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La propuesta electoral del Presidente Rodrigo Paz, denominada 50/50, y convertida en uno de los ejes del Plan General de Desarrollo 2030, ha activado en las últimas semanas un complejo debate que ya le costó el cargo a la Viceministra de Autonomías y está incidiendo en el debate electoral subnacional.
En su campaña, Paz se aventuró a prometer que –si era elegido–, al día siguiente de su posesión emitiría el Decreto para asegurar la distribución igualitaria de recursos entre el Estado y las entidades territoriales autónomas. Sin embargo, hace unas semanas, cambió su propio plazo asegurando que el debate sobre este tema se iniciaría después de las subnacionales, advirtió que para alcanzar el objetivo se debe modificar o eliminar 60 leyes y 40 Decretos, y aclaró que el 50/50 no sólo implica repartir recursos sino transformar modelos y cambiar estructuras.
Nadie puede dudar de la voluntad del Mandatario ni de su honestidad en este asunto, sin embargo, es evidente que la materialización de su propuesta es una tarea complicada y duradera que no depende solo de porcentajes, decretos ni discursos, porque involucra a una demanda de las regiones que ha sido incumplida, traicionada y frenada por más de tres décadas.
Después de 17 años de su constitucionalización, el modelo autonómico boliviano no ha funcionado. El pacto fiscal nunca se realizó; las competencias no fueron acompañadas de recursos suficientes; las entidades subnacionales carecen de capacidades institucionales reales; la mayoría de los municipios y muchas gobernaciones no puede sostenerse sin las transferencias del gobierno; los cinco tipos de autonomías (incluyendo la universitaria) coexisten en tensión permanente con el Estado; y el centralismo absorbe el 90% del presupuesto general.
Y es que nuestra normativa autonómica fue creada sobre cimientos equivocados, copiada de modelos extranjeros, sin diagnósticos previos serios, sin debate político genuino e impuesta por un gobierno que la despreciaba y la diseñó para neutralizarla y hacerla inviable. El centralismo se limitó a distribuir los recursos sobrantes sin impulsar el desarrollo local, lo que generó un modelo rentista donde muchas entidades territoriales solo gastan el dinero que les llega, pero carecen de las herramientas para garantizar su sostenibilidad.
Por eso la autonomía enfrenta problemas estructurales para su aplicación. En primer lugar, la asimetría territorial, con realidades radicalmente diferentes, donde algunos departamentos concentran la mayor parte de la riqueza, mientras otros tienen economías débiles, poblaciones dispersas y enormes déficits de infraestructura, dependencia de transferencias o de préstamos y donaciones externas.
El mayor problema lo tienen las alcaldías. Un estudio de Fundación Jubileo (2025) concluyó que al menos un 76% de los 340 municipios en Bolivia es inviable en varias dimensiones. Solo el 5% genera más del 20% de sus ingresos propios, lo que significa que el 95% depende casi en su totalidad de las transferencias del gobierno central para funcionar, y en un contexto de disminución de los ingresos nacionales, esto se vuelve crítico. La viabilidad demográfica —que requiere un mínimo de 10.000 habitantes según la propia Ley 031— no es alcanzada por el 42% de los municipios.
En este contexto, cualquier fórmula de distribución que aplique criterios uniformes y ciegos por población, territorio o tipo de entidad, producirá desequilibrios. Ninguna reasignación puede, por sí sola, resolver asimetrías estructurales. Un departamento o municipio con escasa infraestructura, baja densidad poblacional y poca capacidad para generar ingresos propios no se desarrolla simplemente porque reciba más recursos. Necesita capacidades institucionales, proyectos productivos viables y capital humano. Sin estas condiciones, el dinero adicional tiende a diluirse en gasto corriente, corrupción o proyectos de baja rentabilidad.
Pese a todo, la autonomía no puede detenerse. Es imprescindible realizar a la brevedad un diálogo nacional que sea honesto con las limitaciones y capacidades, con los recursos fiscales disponibles –en un contexto de crisis estructural– y, con los tiempos que requiere construir instituciones. A partir de las conclusiones y de un diagnóstico consistente, se deberá iniciar una reforma profunda del modelo, que incluya romper el centralismo, disminuir el número de municipios, eliminar los niveles creados por cálculos políticos, pero sobre todo entender que una autonomía que no genere economía y desarrollo local sustentable, solo produce más burocracia.
La condición principal es reconocer que el problema es de diseño institucional, de capacidades, de objetivos y de voluntad política genuina para construir un Estado desde los territorios. El 50/50 puede ser un punto de partida honesto si va acompañado de una transformación profunda del modelo autonómico. Sin ese rediseño, será simplemente el reparto más equitativo de una arquitectura que ya demostró que no funciona.
