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El cabildo, que exige la realización del censo de población vivienda el próximo 2023, tiene no solo la legalidad sino también la legitimidad democrática y constitucional. El tribunal departamental electoral mandó cuatro veedores, y debe elaborar un informe en el que consigne, como mínimo, la agenda del cabildo, número aproximado de asistentes, y las resoluciones adoptadas que deben ser notificadas a los Órganos del Estado.
La Constitución reconoce la democracia directa y participativa por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa, y aclara que las asambleas y cabildos tienen carácter deliberativo (art. 11). Se trata de mecanismos constitucionales de democracia directa y participativa por los cuales la ciudadanía, mediante reuniones y movilizaciones públicas, se pronuncian directamente sobre políticas y asuntos de interés colectivo. Tiene carácter deliberativo, sus decisiones no son vinculantes, pero deben ser consideradas y tomadas muy en cuenta por el gobierno.
Los cabildos se realizan por iniciativa ciudadana, de la sociedad civil y deben incluirse en la convocatoria claramente el propósito de la iniciativa y una agenda básica (que estaba compuesta originalmente de ocho puntos). Este mecanismo constituye una manifestación del ejercicio del poder ciudadano, significa ausencia de jefes, y equivale a autogobierno, a gobierno consentido y no impuesto por una voluntad ajena. Es un canal que permite a las personas y a distintos grupos de la sociedad expresar sus demandas, disentir y reclamar al gobierno el cumplimiento de determinadas políticas de Estado (como el censo).
Las movilizaciones ciudadanas ocurridas en Bolivia en 2019 fueron, por ejemplo, típicas protestas sociales frente a los abusos de poder del gobierno de Evo Morales (2006-2019), que buscaba perpetuarse en el poder en contra de la voluntad popular, la Constitución, los convenios y pactos internacionales. El monstruoso fraude electoral provocó un profundo malestar y protestas ciudadanas no solo en Bolivia sino también en el exterior del país, e hicieron renunciar y escapar a los ex mandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera el domingo 10 de noviembre de 2019.
En el sistema interamericano se pone de relieve una fuerte interconexión entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión y el derecho a la protesta social. Las reuniones y manifestaciones desempeñan un papel muy dinámico en la movilización de la población y la formulación de sus reclamaciones y aspiraciones, pues facilitan la celebración de eventos y ejercen influencia en la política pública de los Estados.
Los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación no sólo garantizan la promoción de los derechos sociales, culturales y ambientales sino también la identidad de grupos históricamente discriminados. La protesta juega un papel central igualmente en la defensa de la voluntad popular y los derechos humanos; y el ejercicio conjunto de estos derechos fundamentales hace posible el libre juego democrático.
La protesta tiene como una de sus funciones canalizar y amplificar las demandas, aspiraciones y reclamos de grupos de la población, entre ellos, los sectores que por su situación de exclusión o vulnerabilidad no acceden con facilidad a los medios de comunicación y a las institucionales de mediación tradicionales. El sistema interamericano busca contribuir al mejor entendimiento de las obligaciones estatales dirigidas a garantizar, proteger y facilitar las protestas y manifestaciones públicas, así como los estándares que deben enmarcar el uso progresivo ─y como último recurso─ de la fuerza en contextos de protesta. Y subraya que los manifestantes tienen la libertad de elegir la modalidad, forma, lugar y mensaje para llevar a cabo la protesta pacífica, y los Estados la obligación de gestionar el conflicto social desde la perspectiva del diálogo.
En las sociedades democráticas, las personas y la población en general, se organizan y expresan sus demandas de formas distintas y por medio de estrategias que varían de la denuncia a la presión directa, y de formas más institucionales. La sociedad civil organizada, asociaciones de vecinos, entidades religiosas, centros de enseñanza, institutos de investigación; los sindicatos y asociaciones profesionales; los partidos políticos y los movimientos sociales viabilizan estos procesos de reivindicación y expresión, en el marco de sus estrategias para la promoción de sus ideas e intereses o promoción de derechos.
Las protestas y manifestaciones se convierten en concentraciones o marchas en espacios públicos, y pueden adoptar distintas formas y modalidades. El cabildo cruceño no solo fue una verdadera fiesta democrática, contundente y multitudinario, sino también forma parte de la cultura regional que busca cambiar la dinámica de hacer política en pleno siglo XXI.
