OpiniónEconomía

La crisis bancaria de EE.UU.

Manuel Sánchez González dice que lo sucedido con los cuatro bancos regionales en EE.UU. (Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature, First Republic) es muestra de que los intermediarios aplicaron una mala administración de riesgos.

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Por Manuel Sánchez González1

Durante el presente mes, cuatro instituciones bancarias estadounidenses registraron una agudización de las salidas de depósitos. La crisis inició con el anuncio del banco californiano Silvergate de que cerraría sus operaciones, con la promesa de regresar los recursos a los depositantes.

Las tensiones se magnificaron con la imposibilidad del banco californiano Silicon Valley (SVB, por sus siglas en inglés) de atender las solicitudes de retiro de depósitos, seguida por una estampida similar enfrentada por el banco Signature, con sede en Nueva York.

Mientras que los activos del Silvergate eran de poco más de diez mil millones de dólares, los de SVB y Signature rebasaban doscientos y cien mil millones de dólares, respectivamente.

Para evitar la propagación del pánico, las autoridades financieras decidieron intervenir estos dos últimos bancos e invocar “excepciones de riesgo sistémico”, con lo cual todos los depósitos quedaron protegidos, no sólo aquellos que estaban asegurados, cuya cobertura límite era 250 mil dólares.

Además, el Banco de la Reserva Federal (Fed) abrió un Programa de Financiamiento Bancario a Plazo, en el marco del cual los bancos pueden obtener crédito hasta por un año, ofreciendo, como colateral, bonos del gobierno estadounidense y otros activos aceptables, los cuales se toman a su valor nominal, es decir, desconociendo las minusvalías de valores originadas por el alza de las tasas de interés de política monetaria.

Finalmente, el banco californiano First Republic, cuyos activos se acercaban a 200 mil millones de dólares, recibió depósitos de once bancos, con el fin de limitar los riesgos de una corrida bancaria.

Las presiones exhibidas por estos cuatro bancos revelan tres hechos. Primero, los intermediarios aplicaron una pésima administración de riesgos.

Específicamente, las instituciones afectadas se concentraron en ciertos tipos de depositantes, con una alta sensibilidad a las tasas de interés, en su mayoría no cubiertos por el seguro de depósitos, incluyendo nuevas empresas de tecnología y compañías de criptomonedas. El rápido apretamiento de la política monetaria y el colapso del precio de las divisas digitales elevaron sustancialmente el costo de retener los depósitos.

Igualmente, los bancos se enfocaron en pocas clases de activos, entre los que destacaron los bonos gubernamentales de largo plazo y los créditos a empresas tecnológicas. Así, fallaron en el principio de diversificar inversiones y, en particular, subestimaron el riesgo de tasas de interés y, en consecuencia, no lo cubrieron.

El caso emblemático fue el SVB, con una elevada proporción de bonos en su balance. Las minusvalías, así como mayor costo de fondeo respecto a los rendimientos de los bonos resultaron en una caída de utilidades y un deterioro del capital difícilmente sostenibles. La liquidación de valores, acompañada del intento fallido de levantar capital para resarcir la realización de pérdidas, impulsó la fuga de depósitos.

Segundo, la regulación no impidió la adopción de riesgos excesivos. La legislación de “alivio regulatorio” aprobada en 2018, aumentó el umbral de los bancos considerados “demasiado grandes para quebrar” de 50 mil millones de dólares a 250 mil millones de dólares, con lo cual se liberó a los bancos medianos de ciertos requisitos de pruebas de estrés, así como de capital y liquidez. La información disponible pocos días antes de las intervenciones indicaba que los bancos estaban “bien capitalizados”.

Tercero, la supervisión no contempló la posibilidad de corridas bancarias. A pesar de que la legislación de 2010 creó dos instituciones orientadas a identificar amenazas a la estabilidad financiera, ninguna detectó problemas. Asimismo, las advertencias de los supervisores de los bancos vulnerables se mantuvieron como “asuntos a atender”, sin derivar en acciones obligatorias.

Tal vez la autoridad con una mayor responsabilidad en la crisis haya sido el Fed. Por mucho tiempo, este instituto central mantuvo una política monetaria extraordinariamente laxa, con guías que apuntaban a mantener la tasa de referencia cercana a cero por un periodo prolongado. El acomodamiento monetario implicó dinero fácil para los bancos y la aceptación de mayores riesgos en la búsqueda de rendimientos.

La subestimación inicial del problema inflacionario obligó al Fed a acelerar el alza de la tasa de interés. Si bien tal reacción se justifica en términos del mandato de estabilidad de los precios, al parecer, este banco central, en su papel de supervisor, no examinó la posible repercusión del apretamiento en los bancos ni, por tanto, impuso medidas oportunas de corrección.

El mayor activo de los bancos es la confianza de sus depositantes. Éste se nutre con estrategias bancarias prudentes, así como una regulación y supervisión efectivas, aspectos en los que subsisten considerables desafíos.


1es exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (Fondo de Cultura Económica, 2006).

*Este artículo fue publicado en elcato.org el 29 de marzo de 2023

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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