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La dictadura del folder amarillo

Pablo Mendieta Ossio

Economista en el campo de políticas públicas

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Con la irrupción de la pandemia, millones de personas en el país comenzamos a usar con más frecuencia los pagos y transferencias digitales. Estamos cada vez más familiarizados con las transferencias electrónicas, cajeros automáticos y códigos QR.

Antes de la pandemia un tercio de los bolivianos ya conocíamos estos medios digitales según el Banco Mundial. Pero según esa misma encuesta todavía falta mucho camino por recorrer, en especial que las remuneraciones se depositen directamente en las cuentas de los trabajadores o el uso de tarjetas de crédito y débito, donde la brecha con el resto de Latinoamérica es todavía grande.

De todas formas, podríamos decir entonces que un porcentaje significativo de la población confía en los medios digitales para hacer transacciones financieras. Es decir, usa los celulares y computadoras para vender, comprar, pagar, recibir, etc.

Menciono esto porque en estas semanas tuve que hacer o colaborar en trámites relacionados con servicios educativos que presto.

La experiencia más agradable fue una en la que me pidieron que dicte virtualmente clases en un diplomado de una universidad en la sede de gobierno. Me enviaron el contrato para que lo firme digitalmente.

Acá debo hacer un paréntesis obligado porque desde 2011 en Bolivia contamos con la normativa legal que habilita las firmas digitales. Es decir, una firma digital tiene el mismo valor legal que la firma física; y existen empresas que por un monto módico (menos de Bs70) permiten tener por un año la firma digital.

Retomando: firmé el contrato digitalmente y lo envié por correo electrónico. Luego de pasar las clases redacté el informe respectivo y nuevamente lo firmé digitalmente y lo envié. Al cabo de dos semanas el pago ya estaba depositado en mi cuenta.

En síntesis: no se usó ni una hoja de papel y, sin embargo, se intercambiaron diversos documentos y valores con todo el rigor legal del caso.

Por otro motivo, tuve que pedir la fotocopia legalizada de un diplomado que hice también en la sede de gobierno. Pese a que esa casa de estudios posee dos páginas web de trámites digitales, la magia se me acabó cuando leí que debo presentarme físicamente original y fotocopias en “folder amarillo” para el trámite.

Para tal fin y por la premura del caso, tuve que mandar a confeccionar un poder notarial para mi sobrino (Bs130), el cual fue expedido en unas cuantas horas. Luego usé un servicio postal para el envío del documento (Bs30) y mi sobrino gentilmente fue a recogerlo, ir a la Universidad y volver a enviarlo acá (Bs30), tardando en total tres días.

Fue curioso de que me hayan pedido previamente que escanee el título para que la universidad verifique que se trata de uno auténtico para dar la orden de depósito al banco. En ese punto, ellos podrían haber hecho la verificación y utilizado sin mucho problema la firma digital.

Me acuerdo de que hace unos años me pidieron la fotocopia legalizada de mi título profesional. Horrorizado constaté que tenía que enviarlo a Potosí para que alguien pueda hacer el trámite con los poderes del caso allá.

Paradójicamente, unos días antes nuestra universidad pública cruceña había homologado mi título provisionalmente mediante una consulta electrónica al alma mater donde realicé mi maestría en Chile. Es decir, todo se hizo electrónico en el caso de este título, algo que se ha facilitado mediante el convenio de la apostilla de la Haya.

Escribo sobre este tema porque los medios para facilitar la vida y abaratar sus costos existen sólo que no son usados por varias entidades públicas y también privadas. De hecho, celebro que la universidad que ahora es plenamente digital haya dejado atrás el folder amarillo, que lo requería para trámites hace algunos años.

Si podemos hacer grandes transacciones financieras con dispositivos electrónicos, me pregunto por qué nos siguen pidiendo fotocopias, presencia física y el odioso “folder amarillo”, peor aún si se habla de centros del saber y de la tecnología.

Ojalá entremos al siglo XXI plenamente.

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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Pablo Mendieta Ossio

Economista en el campo de políticas públicas

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