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Una vez más el Grupo de Puebla, reaparece para posicionar nuevas estrategias de poder populista. Denuncia que sus líderes sufren “acoso judicial”. Se está utilizando en contra de los caudillos progresistas una lowfare (guerra legal). Hábilmente se victimizan, para enmascarar la cínica y vergonzosa judicialización de la política que ellos mismos ejecutan. Instrumentalizan la justicia para desbaratar toda oposición democrática y desmantelar las instituciones, con la finalidad de alcanzar el poder absoluto en sus respectivos países.
No nos equivoquemos, la captura de la Justicia es el objetivo principal del Club Progresista Latinoamericano —léase Grupo de Puebla—. Prestarse a aparentes concertaciones o acuerdos parlamentarios espurios, es legitimar la cimentación del autoritarismo masista que pretende eternizarse en el poder.
La reunión realizada del 21 al 24 de marzo en Buenos Aires, en el contexto del III Encuentro Mundial de los Derechos Humanos, sirvió para arropar a la vicepresidenta Cristina Fernández, luego de que fuera sentenciada a “seis años de cárcel e inhabilitación perpetua”. El encuentro y la clausura en el auditórium del Centro Cultural Kirchner, fueron deslucidos por las ausencias de los presidentes: Lula da Silva y Alberto Fernández. El peronismo —como el masismo—, se encuentra envuelto en una descarnada disputa por la conducción partidaria.
El Grupo de Puebla puede estar vacío de esencia política y contenido ideológico; pero le llueven acusaciones y causas judiciales, por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en la adjudicación de obras públicas. Para subsanar este déficit, necesitó encomendarse a lobistas internacionales como el expresidente Rodríguez Zapatero y el exjuez Garzón. Este último, alejado de su cargo por prevaricar.
Necesitan de “caricias” en sus malos momentos los caudillos; en ello es especialista Zapatero. Elogió en varias ocasiones a Evo Morales como un presidente con gran sensibilidad social; a López Obrador de México como “oxigeno para la democracia del mundo”. Dos eslabones de esta larga cadena, son suficientes para calibrar la envergadura política del panegirista. Los maravillosos conceptos sobre Chávez y Maduro, los dejamos para otro momento.
El Club Progresista, requiere construir un enemigo para poder encumbrarse y dotar a sus integrantes de un mayor potencial político. El enemigo elegido y que decidió “armarse contra ellos” es el Grupo Democracia y Libertad, integrado por once presidentes y ex mandatarios de la región; constituido el 17 de marzo en Santiago de Chile y arropados por los expresidentes españoles: Mariano Rajoy y José María Aznar.
Inesperadamente creció la presencia hispana. ¿Estamos en puertas de una nueva colonización? ¿España decidió dar importancia a su descuidada y errática relación con Latinoamérica? De ser así, como dijo el filólogo y periodista Gascón: ojalá sea “colonialismo del bueno”. Otra vez, se desmorona el discurso anticolonialista del etnopopulismo masista.
El flamante Grupo de Santiago, es identificado como la “alianza terrorífica” de empresarios y comunicadores, lo único que desean —señalan—, es “truncar el progreso social”. Es el “rearme de la derecha”, de acuerdo a la sesuda versión de los principales apologistas del populismo; caracterizarlos como ideólogos, sería enaltecerlos. El Grupo recién constituido tiene una debilidad: son demasiados generales con escasa tropa.
Pero muchísimo cuidado. Los alegatos de los integrantes del Club Progresista, persiguen la captura del poder judicial, no para brindar mayor seguridad a los ciudadanos, tampoco para lograr el “vivir bien” de nuestros pueblos. Son una cuadrilla; lo señaló pragmáticamente el ex candidato presidencial chileno Enríquez-Ominami: “nadie se salva solo”. Saben a conciencia que no pueden aflojar el poder, ni permitir que los mecanismos de la justicia se independicen. Ese, sería el derrumbe de los regímenes autoritarios. Las experiencias en Perú y Ecuador fueron duras advertencias.
Basándonos en este contexto, la batalla por la independencia del Poder Judicial en nuestro país, es fundamental para garantizar las libertades ciudadanas y preservar la democracia. Debemos evitar que el régimen de Arce, convierta los órganos judiciales en un arma política.
