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Contrariamente a lo que sucede en Argentina a partir de la victoria de Javier Milei, donde no solo los votantes, sino también los mercados internacionales se han mostrado un optimismo sin precedentes sobre aquello en lo que se van a traducir las profundas reformas propuestas, Bolivia no deja de caer en el abismo.
Así lo ha confirmado la agencia calificadora internacional Standard & Poor’s la anterior semana, cuando decidió rebajar nuevamente la calificación de riesgo de Bolivia, de B- a CCC+, con perspectiva negativa.
Las razones para la decisión apuntan principalmente a la caída de las exportaciones (sobre todo de gas), la caída de las reservas internacionales líquidas (dólares), la acumulación del déficit fiscal y la escasa transparencia sobre los datos de los activos del Banco Central. En consecuencia, los bonos soberanos 2028 profundizaron su caída y extendieron sus pérdidas (aunque ya vienen cayendo de manera continua al menos desde la victoria de Arce en las elecciones de 2020, siempre pueden caer más), y el riesgo país siguió subiendo de manera sostenida. En otras palabras, la calificadora advierte que las probabilidades de que el país no cumpla con sus acreedores internacionales se están disparando.
Por su lado, el régimen de Arce, mediante el titular de Hacienda, Marcelo Montenegro, no apuntó a refutar la calificación, sino a buscar culpables en el bloque del Movimiento al Socialismo (MAS) que responde a Evo Morales en la Asamblea Legislativa, lo que impide al bloque del mismo partido que obedece al actual presidente la contratación de nuevos créditos internacionales.
Pero el cuadro de deterioro no se explica apenas por la ineptitud en el manejo técnico de empresas estatales o al hecho de que existan divisiones del oficialismo y le inexistencia de la oposición en el Legislativo, sino por el fracaso del propio modelo económico impuesto por el MAS desde 2006 y las fatalmente arrogantes ideas del más puro intervencionismo estatal que lo inspiran, como ya hemos señalado en innumerable cantidad de oportunidades.
El país comenzó 2023 con escasez de combustibles, largas filas en las estaciones de servicio, y la imposibilidad del público de retirar sus depósitos en dólares de los bancos, además de la crisis del Banco Fassil sobre el que instalaron un enorme y oscuro manto de dudas e irregularidades que jamás serán esclarecidas, sin hablar de uno de los elefantes en la sala más grandes hasta el momento, que es el hecho de que el Banco Central ya no tiene la facultad de fungir como Prestamista de Última Instancia ante cualquier eventualidad en el sistema bancario y financiero por la pérdida de sus reservas.
Pues lo más previsible es que Bolivia cierre el año con el mismo escenario o incluso uno todavía más crítico. A lo largo del año hubo varios episodios similares, pero la dificultad del público para retirar sus depósitos en dólares de los bancos tampoco ha cambiado, y las largas filas de todo tipo de vehículos en busca de combustibles, que solían ser más frecuentes en Santa Cruz, polo productivo del país, han vuelto también a otras ciudades capitales como El Alto, La Paz y Cochabamba.
Pero más aún, la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) ha seguido sumando problemas cada vez más preocupantes. El 25 de este mes una aeronave que viajaba a Sao Paulo tuvo que retornar a Viru Viru tras una hora de vuelo luego de sufrir una falla mecánica sobre la que no se brindó detalles. El vuelo fue reprogramado para el mismo día en otra aeronave.
Igualmente, tan solo dos días después, el último percance de BoA estuvo relacionado al aterrizaje de una de las aeronaves que viajaba directamente desde Santa Cruz hacia Miami, tuvo que aterrizar antes en Jamaica. BoA emitió un comunicado afirmando que el desvío del vuelo se debió a problemas meteorológicos, pero los pasajeros dijeron que la parada imprevista fue por problemas de abastecimiento de combustible.
Si los problemas en BoA no fueran tan frecuentes y cada vez más cuestionables, no habría motivos de sospecha y susceptibilidad no sólo de sus usuarios, sino del conjunto de contribuyentes.
En este sentido, parece ser que Arce ha decidido iniciar algún ajuste, entendido por un recorte del gasto en subsidios a los combustibles, luego de asegurar por años que la economía de Bolivia era la que más crecía en la región y que, por tanto, estaba preparada para constituirse en potencia continental. Este lunes, Arce ha dicho: «dependemos de la importación de petróleo, de diésel, de gasolina, que es una parte importante para el desarrollo de todas las demás actividades. Sin diésel no hay agricultura, sin diésel no hay transporte. Por lo tanto, estos elementos son importantes y el precio que estamos pagando ahora es descomunal, producto de la guerra (entre Rusia y Ucrania)». Y luego agregó: «los problemas superficiales no son una resolución correcta y real para la economía boliviana».
Es decir, Bolivia está al borde de la bancarrota, no tiene recursos ni para que el Banco Central cumpla con su rol fundamental como garante de la estabilidad de precios en la economía y como Prestamista de Última Instancia, ni para garantizar el abastecimiento de los combustibles que alguna vez tuvo la capacidad de producir para el mercado interno.
Entonces, si el gasto en subvenciones estaba destinado a mantener un bajo nivel general de precios, y que de todas maneras se paga por medio de un sinfín de otras maneras, ahora es de esperarse que suban con todo el impulso que han estado tomando, pero no desde el inicio de la guerra en Ucrania y ahora la escalada de la guerra en Gaza, sino desde que decidieron saquear la petrolera estatal y el Banco Central.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 29 de noviembre de 2023.
