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Acaba marzo de 2022 sin la Cumbre de Justicia demagógicamente anunciada por el ministro del área, Iván Lima –que también hace de juez, fiscal, magistrado y actuario–, y ratificada por el presidente Luis Arce en la inauguración del año judicial, en Sucre.
Marzo marca también que han pasado siete meses y medio de aquel 17 de agosto de 2021, en que el GIEI entregó su informe final al Gobierno, en el que pide una urgente reforma judicial ante el descalabro de nuestra administración de justicia.
Para no ir tan lejos, marzo se va completando un mes y diez días desde que el relator especial de la ONU Diego García-Sayán retratara todas las fallas estructurales de la justicia boliviana en sus denominadas observaciones preliminares.
En marzo no hubo Cumbre y tampoco señales desde el gobierno de Arce que hagan avizorar una reforma judicial integral, como la que se necesita, mientras suman cada día, en todos los niveles del Órgano Judicial, los atropellos, arbitrariedades, ineficiencias, extorsiones y otros delitos.
Como ocurre en otros temas importantes, Arce y sus colaboradores creen que el silencio lo soluciona todo. Queda claro, entonces, que el Gobierno es el problema, un obstáculo, un lastre en una tarea más que urgente para el país.
La gente intuye esto. Se da cuenta de los anuncios incumplidos, de la falta de voluntad política para llevar adelante una revolución en el sistema judicial y de la incapacidad de las autoridades del sector para encarar la mayor preocupación ciudadana, según encuestas independientes.
Y como el Gobierno no escucha, no actúa y no resuelve, la comunidad ha comenzado a organizarse al margen de los mecanismos tradicionales para evitar que familias, barrios, comunidades y todo el país termine en la cloaca que representan el sistema judicial y la inacción gubernamental.
Por ello, la masiva y comprometida concurrencia en la grabación de un video clip –convertida en una concentración política ciudadana– en la que se reconoció que la activista y feminista irreverente María Galindo puede más que todo el aparato estatal cuando de identificar y sancionar atrocidades en la justicia se trata.
Para la gente, valen más las visitas de María Galindo que realiza en vivo a las reparticiones judiciales, fiscales y policiales, entre otras, donde convenientemente duermen casos de violación, feminicidio y liberación de reos peligrosos, que sendas comisiones oficialistas que no pasan de la cáscara en la profunda crisis de la administración de justicia.
La conformación de comités regionales para la reforma judicial, impulsada por un grupo de juristas independientes, también es otra expresión de la organización de la comunidad por cuerda separada frente al desinterés estatal en un tema que está carcomiendo lo esencial de la democracia: la libertad, el cumplimiento de la ley y la convivencia respetuosa entre unos y otros.
Se han constituido comités departamentales en Oruro y La Paz, y se sabe que se conformarán grupos ciudadanos con presencia de juristas destacados en Potosí, Cochabamba y Tarija, todos con el objetivo de encaminar la reforma judicial a partir de un referéndum de modificación parcial de la Constitución mediante la iniciativa popular.
Juan Del Granado reitera donde puede que ya no hay nada que esperar del Gobierno y del Estado en la tarea de reformar estructuralmente el sistema judicial. La comunidad, sin decirlo explícitamente, cree que es así y, por ello, se está organizando al margen de las instituciones, de los partidos políticos y de los liderazgos partidarios.
La sociedad asumió el desafío de dar solución a la grave crisis judicial y está encontrando en las acciones disruptivas de Galindo y en las iniciativas de los juristas independientes el camino para resolver coyuntural y medularmente una crisis que paradójicamente le sirve al Gobierno y a quienes tienen poder político y económico.
