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Desde la aparición de la pandemia, a finales de 2019, la relación entre la ciudadanía y los Estados ha cambiado profundamente, incluso en las democracias mejor establecidas. A nivel mundial se adoptaron más o menos las mismas medidas de protección e intento de prevención de la expansión del covid-19. A medida que se conocía más sobre el virus, sus efectos y sobre todo la manera de controlar su dispersión y contagio las medidas se fueron flexibilizando con el objetivo, más bien esperanza, de recobrar cierta normalidad en el cotidiano vivir. Se debe reconocer que la aparición de la vacuna ha sido fundamental para la reapertura, en confianza, de las actividades diarias más básicas, como la tiendita de cada barrio; y esta nueva etapa de la pandemia llegó con una nueva dicotomía vacunarse o no vacunarse, surgiendo cuestionamientos de orden jurídico, sobre todo en torno al ejercicio de la libertad individual de decisión sobre aplicarse o no la vacuna, la responsabilidad como ciudadanos y el rol del Estado como gestor de riesgos de salud.
En el caso boliviano, aunque todo el proceso pandémico fue y sigue siendo altamente politizado, la etapa actual ha puesto aún en mayor relevancia la cuestión de la libertad de elección sobre la aplicación de la vacuna en contraposición a la responsabilidad individual de no representar un peligro a la salud del resto de la sociedad, hablando solamente de la relación entre particulares. Ahora bien, el Estado tiene un rol fundamental como ente generador de políticas públicas y regulador de los riesgos a los que debe enfrentarse la población. Para comprender vayamos a conceptos básicos, un Estado está compuesto por territorio, habitantes, gobierno los cuales regulan su relación a través de las normas jurídicas que libremente deciden adoptar, en Bolivia se decidió por un Estado de corte democrático representativo con separación de órganos del Estado, aunque en la práctica las líneas sean borrosas para efectos de este artículo se mantiene así. Los gobiernos se encargan de administrar el poder público y las normas que permiten la protección tanto del territorio como de la población. Vale decir que los Órganos del Estado están facultados para generar políticas públicas para preservar la vida de la población, como ser la obligatoriedad de pases sanitarios, en Bolivia en forma de Carnet de vacunación o PCRs negativas.
Hasta la tercera semana de diciembre la política del gobierno boliviano era incentivar la aplicación masiva de dosis anti-COVID, desde la voluntariedad de los individuos apelando a la preservación de la vida. Para finales de diciembre el gobierno nacional tomó la decisión de implementar la exigencia de presentar pases sanitarios en espacios públicos, medida replicada por los gobiernos subnacionales, que tuvo efectos de toda índole, desde la publica vacunación del Vice-presidente del Estado hasta movilizaciones de personas anti-vacunas. En base a lo antes mencionado, cualquier órgano del estado tiene la facultad de implementar esta medida sin estar atentando a la decisión individual de adquirir o no la vacuna, porque el pase sanitario lo único que representa es la verificación de que cualquier individuo no constituye en un riesgo para la salud pública. Cuando una persona no cuenta con las medidas de protección necesarias contra un virus se convierte en un factor de riesgo para el resto de la población y para sí misma ya que puede ser portadora del virus y retransmitirlo a cualquier lugar que vaya vulnerando el derecho a la vida de otras personas.
La negación de portar el carnet de vacunación o una PCR negativa tiene efectos indirectos en el sistema de salud pública, donde las UTIs están colapsadas, donde ya no se encuentra tan fácilmente medicamentos o reactivos para pruebas, es decir que la decisión individual afecta al espacio social. En conclusión, el riesgo sanitario tiene dos componentes el primero desde el Estado donde es administrado por el gobierno y el segundo desde cada individuo quien es libre de ejercer sus derechos pero también debe cumplir sus obligaciones.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
