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La confianza que nos falta

Pablo Mendieta Ossio

Economista en el campo de políticas públicas

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El economista y ministro argentino Federico Sturzenegger escribió que, pese a ser un «ateo practicante», la visita del papa León XIV lo conmovió profundamente. Le impresionaron sus palabras y la multitud reunida pacíficamente en torno a un mensaje de paz.

Su reflexión me hizo reparar en una paradoja: ¿por qué todavía podemos encontrarnos alrededor de la esperanza, pero nos cuesta tanto confiar en nuestras instituciones? Yo no soy católico, sino cristiano anglicano, pero esa pregunta también me interpela.

Latinobarómetro ofrece una pista. En su medición de 2026, apenas el 27% de los latinoamericanos manifiesta confianza en el Poder Judicial y el 16% en los partidos políticos; en cambio, el 63% confía en las iglesias, pese a la secularización de estas décadas y a los escándalos en torno a las iglesias. No son cifras que permitan comparar sin más la fe con la política, pero revelan hasta qué punto la confianza pública es un bien escaso.

En Bolivia la preocupación es mayor. La confianza en la justicia cayó del 28% en 2015 al 13% en 2024 y, pese a recuperarse al 19% en 2026, permanece por debajo de la media regional. El Proyecto Mundial de Justicia ubica al país en el puesto 130 de 143 en Estado de derecho; en justicia penal, en el 142. No hablamos simplemente de ciudadanos descontentos: los indicadores describen dificultades persistentes para garantizar una justicia eficaz, independiente y accesible.

Los sucesos recientes acentúan esa fragilidad. Investigaciones y acusaciones que alcanzan a antiguas altas autoridades judiciales han abierto interrogantes difíciles. ¿A quién creer? ¿Qué sabemos realmente y qué es una versión interesada?

En paralelo, los tribunales de las redes sociales dictan sus fallos en horas: una denuncia se vuelve condena, una sospecha se toma por prueba y la presunción de inocencia parece ceder ante una presunción de culpabilidad. Investigar a fondo y sancionar cuando corresponda es indispensable; condenar sin pruebas también destruye la justicia que decimos defender.

Este deterioro tiene un costo económico que suele pasar inadvertido. Quien invierte necesita saber que sus contratos se cumplirán; quien presta, que las garantías podrán ejecutarse; quien emprende, que sus derechos no dependerán de influencias o favores.

Si esas certezas faltan, aumentan los riesgos, se encarece el crédito y se postergan proyectos. No es solo un problema de abogados y jueces: es un obstáculo para generar empleo, competir y crecer.

El premio Nobel de economía Daron Acemoglu, en el libro que publicó en agosto pasado sobre la democracia liberal, recuerda tres promesas que ayudaron a sostenerla: prosperidad compartida, servicios públicos que funcionen y una voz efectiva para los ciudadanos. Cuando fallan, la democracia pierde credibilidad.

A su vez, Adam Przeworski añade otra perspectiva: la democracia permite procesar los conflictos pacíficamente y reemplazar a los gobernantes mediante elecciones. Una baja confianza no significa por sí sola que la democracia haya dejado de existir; sí nos obliga a preguntar cuánto tiempo podrán sostenerse sus reglas si dejan de percibirse como justas.

Exigir independencia judicial, triangulación de pruebas, debido proceso y responsabilidad pública es precisamente defender la democracia. Una sociedad en la que nadie cree a nadie termina buscando justicia en la presión, el rumor o la fuerza. Y allí perdemos todos, incluso quienes hoy creen ganar una disputa.

Vuelvo a las imágenes de la visita papal. Tampoco creo que una emoción colectiva sustituya el trabajo persistente de reformar nuestras instituciones. Pero sí veo en esos encuentros un recordatorio de nuestra necesidad de verdad, comunidad y esperanza.

La religión no reemplaza a la justicia humana ni nos exime de construirla; puede, sin embargo, ofrecer consuelo cuando las certezas parecen desvanecerse. El salmista lo expresa así: «Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento; dile lo que hay en tu corazón, porque él es nuestro refugio» (Salmo 62:8, NTV).

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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Pablo Mendieta Ossio

Economista en el campo de políticas públicas

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