incentivos contrarios a esta propuesta. Quienes sí tienen los incentivos adecuados para emprenderla son los gobiernos locales. Por ejemplo, la región Metropolitana de Guayaquil que comprende los cantones de Daule, Durán, Isidro Ayora, Milagro, Nobol, Samborondón, Salitre y Yaguachi podría organizarse para demandar competencias del gobierno central. Por cierto, esta región es la más poblada del país y entre las más pobladas de la Comunidad Andina. Esta región podría empezar exigiendo la descentralización de una competencia como, por ejemplo, seguridad social, educación, salud, obras públicas, autoridad portuaria, entre otras.
No es necesario que el modelo se imponga a nivel nacional. Basta con que una ciudad comience y en base a su experiencia se animen otras a organizarse según lo consideren conveniente, incluso copiando o adaptando sistemas de una región autónoma existente. Así se desarrollaría una competencia entre distintos regímenes políticos y los ecuatorianos dejarían de ser clientes cautivos de una sola jurisdicción.
1es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador).
*Este artículo fue publicado originalmente en elcato.org el 05 de agosto de 2022
